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EL ECONOMISTA DE LA SEMANA

El “dólar Remes”, de $ 1,40 en 2002 a $ 3,60 en 2008

Las sucesivas bajas de la tasa de interés de corto plazo en Estados Unidos, hasta situarla en 2,25%, con la perspectiva de perforar el 2% en poco tiempo, complicará la política monetaria en la Argentina, porque la tasa de interés en pesos, cercana al 10% anual, es suficientemente alta como para inducir movimientos volátiles de capitales pero, al mismo tiempo, demasiado baja como para frenar las expectativas inflacionarias.

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Las sucesivas bajas de la tasa de interés de corto plazo en Estados Unidos, hasta situarla en 2,25%, con la perspectiva de perforar el 2% en poco tiempo, complicará la política monetaria en la Argentina, porque la tasa de interés en pesos, cercana al 10% anual, es suficientemente alta como para inducir movimientos volátiles de capitales pero, al mismo tiempo, demasiado baja como para frenar las expectativas inflacionarias.
En este escenario, la política fiscal debería jugar un rol estabilizador más potente que el reflejado en el primer bimestre, cuando la suba del gasto se desaceleró, pero todavía creció al 38% interanual.
En 2002, cuando el ex ministro Remes Lenicov buscó licuar el gasto público en dólares, fijó la paridad en $ 1,40 por dólar. ¿A cuánto debería fijarla en 2008? Si este año el gasto público sube a un ritmo del 30% anual, entonces el 1,40 de ese momento será equivalente a una paridad de $ 3,60 por dólar en el presente.
La debilidad actual del dólar en el mundo, de todos modos, hace que el colchón cambiario se mantenga en relación con la canasta de monedas: el tipo de cambio multilateral ha subido más de 300% desde 2001 en términos nominales, cuando el bilateral (peso/dólar) lo hizo un 217 por ciento.

El gasto.
En un contexto de acentuada volatilidad de las monedas en el mundo y, por ende, de los precios de las materias primas, junto con abundante liquidez externa de corto plazo, pero marcada escasez  de financiamiento de largo plazo, probablemente el instrumento más potente de que disponga el Gobierno argentino sea la política fiscal, pero por el lado del gasto.
Las últimas decisiones buscaron reforzar el superávit primario, pero aumentando la presión tributaria sobre el campo, cuando todavía resulta difícil predecir en qué nivel se estacionarán los precios de las materias primas.
El mismo resultado fiscal, pero con derivaciones mucho menos conflictivas, se habría podido lograr definiendo un sendero nítido para la evolución del gasto público, atendiendo sí las cuestiones de infraestructura y la política social, pero colocando balizas para encauzar presiones inflacionarias y, al mismo tiempo, extender el horizonte de quienes toman decisiones de inversión. Una pauta en línea con el crecimiento del PIB nominal habría cumplido plenamente ese objetivo.
El problema del gasto no puede desatenderse. La crisis  de 2001 estalló, entre otras cosas, por la imposibilidad de financiar un gasto público que, en ese entonces, había alcanzado una cifra de US$ 66.900 millones, consolidando Nación y provincias.
A principios de 2002, el “dólar Remes”, fijado en $ 1,40, buscaba licuar esas erogaciones, llevándolas al equivalente a US$ 47.800 millones, considerando que la economía argentina sólo podría financiar  un presupuesto de esa magnitud.
En 2008, suponiendo una suba del gasto consolidado de Nación y provincias a un ritmo del 30% anual, las erogaciones estatales podrían estar alcanzando una cifra de $ 301.600 millones. Así, estas jurisdicciones, a una paridad de $ 3,17 pesos por dólar, estarían gastando este año nada menos que US$ 95.100 millones, que contrasta con los infinanciables US$ 66.900 millones de 2001.
El aumento del gasto público en dólares entre 2001 y 2008 es impactante, pero la comparación no es válida en términos económicos. Hay que tener en cuenta, al menos, dos datos relevantes: la inflación de los Estados Unidos (para considerar al dólar no en términos corrientes sino constantes) acumulada entre 2001 y 2008, y también la evolución del tamaño de la economía argentina en el período.
Considerando esos dos factores, se tiene una cifra corregida equivalente a US$ 54.300 millones para 2008, o sea todavía inferior a los US$ 66.900 millones de 2001, pero ya superior al tope implícito en el “dólar Remes”. ¿Cuánto por encima? Un 13,5% más, si es que son correctos los supuestos asumidos.
Entonces, teniendo en cuenta lo ocurrido con la inflación de los Estados Unidos y el mayor volumen de la economía argentina, la paridad que lleva el gasto en dólares al nivel buscado en 2002 es un tipo de cambio no de $ 3,17 como el operado en estos días, sino de $ 3,60 por dólar.
¿Significa esto que habrán de comenzar a abrirse paso nuevamente las presiones devaluatorias?. No necesariamente, porque la moneda norteamericana de 2008 es bien diferente a la de 2001: como se dijo más arriba, aquél era un “superdólar” y hoy adolece de las vitaminas básicas. Basta con saber que si el tipo de cambio bilateral (pesos por dólar) subió 217% entre 2001 y 2008, el multilateral (canasta de monedas) lo hizo más de 300% en términos nominales en igual período.

Soft landing. El ejercicio sirve para alertar sobre la importancia de comenzar a preparar un “aterrizaje suave” para el vuelo del gasto, de modo de estirar en el tiempo la percepción de “holgura cambiaria” (contra la canasta de monedas), para no tener que enfrentarse a un círculo vicioso de elevadas expectativas inflacionarias y devaluatorias que, de ocurrir, empujará hacia arriba a las tasas de interés de corto plazo y, principalmente, dificultará la ampliación del horizonte para la toma de decisiones de los agentes económicos.
Si esta conclusión tiene validez focalizando sólo en los aspectos internos, se refuerza aún más, si se incluye en el cuadro el contexto externo de volatilidad de monedas y materias primas, junto al limitado financiamiento de largo plazo.
Por más que la divisa norteamericana sea en esta etapa una moneda débil, no son tantos los agentes económicos en la Argentina que hoy disponen de un presupuesto 42% más amplio en dólares corrientes que el de 2001, como es el caso del sector público consolidado.
Debería ser suficiente como para iniciar una etapa en la que se pueda lograr el doble objetivo de estabilizar y, al mismo tiempo, atender las prioridades sociales y de infraestructura que reclaman solución.