Lejos de ser una mera rotación de funcionarios, los cambios en el equipo de gobierno de CFK tienen muchas connotaciones. Fueron, en principio, los más importantes de la etapa kirchnerista. Y se designó a un jefe de Gabinete con peso político propio, de acuerdo al espíritu de la reforma constitucional de 1994.
La Jefatura de Gabinete es, institucionalmente, un híbrido, ya que concentra importantes funciones administrativas, pero fue también concebida como un cargo con responsabilidad política. En las discusiones constitucionales de los 80 y los 90, que vislumbraban el reemplazo de nuestro presidencialismo por un sistema “semipresidencial”, se llegó a plantear que debería llamarse primer ministro o ministro coordinador, y ser pasible de remoción por vía de censura parlamentaria. Finalmente, se aprobó en la Constitución un jefe de Gabinete de carácter menguado respecto del diseño original, fundamentalmente porque es designado y reemplazado por decisión presidencial, como cualquier otro ministro. La única remembranza que mantiene de la idea semiparlamentaria original es la obligación de presentarse periódicamente ante el Congreso, que no todos cumplieron. Al carecer de responsabilidad política, carece también de autonomía y, por lo tanto, de poder.
Consecuentemente con el rol estrictamente ministerial al que acabó confinándolo la letra constitucional, hasta ahora el jefe de Gabinete no había tenido en los hechos un relieve político diferenciado del resto de los ministros. Desde el primero, que fue Eduardo Bauzá, designado por Carlos Menem, hasta el último, que fue Juan Manuel Abal Medina, designado por Cristina Fernández, todos los jefes de Gabinete fueron colaboradores estrechos de los presidentes y contaron con un poder político delegado. El jefe de Gabinete terminó pareciéndose bastante a lo que era el secretario general de la Presidencia antes de 1994. La única excepción, que fue breve y no terminó bien, fue el caso de Rodolfo Terragno, el primer jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa. A él no lo habían nombrado por delarruista, sino para que desempeñara un rol político articulador en un gobierno de coalición. Pero la autonomía que pretendió ejercer resultó chocante para el presidente.
¿Cuál era el rol previsto en el espíritu de la reforma? En palabras de Alfonsín, que estaba marcado por la experiencia de la inestabilidad de la democracia entre 1930 y 1983, el jefe de Gabinete debía ser un “fusible” del gobierno. Alguien con suficiente peso como para cargar, sobre sus espaldas, las esquirlas de una crisis. Eso implicaba, naturalmente, contar con poder propio, que en nuestra democracia presidencial sólo se consigue por el poder partidario –sobre todo, si los partidos existen– o por la fuerza de los votos.
Con la designación de Bauzá y luego de Rodríguez, Menem traicionó definitivamente el espíritu del cargo, ya recortado por ley. Porque se pudo haber creado una tradición de jefes de Gabinete con rol político propio, que hubieran también contribuido a una cultura de presidencialismo de coalición. Hizo todo lo contrario, y también sus sucesores.
En este sentido, en el del espíritu de la reforma, podríamos preguntarnos si acaso Capitanich no es el primer jefe de Gabinete desde 1994. Al momento de su designación, era un gobernador en ejercicio, un presidenciable, un dirigente destacado del PJ y el jefe político del peronismo en la provincia en la que el Frente para la Victoria hizo la mejor elección del país, hace tan sólo tres semanas.
Con todos estos significados, Capitanich representa un peso político diferenciado y su designación, un reequilibrio de poder dentro de la coalición oficialista. Sin que ello quiera decir que Cristina Fernández sea “menos presidenta” con Capitanich en el Gobierno, lo que hizo fue echar mano de una herramienta no utilizada de nuestro andamiaje institucional, para relanzar su gobierno en los dos últimos años de gestión.
*Politólogo.
