El 30 de mayo de 2021, esta columna del ombudsman comenzaba así: “Algunos medios, en Argentina y fuera de ella, son permeables a reproducir o generar frases cargadas de violencia y carentes de un mínimo de respeto por personas e instituciones sin que aparezcan justificativos que respalden –al menos en parte– lo que se dice o se publica. Esto no es nuevo, por cierto, y lleva ya décadas en nuestro país, en una sucesión de insultos, opiniones desbocadas, ataques directos o indirectos y –en extremo– incitación a grados superiores de agresión. Por poner dos ejemplos entre centenares, quiero recordar que en la década del 70, cuando se acercaba la ominosa noche de la dictadura, sectores políticos antagónicos ensayaban una virulencia que creció hasta desembocar en asesinatos, secuestros, torturas y otras formas de violencia política; y en la década pasada, voceros del poder convocaban a insultar y maltratar imágenes representativas de políticos de oposición y periodistas no adscriptos a la corriente que gobernaba”.
Creo necesario volver hoy sobre el tema, porque el grado de virulencia que están alcanzando comentaristas y comunicadores, particularmente en radio y televisión, ha superado lo conocido: parece que no hay límite alguno para ejercer un dudoso derecho a la libertad de expresión con inclusión de insultos, diatribas, palabras soeces y expresiones carentes de freno alguno para el buen empleo del idioma. Creo conveniente abordar mi comentario desde dos ángulos: uno, la responsabilidad del medio en relación con sus audiencias y con los personajes e instituciones objetos de ataques de este tipo; otro, el buen gusto, la elegancia en el uso del lenguaje, cuando se trata de propuestas periodísticas.
Treinta años atrás, algo parecido estaba sucediendo en los medios españoles, que se abrían a un destape de fronteras imprecisas. Tanto, que el entonces defensor del lector del diario El País, Juan Arias, desarrollaba en 1994 un interesante informe a partir de reclamos de los lectores, Uno de ellos había escrito a su sección: “Si quieren defendernos a los lectores, por favor, no insulten ni calumnien, porque con las descalificaciones gratuitas están dañando la libertad misma de expresión por la que tanta gente dio hasta la vida. A veces los lectores nos preguntamos si la crispación de la sociedad no la estarán provocando en parte ustedes, los periodistas, con sus intemperancias verbales, que es muy distinto de la genuina libertad de expresión”.
Arias eligió comparar los excesos verbales de los periodistas españoles con las líneas editoriales de algunos medios de Europa y Estados Unidos. Elijo dos, por razones de espacio:
Tom Burns, de Financial Times, decía: “Los periodistas nos guardamos mucho de hacer juicios personales que puedan ser interpretados contra el honor de la persona”.
Alan Ridding, de The New York Times, señalaba que “al final, la sociedad acaba rechazándolos, porque de la prensa espera un comportamiento más distante y responsable, tanto en el campo verbal como en el de las intrigas y compromisos políticos de aquellos mismos a quienes tiene que criticar o denunciar”.
En un panorámico recorrido por lo visto y escuchado últimamente en radios y televisión (en particular en televisión, y más concretamente en portales de noticias de medios poderosos), este ombudsman ha registrado algunos de los insultos más comunes, referidos a políticos de uno y otro lado de la grieta: ladrón/na, corrupto/ta, infame, malparido/da, inútil, incapaz, estúpido/da, imbécil, borracho/cha y muchos más.
Si fuese posible una sanción a los que abusan de cámaras, micrófonos y computadoras, sugiero que sea un curso intensivo de deontología para periodistas. Al menos, que insulten sabiendo lo que provocan.
