Las recientes revelaciones que el ciudadano de EE.UU. Edward Snowden brindó a los diarios The Guardian y The Washington Post dejaron al descubierto el programa Prism, una serie de dispositivos digitales y de acuerdos con proveedoras de servicios de internet que permite a la National Security Agency vigilar un volumen de información electrónica nunca imaginado –principalmente, el tráfico en EE.UU. de e-mails y llamadas telefónicas de ciudadanos de todo el mundo–.
Estas revelaciones pusieron en debate los métodos de control del sistema de inteligencia norteamericano. Los comités legislativos y los tribunales instituidos por ley para supervisar la actividad de inteligencia habían permitido un esquema cuya ilegitimidad parece evidente.
Snowden, el informante de esta situación para el mundo entero, está prófugo de la persecución penal de su país. La búsqueda de este individuo generó interferencias con la soberanía de otros países: la obstaculización del plan de vuelo del presidente de Bolivia, Evo Morales, es el ejemplo más claro, la obediencia de los países europeos que dificultaron su vuelo es otro.
La presidenta de la Nación expresó en su discurso del 9 de Julio el “frío por la espalda” que le provocaron estos episodios. Es bueno para un país que su presidente rechace la omnipotencia de la actividad de inteligencia y la violación a la soberanía de los países. El gesto significaría algo más que una mueca si, además de referir a lo que ocurre fuera de la Argentina, se dirigiera también a los problemas de gobierno de la inteligencia local.
Durante los últimos veinte años, organismos y funcionarios de inteligencia fueron involucrados en imputaciones penales por el pago de sobornos a senadores, el pago de testigos en la causa AMIA, el pago de sobresueldos a funcionarios y múltiples desvíos de su presupuesto y de sus recursos humanos y tecnológicos.
El uso sin control y, en ciertos casos, ilegal de fondos de inteligencia es una de las razones por las cuales la investigación del atentado a la AMIA no ha encontrado responsables todavía.
Por esa razón, en 2004, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno argentino se comprometió con los familiares de las víctimas a una serie de medidas, entre ellas, reformas para promover el control legislativo y judicial del presupuesto de inteligencia. No solamente no se ha realizado reforma alguna. La Comisión Bicameral de Control de las Actividades de Inteligencia de nuestro Congreso Nacional no ha producido ninguna actividad de control o, al menos, ninguna que sea de conocimiento público. Tiene una enorme responsabilidad y un enorme presupuesto –más de 4 millones, junto con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, las únicas que tienen presupuesto propio– pero no hay información disponible.
Las ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC) e Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) han solicitado información a la comisión, sin resultado alguno. Los diputados Marcela Rodríguez y Manuel Garrido han presentado año tras año propuestas de reforma de la ley de inteligencia que cumplen con los compromisos asumidos por el Estado frente a las víctimas, sin que logre ser tratado.
Del “memo de entendimiento” con Irán, presentado por el Gobierno como una posible solución a los diecinueve años de denegación de justicia, aún no se entiende de qué modo ayudará al esclarecimiento, ni si finalmente tiene la aprobación institucional que corresponde en Irán.
El canciller apuró al Congreso a votar un acuerdo cuyos beneficios no se entienden, cuya contraparte juega a las escondidas y que tiene como antecedente el incumplimiento de compromisos internacionales anteriores por parte del Estado nacional.
El proyecto de reforma de la ley de inteligencia refuerza la documentación de gastos y las facultades de la comisión bicameral y de los jueces. El proyecto de Garrido tiene tratamiento preferencial para cuando el Congreso reinicie actividades. Veremos si este año el Estado argentino se decide a cumplir con lo prometido.
*Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, consultor en políticas de transparencia. @charosky.
