La falta de evidencias de que exista alguna forma de recuperación económica relevante sumada a las noticias de decisiones empresarias de sentido contrario (suspensiones o despidos lisa y llanamente) ofrece un panorama sumamente preocupante en materia socio-laboral.
Si esto no fuera suficiente inconveniente, venimos de una década de fuerte deterioro del sistema estadístico oficial. En tanto se logre la reconstrucción de los datos económicos y sociales más abarcadores es posible hacer un uso intensivo de la información procesada desde hace algunos años por el Ministerio de Trabajo. Se trata básicamente de dos conjuntos de datos. Uno de ellos se refiere sólo a los trabajadores en relación de dependencia que laboran en el sector empresario privado. A fines de 2016 éstos eran poco más de seis millones de personas.
El otro grupo incluye a los trabajadores estatales y al servicio doméstico e incluye, también, a los “independientes” sean éstos autónomos o monotributistas. Todo este agregado sumaba al término de 2016 doce millones de trabajadores registrados en el sistema previsional argentino.
Entre enero y noviembre de 2016 hubo una pérdida acumulada de cincuenta mil asalariados privados; claro que con una dinámica variada a lo largo del año: en el primer semestre disminuyeron 110 mil y de julio a noviembre se crearon 60 mil.
En el primer semestre, el impacto negativo mayor estuvo en la construcción y las actividades inmobiliarias que, en conjunto, perdieron más de cincuenta mil puestos. Luego la industria con cerca de 30 mil y el conjunto de comercio más restaurantes y hoteles con otro tanto. De allí a noviembre todas las ramas mencionadas revirtieron su desempeño con la dramática excepción de la actividad industrial que agregó otra disminución de 15 mil trabajadores.
Agregando los datos en nueve ramas (primario, industria, construcción, comercio y hoteles, transporte, finanzas e inmobiliarias, enseñanza, servicios sociales y finalmente los comunitarios y personales) se ve que en cinco de ellas en 2016 hubo pérdida de puestos. Observando los mismos once meses desde 2009 (primer año de esta serie) se aprecia que precisamente en 2009 fueron siete los sectores en los que hubo pérdidas de empleo. Y entre 2012 y 2014 hubo pérdidas en cuatro ramas. En otras palabras en cinco de los ocho años hubo pérdidas en al menos la mitad de las ramas. Esto con independencia de las magnitudes del deterioro sectorial y al margen de que ningún año perdió tanto empleo asalariado privado como 2016 (sólo en 2009 se cayeron casi tantos puestos como en el año último).
Naturalmente estas evidencias permiten evaluar más equilibradamente tanto la magnitud como la calidad del problema por resolver, apreciando que lo acontecido en 2016 es un agravamiento de situaciones previas que estaban lejos de ser óptimas.
Así, como al menos en el último lustro muchos especialistas han venido alertando sobre el estancamiento reclamando entonces la formulación de nuevas políticas, hoy eso se hace más necesario aún habida cuenta del cambio de la orientación macroeconómica oficial.
Es sabido que las políticas redistributivas son útiles en momentos de serias dificultades socioeconómicas, pero también es preciso recordar que el momento crucial es el de la generación de la riqueza. Allí importa el número de trabajadores y la capacidad de compra del salario. En ambos aspectos este 2017 debe mostrar cambios sustantivos. De lo contrario no sólo se agravará la situación social sino que no se materializará la pregonada reactivación económica. He allí el desafío.n
*Director del Ceped-UBA e Investigador del Conicet.
El horizonte laboral sigue encapotado
