El cambio de guardia en el Ministerio de Economía bonaerense vino con premio, pero no con sorpresa. La crisis en el gobierno de La Plata, motivada por el intempestivo empujón que la Nación le diera a los sueldos docentes de todas las jurisdicciones, impactaron en el flanco más débil de la administración Solá, el rojo creciente de sus cuentas públicas.
El epílogo ya es conocido: el anuncio de un impuestazo en aquellas cosas en las que el siempre activo Santiago Montoya puede mostrar. La base imponible de la provincia más grande es mucho más limitada que la que tiene la AFIP para recaudar. En 2006, el 88,4% de los ingresos tributarios en la provincia de Buenos Aires vinieron de cuatro impuestos: Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y Patentes, que crecieron 22,8% durante el año.
Pero hubo uno, el Inmobiliario ($1.214 millones, un 11,5% del total), que sólo aumentó 4,3% porque su base no guarda relación directa con el reverdecer de la actividad económica. Por lo tanto, la ecuación para Carlos Fernández, que de la guía porteña saltó al Ministerio de Economía bonaerense, era sencilla: apretar donde había más “resto”.
Cuando la emergencia fiscal llama a la puerta, los gobiernos de todo signo normalmente reaccionan de la misma forma: calculan la manera más fácil de facturar a su cuenta, el número de afectados y un somero análisis costo-beneficio. Es decir, cuánto ingresa al erario público por cada nuevo “enemigo fiscal” que se gana con la medida. Y en este caso, el cálculo desnuda la voracidad de nuevos fondos que procura obtener.
Las cuentas. El déficit proyectado, aun con los nuevos retoques, sería de $2.500 millones, que sumados a las erogaciones de capital arrojan una necesidad de financiamiento que estará en $4.000/4.500 millones. El año pasado, la provincia ya había colocado deuda bajo legislación extranjera, a un costo de 9% anual, rendimiento que también habla por sí solo de urgencias financieras y plantea la sustentabilidad del equilibrio fiscal en el mediano plazo.
Hasta 2010 se deberán pagar unos $11.600 millones, y $2.900 millones durante este año, según los datos de Economía y Regiones y del gobierno provincial. Esto, si no se amplía la necesidad de financiamiento luego de los aumentos salariales en cadena, que costarían al fisco $1.800 millones adicionales.
Las características del nuevo impuesto también son elocuentes: se busca una recaudación rápida y una resistencia menor. Por eso, se subió el piso patrimonial a $500.000, con lo que se calcula que 130.000 contribuyentes quedarían alcanzados por la mira infrarroja de Montoya. Al menos hasta que durante el presente año se decida la actualización de las valuaciones fiscales (aún con precios del 2001) y así suba, de hecho, la base imponible inmobiliaria.
Calculando el auto más vendido del mercado, un Volkswagen Gol ($33.000/35.000 por un 0 km), quedarían unos $465.000 , o sea unos US$150.000 al tipo de cambio vigente para una propiedad inmueble. Traducido en ladrillos, significa, a precios de mercado, un departamento de 120 metros cuadrados en lugares acomodados o una casa típica de zonas medias del conurbano, con terreno de 300 metros propios y edificación reciente. Nada de mansiones, ni countries, ni ladrillos color negro lavado.
Entrampado. La trampa en que cayó el gobierno de Solá tiene que ver con una base estructural endeble sobre la que descansa la economía provincial, profundizada por la última crisis que castigó al Gran Buenos Aires con virulencia (todavía presenta los indicadores de pobreza y desocupación más elevados del país a excepción de las provincias del norte) y la demanda por más y mejores servicios públicos choca con una oferta ahogada por la baja inversión en el sector.
Esta brecha parece agrandarse cada año al tiempo que bajan las transferencias del rico de la cuadra, la Nación que no siguen el ritmo de las demás provincias: durante 2006 crecieron 20,6% contra 23,4% en el interior.
Aún con esfuerzo posterior de denominar a esta alícuota como tal y no el lanzamiento original del “Impuesto a la Riqueza”, cabalga sobre la idea que sólo los ricos pagan y deben seguir haciéndolo. Justo en una sociedad en que en los últimos años ha empeorado la distribución de su ingreso, por lo que hay menos ricos y más pobres.
Los ricos, habitualmente, están más informados, tienen mejores argumentos legales para no pagar y no necesariamente fondean sus fortunas al suelo o las estacionan en sus cocheras. Eso, para ellos, es sólo la punta del iceberg.
Para los sobrevivientes de las clases medias, acomodadas pero medias al fin, ese tipo de bienes representan un porcentaje mucho mayor de su esfuerzo laboral de años convertido en ahorro tangible. A ellos les pasa nuevamente la gorra la oficina tributaria en cuestión, convertidos en rehenes financieros de una disputa solapada y de largo aliento entre el Estado Nacional y su provincia más grande.
Los futuros recursos legales por doble imposición y por invadir otras jurisdicciones en el cálculo de la base imponible, no harán más que desnudar este conflicto irresuelto, solucionado dialécticamente: denominando ricos a los contribuyentes que no lo son tanto y restando recursos de la provincia que ya no lo es más.
