El dilema Salvador

Amnistía Internacional (organización de DD.HH.) denuncia, en su página oficial, que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “sumerge al país en una crisis de derechos humanos”, mediante, entre otras operaciones, “detenciones arbitrarias”. 

El Salvador se encuentra en Estado de excepción desde marzo de 2022. El presidente dio inicio a la medida con apoyo del Congreso luego de un fin de semana en el que se registraron más de ochenta homicidios. A pesar de que la Constitución salvadoreña dice que esta medida puede ser renovada solo una vez, el régimen de excepción ya se ha prorrogado, aunque con mayoría en el Congreso, más de 19 veces.

La organización Human Rights Watch afirmó que “las autoridades cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso”. 

Y, sin embargo, Bukele parece contar con el apoyo de los salvadoreños. Según diversas encuestas, el presidente será reelecto en los comicios que se celebrarán el 4 de febrero. De acuerdo con un trabajo de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Bukele ganará nuevamente la presidencia con el 81,9% de los votos. 

Según el propio gobierno salvadoreño, en marzo de 2021 los homicidios en el país eran de 18 por cada 100 mil habitantes; 7,8 cada 100 mil en 2022; para llegar a 2,4 cada 100 mil en 2023.

“El caso de El Salvador es bastante único: las pandillas hicieron inviable el país. Bukele probablemente obtenga la reelección; no tiene una oposición fuerte. La prueba de fuego para ver si tiene una aspiración autoritaria o si es un político osado es si, después de ser una vez más presidente, para la mano o se transforma en una rutina que busca la eternidad”, dice el politólogo Fabián Calle.

 “Latinoamérica es una región de mucha pobreza, plagada de narcotráfico. Y si a eso le combinas gobiernos corruptos, el resultado es que el fenómeno Bukele sea bastante latinoamericano”, afirma Calle. 

A más de la mitad de los latinos, según el estudio de opinión pública Latinobarómetro 2023, no le importa que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas. En el caso de El Salvador, el 63% opina lo mismo. 

“Creo que la gente que critica a Bukele nunca vivió en El Salvador. La idea de que las situaciones extremas se resuelvan con procesos tradicionales muchas veces no funciona. El Estado de excepción debe tener una temporalidad, si no, sería un aparato de control, pero, sin dudas, El Salvador estaba en un Estado de excepción, porque estaba controlado por mafias. Hoy allá hay Estado: ves a la policía, a las fuerzas armadas, al presidente dando órdenes, y es infinitamente menos autoritario que Maduro o Raúl Castro. Y una administración de Trump le abriría más los brazos a Bukele”, apunta el politólogo. 

“Otro ejemplo puede ser la presidencia de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000). A pesar de haber cerrado el Congreso en 1992, haber censurado medios de comunicación, y haber establecido un orden neoliberal supervisado por una junta militar, tuvo el apoyo de la ciudadanía en las elecciones presidenciales de 1995 y de 2000”, explica el licenciado en Relaciones Internacionales Federico Hirsch. 

“Y luego hay un caso mucho más leve que es el de Bolsonaro, que llega con una agenda de seguridad ciudadana fuerte y que la puede aplicar a medias, porque Brasil es muy federal y cada gobernador tiene mucho poder”, agrega Calle. 

“Por izquierda no hay muchos gobiernos que se preocupen por la seguridad. Especialmente en América Latina, la izquierda tiene esta idea del delito como producto de consecuencias sociales, un modelo de no estigmatización. Esto se ve en las elecciones en las cárceles: en las prisiones ganan masivamente los candidatos de la izquierda latinoamericana”, apunta Calle.

“Sin embargo, Bukele es un hombre que viene por izquierda, su partido fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y por esas vueltas hoy aparece en la prensa como si fuera ultraderechista. Bukele llega a un país donde han fracasado todos, por derecha, por izquierda, y en eso tiene que ver con Milei”, relaciona. 

“Casos similares hay varios, tanto para mandatarios electos democráticamente, como para otros que llegaron al poder, por ejemplo, a través de un golpe de Estado. Un ejemplo paradigmático es el de Pinochet en Chile. Llegó a través de un golpe en 1973 y se estima que tenía un apoyo alto de la opinión pública”, señala el especialista Hirsch. 

“Donald Trump o Giorgia Meloni en Italia muestran que este no es un fenómeno exclusivamente latino. En el caso de la romana, llega al poder con un discurso que apuntó a defender a su país ante un contexto migratorio complejo. Un año después, y en vistas de que la migración sigue creciendo, la ciudadanía italiana le está empezando a cuestionar esa deuda pendiente”, indica.

Un caso pasado. Michael Bloomberg fue alcalde de Nueva York entre 2002 y 2013. Una de sus tácticas más polémicas fue la de “stop and frisk”, en español, “parar y cachear”, con el objetivo de detener, en palabras del propio funcionario, “la violencia con armas”. 

Ocho años después de su primera aplicación, en 2020, Bloomberg publicó en sus redes sociales: “Me disculpo por demorar tanto tiempo en entender el impacto que ‘parar y cachear’ ha tenido en las comunidad negra y latina”. Comunidades que fueron especialmente vulnerables a este tipo de registros. 

Sin embargo, Bloomberg inició su período con una baja aprobación, que luego creció durante su mandato. La ciudad de Nueva York pasó de 649 asesinatos en 2001, a 332 en 2013. En 2022 los asesinatos no superaron los 440.

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“El fenómeno de El Salvador es algo que solemos denominar como una reversión autoritaria. Es aquel en el cual un gobierno elegido democráticamente impulsa una reforma del Estado que elimina el mismo proceso democrático por el cual llega al poder. Los autoritarismos típicamente caen cuando pierden el sostén social. Una medida no es autoritaria cuando se toma siguiendo todos los procesos de funcionamiento del sistema institucional y cuando su contenido no se contrapone con el espíritu de la ley”, explica el investigador del Centro de Estudios Internacionales de la UCA Fernando Domínguez Sardou.

“A título personal, sí creo que las medidas que estamos viendo en El Salvador son autoritarias. También hay que reconocer que el país se encontraba en una situación border en términos de capacidad estatal: no tenía ninguna posibilidad de maniobra al enfrentar el principal desafío, que era el de la violencia vinculada al crimen organizado. Desde ahí, es bastante fácil de comprender por qué la población salvadoreña se puede encontrar en condiciones de apoyar a Bukele”, dice Sardou.

“Anclados en un contexto de desasosiego social aparecen gobiernos que se ubican como una posible vía de solución. La sociedad, que inicialmente puede acompañar estos movimientos, lo hace desde una necesidad de que surja algo nuevo que efectivamente pueda solucionar los problemas, y no tiene que ver con un apoyo al autoritarismo per se”, opina la politóloga y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina Florencia Bottazzi. 

“La politóloga belga Chantal Mouffe dice que al pensar la democracia hay que revertir la idea de enemigo por la de un adversario a quien vamos a querer persuadir o convencer. Y en ese sentido, Mouffe estudia cómo, a partir del fenómeno de la pandemia, y exacerbado el individualismo, se ha reforzado el deseo de mayor seguridad por parte de la población civil. Las sociedades, lejos de pedir políticas más democráticas, piden políticas ligadas a la seguridad”, revela Bottazzi.

“Los riesgos de los gobiernos que toman medidas autoritarias son que, en primer lugar, la solución de los problemas nunca está garantizada. Y en segundo lugar, que el apoyo popular termina convirtiendo una democracia en una democracia plebiscitaria, en donde, en nombre de la supuesta voluntad popular, se pueden avasallar las instituciones”, concluye el licenciado en Relaciones Internacionales Hirsch.