Siempre es conveniente darle una leída a la Constitución Nacional. Y cuando se trata de analizar la
ley de Presupuesto –llamada en la jerga “la ley de leyes”– más que
conveniente es imprescindible.
Siempre es conveniente darle una leída a la Constitución Nacional. Y cuando se trata de analizar la ley de Presupuesto –llamada en la jerga “la ley de leyes”– más que conveniente es imprescindible. Dice la Constitución en el artículo 75, inciso 8, que corresponde al Congreso “fijar, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”. En el artículo 76, a su vez, se determina que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la Delegación legislativa”.
Se desprende, pues, de estos dos párrafos constitucionales que es al Congreso de la Nación al que le corresponde no sólo la aprobación del Presupuesto sino también el monitoreo de su ejecución y que, únicamente de forma excepcional y por períodos muy bien limitados, puede delegar estas atribuciones en el Poder Ejecutivo. Este aspecto político y algunas de las consecuencias económicas del proyecto de Presupuesto nacional que el Senado convertirá en ley esta semana que comienza, merecen ser analizados en profundidad.
Hablar del presupuesto de un país es siempre árido y de difícil comprensión para la mayoría de los ciudadanos del común. El tema tiene la densidad del plomo y el poder de todos los turnos lo sabe y por eso también sabe que, más allá de las discusiones en las comisiones y el debate en el recinto, el asunto no prende en la opinión pública.
Nota al pie: querido y apreciado lector, no tema ni huya despavorido; es domingo y no lo voy a abarrotar de números ininteligibles.
El número mágico de los recursos totales que tendrá la Administración Pública Nacional para 2008 es 169.463 millones de pesos. Este número implica que el nivel de crecimiento de la actividad económica del país para el año que viene está calculado en un 4%. Esto contradice las proyecciones de la mayoría de los economistas serios y, por ende, pone en duda la honestidad con que se elaboró el proyecto de Presupuesto. Para que el crecimiento de la economía llegue en 2008 a tan sólo el 4%, debería producirse una recesión mayúscula que ningún pronóstico –y menos aún viniendo del Gobierno– presagia hoy día. Preguntas: ¿Es esto novedoso? ¿Es esto casual? Respuesta: no. Esto viene sucediendo durante los últimos tres años en forma sistemática y tiene una razón clara ya que la subestimación de los recursos le permite al Gobierno disponer de un volumen de dinero enorme –son miles de millones de pesos– al que puede manejar con total y absoluta libertad y discrecionalidad.
Es aquí, entonces, en donde calza el tema de los “superpoderes” que tanta discusión institucional generara hace unos años y que, nuevamente hay que decirlo, es una asunto que no está en la agenda ni del ciudadano de a pie, ni del que viaja en colectivo, tren, subte, bicicleta o Mercedes. Los así llamados “superpoderes” son producto de una ley sancionada por el Congreso Nacional que, en abierta violación del artículo 76 de la Constitución, citado más arriba, delegó al Poder Ejecutivo en forma permanente la potestad de manejar y modificar el presupuesto a su antojo a través de los siempre cuestionados DNU (decretos de necesidad y urgencia), de los que este gobierno hace un abuso obsceno.
Se considera que el nivel de subestimación del proyecto de Presupuesto 2008 es de 10.000 millones de pesos. Si a eso se le agregan los 8.000 millones que se recaudarán como consecuencia del aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas se llega a un excedente de 18.000 millones (otros cálculos hablan de un total de 23.000 millones). Esa es la cantidad de dinero que el Poder Ejecutivo va a poder usar a voluntad para destinarla a donde quiera, sin que nada ni nadie pueda evitarlo. Uno de los rubros más controvertidos a los que se destinan esos fondos así manejados es el de los subsidios a las empresas concesionarias de los servicios públicos de transporte y energía. En 2007, los montos de esos subsidios se incrementaron notablemente.
Otro de los puntos objetables de este presupuesto es el del cálculo de la inflación. En sintonía con lo que venimos escribiendo en esta columna, esta es una nueva demostración del “cambio que no cambia”. La proyección inflacionaria para 2008 es del 7,3%. Claramente, un dibujo. Por lo tanto, olvídense todos aquellos que albergaban una expectativa de real solución de la escandalosa situación del INDEK. Moreno seguirá.
