El 3 de marzo se conocerán los datos de desempeño de la séptima economía mundial en el último trimestre de 2015. La contracción se ubicará en torno al 3,5% en todo el año pasado.
La recesión se extenderá a 2016 y Brasil encadenará una baja del PIB durante dos años seguidos, lo que no sucedía desde 1930.
La caída de los precios internacionales de las materias primas no alcanza para explicar el estrago. Tampoco los admitidos errores de política económica en el primer mandato de la presidenta Dilma Rousseff.
Economistas como Gesner de Oliveira y su socio Fernando Marcato, quien actuó como asesor del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el Caso Siemens (mayor escándalo corporativo de la historia), calculan que 2 puntos porcentuales de caída del PIB en 2015 se explican por la Operación Lava Jato, conducida por el juez federal Sergio Moro.
Oliveira estudió el impacto económico de la operación que destapó casos de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras. Apuntó la pérdida de unos 200 mil empleos en la construcción, una reducción de la masa salarial de 1.700 millones de reales y pérdidas de unos 87 mil millones de reales (más de 20 mil millones de dólares), con una estela de destrucción en la industria naval, el sector de la energía y la construcción civil.
Hay otros efectos, no menos relevantes: pérdida de confianza inversora, caída de la autoestima nacional, reversión de los avances logrados a partir de la redemocratización de 1985 y sobre todo desde 1995, que innegablemente convirtieron a Brasil en una nación referencial para América Latina.
Las preguntas surgen solas. ¿Por qué los fiscales del Lava Jato se posicionan contra los acuerdos de lenidad que promueve el gobierno para salvar empresas que emplean cientos de miles de personas y que han sustentado en los últimos veinte años la gran proyección internacional de Brasil? Los acuerdos castigarían ilícitos, multarían empresas y al mismo tiempo las preservaría, junto con sus empleos y su conocimiento acumulados.
¿Por qué se filtran sólo las delaciones premiadas de detenidos que comprometen a políticos determinados? ¿Por qué en vigencia del Estado de derecho un juez niega acceso de abogados defensores a la causa? ¿Por qué un jurista como Ives Gandra (crítico enérgico del gobierno) ha afirmado que el derecho a la defensa no estaba siendo respetado en la operación? Para Gandra el Lava Jato pasó de una rutina de detenciones preventivas a una rutina “preocupante”: la de la “mera imprecisa acusación que puede llevar a sospechosos a pasar meses de detención, de la cual sólo saldrán si hicieran una delación premiada”. Para Gandra, forzar una delación “macula el derecho a la defensa, subvierte el principio de presunción de inocencia y pasa a ser una especie de tortura sofisticada del siglo XXI”.
El autor del libro La otra historia del Lava Jato, Paulo Moreira Leite, ensayó una respuesta: al alcanzar empresas estatales que funcionan como dínamo de desarrollo, poniendo en riesgo a grupos privados de importancia local y global, en vez de realizar una investigación necesaria sobre corrupción, el Lava Jato produce un efecto destructivo que compromete la posición global y regional de Brasil”.
El Lava Jato comenzó en 2014. Según los fiscales del caso, continuará al menos hasta 2017, es decir, casi hasta la prevista próxima disputa presidencial. Su escenario de actuación preferido es el de los reflectores, los títulos fuertes; una dimensión ya apuntada por el abogado Emilio Cárdenas, para quien la Justicia como espectáculo puede “minimizar el deber primario de la imparcialidad, vulnerándolo”.
El Brasil de la Operación Lava Jato está entregado también al espectáculo de la autoflagelación.
O, como observó recientemente esa periodista extraordinaria y sanguínea llamada Tereza Cruvinel, está sitiado en un tiempo en el que nunca tantos se habían esforzado por azotar a su propio país. Parece un insólito esfuerzo por dilapidar posibilidades que hasta hace poco hacían de Brasil una nación admirada en el mundo por su capacidad de cambiar, realizar y reinventarse.
*Director de la agencia Brasil247.
Corresponsal senior de Reuters en Brasilia entre 2002 y 2009.
