La Argentina va a ser impactada por un tsunami verde de soja y dólares. Y de no ser por un modelo que pide la toalla y por un sistema político que aún no ha terminado de procesar las consecuencias de la derrota oficial en las elecciones de medio término de mediados del 2009, podríamos estar hablando de un crecimiento del producto bien por encima del promedio regional y de una tasa de inflación en dicho promedio. Sin embargo, la Argentina exhibirá un crecimiento del producto del orden del 4% (se espera que Latinoamérica crezca en promedio también un 4%) y una tasa de inflación del orden del 25% (más de 4 veces el promedio de la región). Tener presente esta situación resulta clave. Hemos caído en la trampa de creer que en la Argentina hay un divorcio entre la dinámica económica y la dinámica política, y que ese divorcio podría continuar al menos durante este año. Pero en realidad, dicho divorcio no existe.
En 2010, la Argentina volverá a desperdiciar condiciones excepcionales. No sólo para crecer a tasas chinas este año, sino también y aún más importante, para construir una plataforma sólida de incentivos que permita que despeguen los sectores donde es verdaderamente productiva, y que son los que podrían permitirle crecer sustentablemente en las próximas décadas.
Estamos frente a un mundo que favorece el crecimiento de los países que más necesitan de los productos de exportación de la Argentina (las condiciones financieras son favorables para los países emergentes más grandes) y que se preocupa de manera creciente por el aprovisionamiento sustentable de alimentos. Pero las políticas internas impiden que los recursos se vuelquen masivamente a esos sectores.
La única ventaja es que a los argentinos no nos gusta la soja en ninguna de sus formas, salvo cuando se “transforma” en carne y siempre que ésta no tenga ningún residuo de gusto a pescado... Culpa del contenido de omega 3 de esa oleaginosa... La sojización es una respuesta natural a incentivos en el marco de tanto intervencionismo. Imaginemos, por un momento, el tamaño de las cosechas y de las exportaciones (no sólo de soja) si el sector agropecuario no estuviera sujeto al intervencionismo y a la discrecionalidad que hoy le toca sufrir.
Tsunamis. Una reducción de los impuestos sobre el sector agropecuario debería ir necesariamente acompañada por una profunda modificación de la política de subsidios estatales; en particular, dando de baja a aquellos destinados a sectores sociales medios/altos y altos que no los necesitan, de forma tal de minimizar el impacto sobre la posición fiscal.
El tsunami verde de 2010 alcanza para financiar la continuidad de una salida de capitales de “baja intensidad” de unos US$ 1.000 millones mensuales y para que el fisco pueda aumentar su gasto a un ritmo similar al del PBI nominal, sin que ello ponga en riesgo el pago de los intereses y vencimientos de la deuda pública (con o sin DNUs). Sin embargo, la Argentina seguirá viviendo al borde del peligro.
Con una tasa de inflación alta y en ascenso, no se puede descartar que en algún momento se supere el umbral a partir del cual la demanda de pesos tiende a colapsar. Y la dolarización de flujos que se produjo hasta acá, se puede transformar rápidamente en una dolarización de los stocks mucho más preocupante.
Es cierto que esta vez es diferente a otras oportunidades donde se conjugaron inflación creciente e incertidumbre política de final de mandato. Esta vez hay dólares tanto en la forma de reservas internacionales del BCRA como de ingresos de dólares producto de una balanza comercial altamente superavitaria. Pero, aun así, un colapso de la demanda de pesos y una llamarada inflacionaria no pueden descartarse.
De la misma manera que en materia de inflación el Gobierno promete esforzarse en medirla mejor pero no hace nada para controlarla, en materia fiscal los esfuerzos no deberían estar puestos en el financiamiento, sino en cómo recomponer el ahorro arriba de la línea. El problema está en el crecimiento del gasto. Si no se pone un límite a la expansión fiscal y a su financiamiento, utilizando el balance del BCRA, del BNA o de la ANSES, el año que viene (un año con compromisos de deuda pública mucho mayores que los de 2010) se correrá un peligro aún mayor en materia de desborde inflacionario.
El problema radica en que la incertidumbre creciente y la necesidad de convalidar inflación cada vez más alta son inherentes al modelo económico y político vigente desde 2002. Y la única manera de evitar tal desborde inflacionario es modificando la política económica de trazos gruesos, seguida hasta el momento con el objetivo de mantener a flote dicho modelo. Desde el mismo momento en que fue puesto en vigencia, la economía tomó un sendero de colisión; la cual se fue posponiendo gracias a condiciones externas excepcionales, sólo interrumpidas por la crisis financiera global.
Mucho antes del conflicto con el campo, los controles de precios primero y el engaño inflacionario del INDEC después, pusieron de manifiesto que algo no andaba bien, incluso con un mundo que claramente jugaba a favor. El modelo genera la necesidad de compensar el peso débil con políticas de precios e ingresos distorsivas y con gasto público e intervencionismo creciente. Todo lo cual conspira contra la inversión de riesgo y la competitividad; lo que hace aún más necesaria la política de peso débil.
La apuesta del Gobierno argentino en 2010 pasa por utilizar: 1. Los recursos fiscales que traerán una cosecha y una balanza comercial récord para financiar la continuidad del incremento del gasto público compensatorio (subsidios, gasto social); 2. Los dólares de dicha cosecha para financiar la salida de capitales; y 3. El tipo de cambio nominal como ancla de las expectativas y de la inflación como sustituto del ancla fiscal ya desgastada (lo cual si bien no modifica, desnaturaliza el modelo). Eso es todo. Y aunque no es poco, no alcanza cuando la inflación amenaza con superar los umbrales de la tolerancia en materia de demanda de pesos y de cohesión social.
