El modelo de Córdoba

La sociedad argentina está siempre cursada por corrientes que se mueven en direcciones divergentes. Muchas de esas corrientes son regresivas –el balance es regresivo, la sociedad está peor hoy que hace medio siglo–, pero algunas avanzan en una dirección positiva. La educación declina en el conjunto, pero algunos progresos educacionales se constatan; la salud, en el balance, está peor, pero hay instancias sobresalientes; del mismo modo, la calidad institucional en muchos aspectos empeora, pero en algunos aparecen señales alentadoras. En este último plano, la provincia de Córdoba ha abierto un camino que abre horizontes auspiciosos.
La elección de gobernador en esa provincia el año pasado fue sumamente discutida; se definió en el margen, en medio de impugnaciones y cuestionamientos. Pero a poco de asumir, el gobierno electo tomó la iniciativa para promover una profunda reforma política, creando la Comisión Consultiva de Expertos con el mandato de diagnosticar la situación institucional de la provincia y producir recomendaciones para fortalecerla. Al frente de ella fue designado un experto internacional, Daniel Zovatto, y se la integró con personas de alta calificación y reputación, en un amplio espectro pluralista. La Comisión trabajó, en seis meses entregó su dictamen y el tema pasó a la Legislatura de la provincia. El conjunto de reformas que la Comisión plantea es aplicable a Córdoba tanto como a cualquiera de las demás provincias argentinas, y hasta a la nación misma. Sus propuestas, de aplicarse, devolverían al sistema político legitimidad y credibilidad; seguramente contribuirían a restituir a la sociedad la confianza en la política.
Algunas de las recomendaciones para la reforma política de Córdoba apuntan a garantizar la transparencia del acto electoral, instituyendo la Fiscalía Pública Electoral, dependiente del Juzgado Electoral. Este tendrá competencias importantes en el financiamiento de las campañas, actuando como autoridad de gestión de la distribución de recursos públicos a las distintas candidaturas y controlando la contratación de espacios publicitarios. Otra recomendación responde a una preocupación ampliamente difundida en la ciudadanía de todo el país, la lista sábana; propone abolirla, instituyendo la boleta única de sufragio en la que cada votante marcará su opción electoral en cada caso. Este sistema existe en muchos países, pero en la Argentina su adopción ha sido largamente resistida por los mismos partidos políticos.
El proyecto también se propone regular las internas de los partidos y la duración de las campañas. Avanza estableciendo limitaciones a las acciones de comunicación del Ejecutivo provincial durante el período de campañas electorales, propone regulaciones en el plano del financiamiento de las campañas y las contribuciones de fondos privados, y establece criterios de ecuanimidad en la aplicación de recursos públicos a los distintos partidos o alianzas.
La reforma propuesta se encuentra en estudio en la Legislatura y pasó ya la instancia de una audiencia pública el mes pasado. Su significación no se limita a la situación política particular de Córdoba a partir de la elección de 2007. Es más bien un caso testigo en la instrumentación de una respuesta viable a una demanda social largamente insatisfecha en la Argentina, la calidad de la democracia representativa.
Es claro que esos problemas no pueden ser resueltos solamente en el plano de las normas formales. La decadencia política argentina tiene raíces en la cultura política, que se ha ido empobreciendo en un proceso de realimentación casi continua entre las malas prácticas de los actores políticos y las tendencias de la sociedad. Pero mientras la cultura no es algo que puede ser modificado por decisión de nadie, las normas sí pueden ser mejoradas y recreadas.
De hecho, la declinación institucional de la Argentina ha ocurrido precisamente porque el sistema político ha contribuido a vaciar de vigencia práctica a las normas existentes, o simplemente a desconocerlas y violarlas, y los ciudadanos nos hemos ido habituando a convivir con un sistema de reglas ausentes o no creíbles.
El modelo que se aplicó en Córdoba es absolutamente válido para la Argentina y para las provincias en una innumerable cantidad de temas: convocar a expertos y especialistas, poner en sus manos un asunto problemático y darles la oportunidad de diagnosticar y recomendar. Es lo normal en la vida privada. No consiste en un ceder un espacio a un enfoque tecnocrático del gobierno, ya que la decisión última recae en la instancia política institucional; lejos de ello, se trata de superar la instancia de los intereses políticos inmediatos para buscar respuestas a problemas que la sociedad ha colocado en su propia agenda y que la instancia política no logra destrabar.
La Argentina vive agobiada por innumerables problemas, la mayor parte de los cuales se agravan con el paso del tiempo. El sistema político, en un sentido, funciona; en otros sentidos, funciona mal o simplemente no funciona. Las dos cosas son ciertas, pero el balance de la sociedad termina siendo negativo; eso lleva al escepticismo, la apatía, el alejamiento ciudadano de la vida política, y termina abriendo el lugar para que la única forma concebible de participación sea la protesta callejera. La sociedad espera consensos, pero sus gobiernos no contribuyen a formarlos –en buena medida porque no les interesa hacerlo, pero posiblemente también porque no saben cómo buscarlos–. La política está imbuida de ideologismos superficiales, retóricos, y de prácticas “pragmáticas” que despojan de significado a la mayor parte de las decisiones institucionales. Recuperar una instancia donde el saber y la experiencia cobran protagonismo, donde las decisiones se elaboran en un plano que está por encima de los intereses políticos de corto plazo, es una tarea urgente en esta Argentina del escepticismo político.
Si Córdoba pudo dar este paso, toda la Argentina podría hacerlo. Si esta experiencia culmina en reformas efectivas, estaremos ante un caso testimonial de lo que es posible. Un camino abierto.

*Sociólogo.