En un año electoral, el Ejecutivo persiste en su renuencia a conceder aciertos. Riesgoso frente a un electorado porteño más sensible a la evaluación y el debate racional de ideas que a la liturgia del liderazgo carismático. Impugna el Metrobus por manipulación de concesiones –un macrismo nepótico podría beneficiar al lobby automotriz con autopistas en lugar de hacer peatonalizaciones y bicisendas– o por enemistad con el ambiente: la contaminación se genera por congestión en horas pico, cuando el tiempo extra que se tarda por el parque automotor que lo padece duplica la emisión de gases. Es cuestión de uso ineficiente de espacio escaso más que del tipo de combustible. Un bus articulado ocupa sólo el lugar de tres autos pero lleva en promedio veinte veces más gente; el mejor vehículo eléctrico siempre es peor que un colectivo desvencijado. A pesar de los logros, el desafío de abordar la brecha entre producción de ciudad y su apropiación es extraño al ADN macrista.
El descenso de signos vitales de la función del Estado como mediador de intereses bajo la dictadura y la conveniente exageración de su polución le arrebataron a la ciudadanía el acceso al río, un recurso recreativo tan significativo como la cantidad de porteños y bonaerenses que hasta fines de los 70 veraneaban en su costa. Desde entonces, toda posibilidad de devolvérselo se respondió con más espacio de uso selectivo.
El conflicto por el acceso al suelo urbano es el emergente de otro mayor que se libra a escala hemisférica. David Harvey describe un círculo vicioso en el que millones de migrantes excluidos de circuitos productivos de materias primas en América Latina pugnan por un lugar en una ciudad transformada en excluyente por una especulación inmobiliaria que se alimenta de la renta generada en esos mismos circuitos; para ellos, y para una clase media con bolsillo no apto no para torres, la opción es un asentamiento en el tercer cordón. Estratificación según acceso entre pobres que llegan a pagar por alquilar en una villa del CABA, un San Cayetano territorial que los pone a tiro del trabajo y los servicios. Un abordaje local enfrenta la frustración de lo quijotesco: no se puede pensar o atacar la falta de vivienda o transporte basándose en una convención anodina que pone en la Gral. Paz el límite arbitrario de una necesidad. La ciudad y su población son una con su conurbano, el grueso de la PEA bonaerense se mueve y funciona a diario con una capital sobre la que ejerce presión.
Nadie tiene blasones que blandir en la cara del adversario. El kirchnerismo, que cambia tierra del distrito tecnológico por un rascacielos libre de impuestos y vende autos mejor que un concesionario, es tan funcional a la especulación inmobiliaria como el macrismo. El modelo se financia con retenciones a exportadores cuya rentabilidad se invierte en “ciudad para pocos”. Sus intendentes leales apuestan al festival de torres y countries, también abrazado por un massismo empecinado en cambiar ladrillos por humedales y renta urbana por inundados. Su base de poder se construye con el consenso de gobernadores con negocios vinculados a la expansión agrícola sobre zonas de alto valor ambiental-social que expulsan a los futuros pobres de Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Ciclópea tarea: ¿cómo hacer incluyente la principal metrópoli de una nación con geografías que excluyen?
Quien se avenga a democratizar la CABA estará sujeto en parte a la transversalidad y el compromiso del futuro gobierno nacional con una integración regional que frene el movimiento continuo desde el Hinterland hacia un AMBA macrocéfalo habitado por el 40% del país, que hace de la falta de suelo y servicios una condición crónica. Deberá disponerse a trascender su territorio, sancionar el desuso de la vivienda especulativa, integrar villas y entender que el aparente beneficio recaudatorio de la urbanización selectiva del espacio público se diluye en el barro de las inundaciones y los conflictos sociales por la vivienda que genera.
*Profesor y licenciado en Geografía de la UBA. Magíster UNY.
