El Banco Central torció el brazo del mercado cambiario con un combo de medidas: fuerte suba de tasas de interés, obligación a los bancos a reducir sus tenencias netas en moneda extranjera, acuerdo con las cerealeras para que aceleren la liquidación de divisas y trabas a las importaciones por montos elevados que tenían los papeles en orden (DJAI aprobadas).
La autoridad monetaria utilizó su bala de plata y logró alejar el peligro inminente de crisis cambiaria. Pero, como comenté en estas páginas hace un mes (ver nota “El BCRA puede ganar la batalla”), si no se corrige la trayectoria del resto de las variables nominales, la embestida cambiaria puede volver con fuerzas renovadas en la segunda mitad del año.
El problema de fondo es que el Ejecutivo no tiene una política antiinflacionaria consistente.
A pesar del cambio de gabinete, las autoridades económicas insisten en los acuerdos de precios para contener la inflación. Pese a sumar pactos sectoriales (combustibles, carnes, medicamentos y útiles escolares) a “precios cuidados”, la inflación se aceleró fuerte en el primer bimestre del año (acumuló 10%). Ante esta situación, el Ejecutivo redobló la presión política sobre los empresarios (escraches y amenazas de regular ganancias).
La novedad en el frente inflacionario fue la publicación del IPC Nacional Urbano, que reflejó un alza de precios más cercana a la realidad. Habrá que ver si el sinceramiento se sostiene y qué sucede con las demás estadísticas adulteradas (pobreza, PBI), pero, al dejar de negar la suba de precios, el Ejecutivo podría comenzar a combatirla abiertamente. Sin embargo, el Gobierno no avanzó en un plan explícito, clave para acotar las expectativas de inflación.
Esto nos lleva a discutir los tres temas candentes del momento: I) las negociaciones paritarias; II) la probable alza de tarifas (ajuste del gasto) y III) el cambio en la estrategia de endeudamiento externo.
I) Producto de la aceleración de la suba de precios, las expectativas inflacionarias alcanzaron un máximo, impulsando los reclamos salariales de los trabajadores. De hecho, según una encuesta elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella, las previsiones de aumentos de precios para los próximos 12 meses llegaron al 35% (mediana).
El Ejecutivo sabe que, si se convalidan fuertes incrementos salariales, el brote inflacionario se extenderá hacia el resto de 2014. Esto implicaría entrar en una dinámica muy preocupante (suba de precios del 40-50% anual) donde la duración de los contratos nominales se acorta a un plazo inferior al año (régimen de alta inflación).
Un escenario recesivo podría moderar los reclamos salariales, pero la contracción del empleo debería ser muy profunda como para que las preocupaciones gremiales pasen de preservar el salario real a proteger las fuentes de trabajo.
Es verdad que las últimas medidas oficiales inducen un sesgo contractivo, pero es improbable que el Gobierno profundice dicho camino. De hecho, es más factible que utilice su poder político para pactar con los gremios afines subas que no superen el 30-35%. No hay que olvidar que, para no convalidar fuertes aumentos salariales, el año pasado el Ejecutivo no homologó convenios e impuso ajustes por decreto.
II) Un punto no menor para contener los reclamos salariales y evitar un nuevo salto de las expectativas inflacionarias es el ajuste de las tarifas energéticas. No existe un buen momento para anunciar fuertes incrementos, pero sería muy inoportuno hacerlo justo antes de las paritarias.
De todas formas, el recorte de subsidios (junto con el deslizamiento del tipo de cambio oficial) debería implementarse a comienzos del segundo semestre del año para que no vuelvan a atrasarse el tipo de cambio y los precios de los servicios públicos.
En resumen, la estrategia del Gobierno consiste en persuadir a los gremios (y a los demás agentes de la economía) de que la inflación será más acotada en el segundo trimestre y que el salto de precios de los primeros tres meses del año fue excepcional (como la devaluación).
Una alternativa para acercar posiciones y reducir la conflictividad sería incluir una cláusula gatillo en los acuerdos, por si se desborda la inflación, aunque esta apuesta es riesgosa: si sale bien, no se gatilla, pero si sale mal implica negociar salarios dos veces al año (acortamiento de los contratos nominales).
III) Por último, el Gobierno reforzó el acercamiento a los mercados financieros. El reciente acuerdo con Repsol en torno a la expropiación de sus acciones implica un cambio radical en la estrategia de financiamiento externo: de pagar pasivos con reservas, se pasó a cancelarlos con deuda. Además, el acuerdo despejó el camino a YPF para traer dólares frescos para inversión. Por último, la confección de un IPC más creíble junto al FMI podría acelerar las negociaciones con el Club de París.
La urgencia por avanzar en este frente responde a que, si el Ejecutivo logra traer divisas, podría reforzar el inestable mercado cambiario y simultáneamente moderar el impacto recesivo de sus políticas (flexibilizar las restricciones a las importaciones y/o acotar el ajuste fiscal reemplazando emisión monetaria por crédito externo).
Nuevamente, el timing es clave para la política económica. Si entran dólares financieros en los próximos meses, el Gobierno podría financiar (sin emisión) la postergación del ajuste de tarifas.
Además, un mayor influjo de divisas ayudaría a convencer a los productores agrícolas a que liquiden su cosecha ya que el país tiene una fuente adicional de ingreso de dólares. Este punto no es menor: las elevadas tasas de interés y los futuros planchados sirven para que las cerealeras liquiden, pero no alcanza para que el campo venda sus granos.
Sabemos que el endeudamiento para cubrir baches termina de la peor forma, pero la colocación de deuda podría darle al Ejecutivo el aire suficiente para llegar a 2015. Una vez más, la necesidad tiene cara de hereje. El problema es que cuando se negocia desde una posición débil, los mercados financieros terminan haciendo negocios a costa del país.
El Gobierno está apostando fichas a esta alternativa, pero no se sabe cuán probable es conseguir financiamiento en el corto plazo. De hecho, la respuesta depende de la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto del juicio con los holdouts. Sólo si el supremo tribunal de los EE.UU. toma el caso (extendiendo su resolución) sería viable esta alternativa.
El margen de maniobra es mínimo. La suerte económica del país dependerá de cómo se conjuguen los tres elementos mencionados. Y, en este caso, el orden de los factores afecta el producto
