“Yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuerza coactiva llamada impuestos”. Hace 150 días, la mayoría de la sociedad argentina decidió ungir como jefe de Estado al autor de esta frase, quien la pronunció tanto en su época de econo-panelista como hace apenas un mes, ya en su ejercicio presidencial.
Profesionales de la sociología y de los estudios de opinión pública analizan desde diferentes miradas por qué se empoderó a alguien para manejar algo que dice querer destruir. A pesar de ello y no a causa de ello, es una explicación para haberle encomendado la resolución de graves y perennes problemas económicos. Otra, acaso, es que quienes sostienen defender el Estado se han aprovechado de él por interés particular o político, nunca en beneficio social.
Por las razones que fueran, Javier Milei fue electo Presidente y encaró una reformulación del rol estatal similar a la de los años 90. Con dos grandes diferencias: él sí hizo campaña con la motosierra anti-Estado y está huérfano del sostén político del peronismo, que por entonces, se encolumnó mayoritariamente detrás de las reformas de Carlos Menem (los Kirchner y muchos sindicalistas incluidos).
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Sin lograr aprobar una sola ley y apuntalado apenas por un mega-DNU lastimado, el Gobierno encaró en los cuatro meses que lleva de gestión un profundo recorte de la economía en general y del Estado en particular. “Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad y mi popularidad aumenta”, se ufanó el mandatario en una entrevista reciente.
En los últimos días se vio como nunca la motosierra, con miles de cancelaciones de contratos estatales en cualquier organismo
A ese efecto, hasta ahora, habían activado principalmente la licuadora, una manera simpática que hallaron para referirse a la brutal licuación de egresos del erario público vía la licuación de jubilaciones, pagos a proveedores o transferencias del Tesoro.
Pero en los últimos días se exhibió como nunca antes la motosierra, a partir de las miles de cancelaciones de contratos estatales en cualquier organismo. Con o sin justificación. Unos 15 mil, contó el vocero Manuel Adorni, quien intentó ordenar los números de despidos lanzados por su jefe, que fueron de 70 mil a 120 mil. Las autoridades prevén otra ola de despidos hacia fines de junio, cuando vuelvan a vencer contrataciones prorrogadas por tres meses.
Casi ningún área de la Administración Pública Nacional se salvó del tijeretazo. El “casi” obedece a que ciertas zonas estatales, de interés para el Gobierno, parecen haber quedado bajo resguardo. No, no son el Conicet o el Ministerio de Salud, que recomienda usar pantalones largos. Se trata de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad y militares. Si bien mantienen los montos presupuestarios extendidos de 2023, como el resto del aparato estatal, y los limitados aumentos salariales del sector, han obtenido beneficios extras.
En el caso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que depende de la jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posse, se multiplicó el acceso a fondos reservados sin requerimiento de rendición ni control, según fuentes oficiales.
Semejante hiperactividad tal vez, obedezca menos al aumento de las tareas de espionaje para prevenir actividades ilícitas de fuste que a la injerencia del asesor premium Santiago Caputo, a cargo –entre otras funciones–, de la maquinaria propagandística digital oficial y paraoficial de la gestión libertaria. La sospecha extendida en el Gobierno es que los recursos provienen de esos sótanos de la democracia, que se mantienen cuidados.
A los efectivos de seguridad y de las Fuerzas Armadas tampoco las autoridades les han hecho sentir la misma aspereza que al resto del personal estatal. Amén de que las alzas salariales también acompañaron los porcentajes generales, el aumento en los suplementos remunerativos compensaron mejor la crisis de los ingresos. El estímulo se expandió además a otros planos más o menos simbólicos. El protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich le otorga a las fuerzas mayor poder para hacer frente a manifestaciones. La ministra de Seguridad, además, ensalza a las fuerzas. Con dichos y hechos.
Los militares, por su parte, recibieron con satisfacción la firma de la operación por la que se comprarán 24 aviones caza F-16 norteamericanos en poder de Dinamarca, por unos 650 millones de dólares a pagar durante seis años. Si eso lleva a alguna sobreactuación de Milei con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, habrá que releer otra vez cómo era esa historia de las relaciones carnales noventistas.
Aunque prometida por sucesivas administraciones, resulta cuanto menos curiosa esta adquisición de los F-16, en un tiempo donde se iza la bandera del “no hay plata” y sin que se observe la necesidad o urgencia por ausencia de hipótesis de conflicto. Se puede pensar en un gesto hacia el mundo castrense, inquieto por la decisión oficial de involucrarlos en el combate al “narcoterrorismo”.
Sin embargo, la mayor caricia hacia las FF.AA. fue la reivindicación que hizo el Presidente de su papel, días atrás. Ya se había esbozado en el lamentable video gubernamental del aniversario del golpe de 1976, con el agite de la “memoria completa”, que ofrece ciertas similitudes a la teoría de los dos demonios a la que tanto recurrían los jerarcas de la represión ilegal para defenderse.
Justo en el acto por Malvinas, cuando se conmemora el desembarco que provocó una guerra desesperada y suicida para el país y sus víctimas-héroes, el Presidente multiplicó su apuesta por redimir a las Fuerzas Armadas. Así, sostuvo que la política las había hostigado y humillado, como si no fueran responsables de haber iniciado una larga cadena de golpes de Estado desde 1930 y que la finalizaron con la dictadura más sangrienta.
Es más, Milei llamó a comenzar “una nueva era de reconciliación con las FF.AA.”, a las que invitó a formar parte del Pacto de Mayo que impulsa con las provincias.
Llamativo convite por un doble motivo. Por un lado, la jugada contrasta con una decisión social en la que Argentina logró con mucha dificultad que los militares dejaran de ser un factor de poder. Desde el retorno democrático, los padeció Raúl Alfonsín y los desarticuló Menem, el ídolo de Milei, no sin antes firmarles los indultos a los jefes militares y guerrilleros. Vale la pregunta: ¿El Presidente les va a volver a dar protagonismo? ¿Esa potestad es alegórica o real? ¿Para qué?
Una segunda peculiaridad. El ofrecimiento a subirse al Pacto, ¿Milei lo va a extender a otras esferas estatales? Porque hasta donde se sabe, las FF.AA. son parte del Estado, como quienes trabajan en la ciencia, la salud y la educación públicas. ¿Estarán todos representados? ¿O hay estatales de primera y de segunda?