Nota del autor: Cayo Valerio Jovio Diocleciano, emperador romano que vivió entre los años 245 y 316 a.C., ha pasado a la historia como el creador del sistema de control de precios. Lo hizo a través de su “Editum de Pretiis Maximis” (Edicto de Precios Máximos) destinado a detener “la brutal alza de precios” y a compensar los salarios en forma equivalente. Por lo tanto, elaboró una lista con una serie de productos de primera necesidad que incluían el trigo, el maíz, la cebada, la carne, el pan, la leche, y otra, con artículos de lujo para los que se estipuló un precio máximo. Agregó a esto una lista consignando los topes salariales y una segunda con el costo de los servicios de transporte público. Simultáneamente, hizo difundir en toda la comarca del imperio una advertencia según la que “quienquiera que sobrepase el precio máximo o trate de burlar las normas traficando en el mercado negro, será ejecutado de inmediato”. Sin embargo, y a pesar de tamañas amenazas, la gente, viendo que el valor de su dinero se reducía día tras día, se abalanzó sobre los comercios a comprar todo cuanto había disponible sin importar cuáles fueran sus precios. Así nació el reino del mercado negro que fue imparable a pesar de lo cual, que se sepa, nadie fue sometido al rigor de la pena de muerte por violar las normas del histórico edicto cuyo fracaso fue tan brutal que, finalmente, el propio gobierno debió violarlo.
Volvamos al Presupuesto. Hay aumentos porcentuales importantes en Educación, en Salud y en Ciencia. Sin embargo, cuando se ven los números reales, los montos siguen siendo bajos. Es que tanto en Educación como en Salud debe tenerse en cuenta que, luego de la descentralización operada en la década del 90, la mayoría de los servicios son prestados por las provincias.
Otro de los puntos inquietantes de este proyecto de presupuesto es que no incluye a los muy cuestionados fondos fiduciarios. Con sólo mencionar el caso Skanska, el lector rápidamente se dará cuenta de lo que estoy hablando.
Nota al pie: por las dudas que haya algún distraído, recordar que Skanska no es la marca de un yogurt, como alguna vez ironizó el ex canciller Rafael Bielsa, sino el de una empresa constructora implicada en un serio caso de corrupción en el que hay involucrados funcionarios del Gobierno nacional.
Al respecto, un informe del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) dice lo siguiente:
“Entre 2000 y 2001 los gastos de estos fondos se incrementaron en 6.000%. El crecimiento estuvo asociado principalmente con la necesidad de recomponer los ingresos de los sectores más marginados por medio del otorgamiento de subsidios y las inversiones en bienes de capital para infraestructura. Los principales fondos son: Infraestructura de Transporte; Hídrico, Desarrollo Provincial y Desarrollo Eléctrico Federal. La evolución de estos fondos debe ser seguida con particular cuidado. No sólo por su abrupto crecimiento sino porque la Argentina carece de dos particularidades claves para su buen funcionamiento: la estabilidad respecto de su finalidad y financiamiento y la transparencia de la información.”
El tema jubilatorio es otro ítem que genera controversias en el contexto de la siempre delicada y apremiante situación que padece la mayoría de los jubilados y pensionados en nuestro país. Hay que tener presente la resolución de la Corte Suprema de Justicia reconociendo el derecho a la movilidad de las jubilaciones que ordenó al Congreso que, a través de una ley, normara esta operatoria en forma clara y definitiva. Esto, hasta hoy, no ha ocurrido. Por lo tanto, surge una pregunta: ¿Qué índices se aplicarán para la actualización de haberes? Y un dato más. Genera inquietud un inciso del Presupuesto que tiene que ver con los fondos de la ANSES. En el rubro titulado “Principios con los que opera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen previsional” dice, en su punto 2-a: “Operaciones de crédito público de las que resulte deudora la nación ya sean títulos públicos, Letras del Tesoro o préstamos, hasta el sesenta y cinco por ciento (65%) del total del activo del fondo. Este porcentaje será del 100% del total siempre y cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social presente superávit previsional operacional proyectado para los dos ejercicios siguientes”. Sé que esto, así leído, suena a mandarín. Pero la explicación, no. Esto quiere decir que el Tesoro Nacional puede “pedirle prestado” a la ANSES el dinero que constituye el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que no es otra cosa que el Fondo de Garantía de la Movilidad. O sea que, en vez de destinar esos fondos para atender el justo reclamo de la movilidad de los haberes de jubilados y pensionados, se los puede desviar, a través de préstamos a tasa de interés inferior a la del mercado real, para que el Estado los destine al pago de sus deudas. La consecuencia es el riesgo de descapitalización de la ANSES. Esto no puede más que traer reminiscencias y temores de otros tiempos en los que la plata de los jubilados se “esfumó” dando origen a una de las mayores y más inmorales deudas sociales de la Argentina.
No quiero terminar la columna sin contarle el final del emperador Diocleciano cuyo lema político fue “divide y reinarás”, nada nuevo, como se ve. Lo cierto es que abrumado por los problemas, vencido y deprimido, Diocleciano renunció al trono tras 20 años de reinado obligando, a su vez, a hacer lo mismo al co-emperador Maximiano. Se retiró, pues, al lujoso palacio de Split que había hecho construir durante sus años como emperador y allí se dedicó a cultivar y a cuidar su huerto hasta su fallecimiento. De aquellos días se recuerda su frase, que bien harían suyas Les Luthiers: “¡Ah! Si vieses qué coles he plantado con mis propias manos”. Murió en 313 a. C., a los 68 años.
