Lo sabe el Gobierno. Lo sabe la oposición. Lo sabe el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y también el sistema financiero. Es insostenible en el tiempo un nivel de tasas de interés al 50% promedio para plazos fijos, un 120% para préstamos para la economía real, un 140% para créditos personales, un poco más arriba para los descubiertos y resúmenes de tarjetas de crédito que no son liquidados en su totalidad, y más del 300% para cuentistas alternativos. Todos conocen la realidad de que ese costo del dinero es incompatible con un crecimiento de la economía al ritmo de un 5%, y una invitación a fomentar una nueva recesión en la Argentina.
La gran pregunta entonces es hasta cuánto habrá que sostener este nivel de tipos de interés, sin comenzar a pensar en un inicio del bombardeo a la producción argentina, freno del consumo, incremento aún más fuerte de la morosidad de las familias (una variable que ya transita el 5%) y, quizá, una idea de que el challenge entre el control del dólar y las tasas activas puede comenzar a dar vencedor al contrincante inadecuado. Hay una respuesta concreta. Esa fecha límite en la que las tasas de interés tendrían que experimentar una frontera de crecimiento y comenzar a bajar es el 26 de octubre del 2025. Día en que los argentinos iremos a las urnas (según parece en los eventos previos de este año, con poca pasión) a renovar el Congreso Nacional.
Esta gran fiesta de los políticos tiene prevista para ese día una de las jornadas, quiérase o no por parte del votante, más importantes de los últimos años para la economía y las finanzas del país, ya que será mucho lo que está en juego. Será además el acto electoral donde el Gobierno se jugará su futuro político y las verdaderas posibilidades transformadoras para los últimos dos años de la gestión de Javier Milei. Ese 26 de octubre de 2025 será entonces el punto final de un esquema de tasas de interés superiores a la inflación real, al punto de no solo mostrar que es negocio sostenerse en moneda doméstica, sino que la apuesta irredenta a la divisa es una mala opción (al mediano plazo). Quienes confíen en la proyección tendrían entonces el lunes la última jornada para optar por un plazo fijo a 60 días, con tasas acordes con una elección de confianza en la moneda doméstica, por encima del siempre sensual dólar que llama a las puertas de las compras desde las pantallas de los home banking de los clientes del sistema financiero y las billeteras virtuales. Surge entonces una pregunta asociada a la frontera del 26 de octubre.
Cuál sería un nivel de victoria oficialista adecuada para que la tasa comience un descenso de las supuestas cumbres porcentuales donde navegó esta semana la variable. Los analistas coinciden en que ese faro es el 40% general de los votos medidos en todo el país. Con ese promedio de victoria, el gobierno de Javier Milei se garantizaría un número de manos alzadas en el Congreso para los períodos 2026-2027, como para aventar cualquier peligro de rechazo de vetos presidenciales. Que quede claro: no eliminaría el riesgo de que las cámaras de Diputados y Senadores aprueben leyes que atenten contra la meca del superávit fiscal y la no emisión monetaria. Lo que se lograría desde el oficialismo es que los necesarios dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras para rechazar un veto presidencial estarían garantizados. Siempre y cuando, obviamente, no aparezcan rebeldías del bloque interno, como la asonada independentista de Marcela Pagano y compañía. No es poco lo que se conseguiría entonces con el 40% de los votos en el Congreso: ya no habría atentados legislativos contra la política de superávit fiscal superior al 1% anual y la prohibición de la emisión de pesos, dos copas mundiales comprometidas con el FMI. Pero los libertarios especulan con un piso del 40% y un resultado superior incluso al 45%. ¿Qué lograría el Gobierno en esta alternativa? Cumplir con otros viejos sueños de los libertarios y ortodoxos criollos y otros tres compromisos asumidos con el organismo que maneja
Kristalina Giorgieva. Esto es, las reformas impositiva, previsional y laboral; en ese orden de importancia y voluntad política de impulso desde la Casa Rosada. Haciendo números de potenciales manos alzadas con ese nivel de apoyo en la votación para renovar ambas cámaras legislativas, el Ejecutivo podría pensar en que con algunas negociaciones de compromiso con gobernadores elegidos estratégicamente se podría conseguir el apoyo necesario para la creación del super-IVA como principal hit de una reforma impositiva, un nuevo esquema de jubilaciones con un alza en la edad para acceder a las pensiones y la recreación de algún tipo de aporte privado símil AFJP dentro de la reforma previsional y la caída de los tótems de los convenios colectivos de trabajo en una reforma laboral. Tal el tamaño de las expectativas de una elección legislativa del 26 de octubre, donde se supere el 45%. ¿Y qué pasaría si ese porcentaje llegara o superara el 50%? “Lilia Lemoine ministra y dolarización en puerta”, bromean los analistas políticos contratados por multinacionales en alguna que otra presentación ante clientes.
En todos estos casos de resultado positivo superior al 40%, se lograría la doma de la vedette de estos tiempos políticos, económicos y financieros: el alza de la tasa de interés a niveles de crisis de productividad del país. Más aún que con un tipo de cambio atrasado. Es lo que explicó esta semana el ministro de economía Luis “Toto” Caputo en una de sus habituales presencias en streaming, comentando que lo que se está haciendo en estos tiempos es superar tormentas momentáneas en vistas a mostrar convicciones que convenzan al público del sistema financiero que ideales es lo que sobra. Al menos en el Palacio de Hacienda. Y que desde el quinto piso de ese lugar no hay ninguna idea de traicionarlos. En síntesis, y por lo menos hasta las elecciones, el Gobierno no va a negociar el control del tipo de cambio: si la economía real tiene que sufrir temporariamente, lo hará a cambio de no permitir que el dólar vaya a tocar la parte superior de la banda cambiaria. El Gobierno demostró que está dispuesto a jugar fuerte y con mucha discrecionalidad, y los bancos lo saben. Casi todo se resume entonces a proyectar hacia el 26 de octubre y repensar los proyectos reformistas libertarios para la renovación legislativa que surgirá del acto electoral de ese día. Surge una inquietud. ¿Qué sucedería con las hoy caras tasas de interés, si el resultado electoral no es el esperado el 7 de septiembre, día en que se eligen legisladores, pero de la provincia de Buenos Aires? Contestación algo naif: estarían carísimas.
