La reciente decisión gubernamental de ampliar la participación oficial en los directorios de empresas donde el Estado posee acciones con el objetivo de influir en la conducción de las compañías actualiza una pregunta: ¿qué tipo de régimen económico busca instaurar el kirchnerismo en Argentina? La respuesta a esa pregunta quizá no se encuentre, contra lo pretendido por el oficialismo, en la edad dorada del peronismo, sino en la época menos glamorosa de otro populismo latinoamericano: el del Partido Revolucionario Institucional de México.
La historia del peronismo no registra la constitución de un tipo específico de régimen económico. Es cierto que el peronismo nacionalizó empresas, pero fueron, en general, empresas de servicios públicos de capital extranjero y su nacionalización sirvió como parte de pago de las deudas que los países de origen de aquellas empresas tenían por comercio exterior con Argentina. Es cierto que el peronismo expropió firmas privadas, pero lo hizo en pocos casos y en contra de puntuales enemigos políticos. Es cierto que el peronismo nacionalizó el comercio exterior y, en gran medida, el sistema financiero, pero en el primer caso la nacionalización consistió básicamente en cobrar mayores impuestos vía diferenciales de precio, en el segundo caso se orientó especialmente a dirigir la asignación de crédito, y en ningún caso implicó la desaparición de las empresas privadas. Hubo, entonces, mayor participación estatal en la gestión de la economía, pero no resultó especialmente ordenada, ni consistente, ni sistemática.
El PRI, en cambio, heredó y perfeccionó un tipo de régimen económico específico: el capitalismo selectivo. Tal como documenta la historia económica mexicana, este tipo de régimen emergió gradualmente entre el Porfiriato y el Maximato. En este período hubo una guerra civil, derrocamientos y caídas de gobiernos, confiscaciones de ahorros y asaltos lisos y llanos del Tesoro nacional y, sin embargo, la economía mexicana creció sin pausa y a un ritmo hasta entonces desconocido. Ello constituye una de las principales anomalías de las teorías neoclásicas del desarrollo económico, pues el desarrollo tuvo lugar en un contexto de destrucción de los derechos de propiedad y, por ende, en un entorno donde la mínima confianza en las reglas de juego requerida para la realización y la continuidad de las inversiones por parte de las empresas se encontraba notoriamente ausente. Sin embargo, como argumentan los historiadores Haber, Razo y Maurer (The Political Economy of Property Rights, Cambridge University Press, 2003), las confiscaciones y la destrucción de la propiedad no afectaron a todos los actores económicos de México, y aquellos no afectados, aquellos cuyos derechos de propiedad fueron respetados, constituyeron el motor del crecimiento.
El capitalismo selectivo hizo posible el desarrollo económico porque garantizó de manera sistemática los derechos de propiedad. El carácter sistemático de esa garantía residió en la naturaleza de los actores seleccionados como beneficiarios de la misma. Los sucesivos gobernantes de México garantizaron los derechos de propiedad de aquellos actores económicos cuyas actividades cumplían tres condiciones: generaban una rentabilidad tal que el cobro de impuestos a las empresas constituía una fuente insustituible de financiamiento para el Tesoro, no podían ser desempeñadas directamente por el sector público y su continuidad interesaba a algún tercer actor cuya cooperación el gobierno necesitaba para mantenerse en el poder. Así, por ejemplo, los gobiernos mexicanos de entonces garantizaron los derechos de propiedad de las empresas mineras porque las regalías que podían cobrarles eran fuentes fundamentales de financiamiento del Estado, porque el sector público no tenía a su disposición la capacidad técnica para explotar minas ni pozos petroleros, y porque la continuidad de las actividades mineras privadas interesaba particularmente a los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, cuyo reconocimiento diplomático y ayuda militar eran indispensables para la supervivencia en el cargo de los sucesivos presidentes.
Pero luego los gobiernos avanzaron en la nacionalización de ciertos sectores. Ello fue posible por dos factores: la consolidación del dominio político del PRI, que redujo la importancia de los apoyos externos para la supervivencia de los presidentes, y la incorporación subordinada del sindicalismo al partido, que permitió a los gobiernos acceder al expertise necesario para gestionar directamente las empresas. Entonces, pero sólo entonces, el gobierno sustituyó definitivamente la propiedad privada por la pública.
El kirchnerismo parece embarcado en una orientación similar. En los servicios públicos, garantizó los derechos de propiedad de las empresas extranjeras mientras necesitó la cooperación de sus gobiernos en el FMI, para luego expropiarlas y encomendar la gestión al sindicalismo. En el sector industrial empezó incorporando directores de origen sindical como representantes de sus tenencias accionarias, y ahora amplió el poder de votación y la intervención de los directores estatales en la gestión de las compañías. Para las principales firmas, en especial de sectores estratégicos y de gran escala, el riesgo de ampliación de la intervención estatal, sino de la estatización misma, es ahora mayor.
Las ventajas del capitalismo selectivo para la supervivencia de los gobiernos son elocuentes, como lo demuestran los setenta años de hegemonía del PRI. El capitalismo selectivo permite el crecimiento de la economía, la ampliación o el mantenimiento del nivel de empleo en los sectores seleccionados y la maximización de la recaudación impositiva en actividades de alta rentabilidad. El control directo de esos recursos desnivela el campo de la competencia política a favor del partido de gobierno y fuerza al resto del sector privado a cortejar a los funcionarios en busca de la garantía selectiva de los derechos de propiedad, sin la cual no es posible prosperar.
El capitalismo selectivo no es, sin embargo, tan ventajoso para el conjunto del país. Permite que la economía crezca, pero no de manera eficiente, pues no estimula la explotación de las ventajas comparativas naturales ni el desarrollo de ventajas nuevas. Permite que aumente el empleo, pero sólo en los sectores beneficiados. Permite maximizar la recaudación, pero limitada a las actividades seleccionadas, con lo cual estimula la evasión y la informalidad en el resto de la economía y ata la suerte de las finanzas públicas al valor fluctuante de las actividades protegidas. Permite la estabilidad política de los gobiernos, pero tiende a destruir las posibilidades de alternancia. Así, pues, si el capitalismo selectivo se consolidara como régimen económico en Argentina, la mayor ineficiencia de la economía, el incremento de la pobreza y la informalidad laboral, la proliferación de la corrupción y el aplastamiento de la democracia podrían operar una mutación cultural en el empresariado y, más en general, en la opinión pública no peronista: que terminen añorando el reinado de la “segunda tiranía”.
*Profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del Conicet.
