El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucionales los artículos de la ley audiovisual impugnados por el Grupo Clarín y la situación dilemática planteada tras la visita del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, a la sede del conglomerado, distrajeron por unos días la atención de los resultados electorales de hace sólo una semana.
La Corte fue contundente al disociar libertad de expresión de rentabilidad. Así, desmontó la estrategia del Grupo Clarín que había sido exitosa en la dilación del trámite judicial pero escuálida en lo conceptual, como lo certificó la audiencia pública realizada en agosto. La abundante cita a la doctrina interamericana de DDHH con la que los jueces enmarcaron la declaración de constitucionalidad representa, además de un sólido antecedente para ampliar la agenda de libertad de expresión (añadiendo a la concentración otras amenazas indirectas como los abusos con publicidad oficial o la ausencia de acceso a la información pública), un obstáculo objetivo para que el conflicto se exporte a la Corte Interamericana. Es toda una innovación que máximo tribunal sentencie que el objetivo de la regulación de medios es el robustecimiento del debate público y que ello demanda regulación, equilibrio y razonabilidad por parte del Estado. Esta innovación coloca el interés público en un lugar de privilegio. Mala noticia para un grupo concentrado, pero también para un gobierno con políticas discrecionales.
La combinación de los efectos de la sentencia de la Corte del 29/10 con el escenario político abierto tras la elección del 27/10 es incierta. Como en otros tiempos en los que no contaba con mayoría electoral, el Gobierno realizó una jugada hábil: resucitó la misiva que el magnate David Martínez (Fintech), socio minoritario de Clarín en CableVisión, había presentado en AFSCA en las vísperas del “7D” como una ventana donde podría colarse ahora un plan de adecuación del grupo comandado por Héctor Magnetto.
Clarín enfrenta el dilema de presentar o no el plan en el corto plazo. Si lo hace, tendrá la posibilidad de gestionar su propia reingeniería aprovechando vacíos legales en condiciones parecidas a las de otros grupos concentrados, como Vila-Manzano. Podría así transferir licencias de Cablevisión (su principal fuente de ingresos) a allegados y conservar la propiedad de la red con la que brinda servicios de cable y conexión a internet, arrendándosela a futuros licenciatarios. En esta maniobra de control de daños el Grupo gozaría, además, del recurso de la judicialización ante cada paso que el Gobierno le objete. Recobraría parte del control de una situación adversa, incidiendo en su administración. Y, por supuesto, demostraría que respeta la decisión de la Corte Suprema en un intento de contener la erosión de su imagen ante la opinión pública.
Si el multimedios no presenta plan le estaría ofreciendo al Gobierno la ejecución de su desguace mediante el mecanismo de “transferencia de oficio” con el que el Estado tasaría sus activos, elegiría cuáles transferir y amenazaría la propiedad de su infraestructura de redes, golpeando severamente su economía. El escenario de judicialización se incrementaría porque todas estas fases, inéditas en la historia del sector, serían objeto de amparos y, probablemente, de nuevas cautelares donde su único dividendo sería la fuga hacia adelante, es decir hacia 2015. La primera reacción del grupo Clarín simpatiza con esta vía que descansa en una evaluación distorsionada de los apoyos institucionales con los que contará tras el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y subestima, como si fuera un accidente coyuntural, la correspondencia de los tres poderes del Estado en el aval a una ley que, lejos de ser perfecta en su articulado, tiene como uno de sus ejes más legitimados la desconcentración del mercado de medios.
*Especialista en medios; en Twitter @aracalacana.
