En la carnicería de mi barrio había un cartel que decía: “Tengo un acuerdo con el Banco, yo no doy crédito y ellos no venden carne”. Esta “regla de especialización” se aplica tanto para la economía como para un amplio conjunto de acuerdos que rigen la organización de una sociedad, de manera de maximizar el bienestar social.
En ese contexto, existe un conjunto de bienes y servicios cuya provisión por el Estado, ya sea en forma directa o a través de un contrato con el sector privado, es superior como solución al de su provisión por parte del sector privado directamente. De la misma forma, se verifica la situación inversa. Hay bienes y servicios, la mayoría de ellos, que son mejor provistos por el sector privado que por el Estado.
Entre los que necesitan la intervención estatal, también es recomendable que, cuando se pueda escribir un contrato de la provisión del bien o servicio en cuestión, siempre que esté bien hecho y existan las instituciones para el control de su ejecución y solución de controversias, la tarea esté a cargo del sector privado. Mientras tanto, ante la imposibilidad de un contrato, lo mejor es que el bien o servicio sea provisto, directamente por el Estado.
Toda esta larga perorata teórica viene a cuento del debate que ha surgido en estos días en torno a los problemas derivados de la incapacidad del Estado en brindar el servicio de seguridad que, por lo arriba comentado, es mejor que sea provisto directamente por el Estado.
En torno al tema de la seguridad, o de la falta de ella, no estamos en presencia de un “Estado ausente”, como algunos han comentado. Estamos en presencia de un “Estado ineficiente y fracasado” para brindar el servicio de seguridad.
Y ésta no es una diferencia semántica. La Argentina tiene hoy instituciones judiciales, policiales, carcelarias que existen y cuestan muchísimo dinero a la sociedad. Un Estado ausente implicaría, justamente, la ausencia de dichas instituciones. Pero las instituciones están. Sin embargo, no están funcionando como la sociedad pretende que funcionen. Por lo tanto, el problema de la Argentina de hoy no consiste en cómo evitar los llamados “linchamientos” que, obviamente, deben ser condenados tanto moralmente, como desde un aspecto absolutamente práctico: es un sistema muy ineficiente desde el punto de vista social.
Como un Banco vendiendo carne. El problema de la Argentina de hoy es cómo hacer para que las instituciones que están destinadas a brindar seguridad, funcionen como tienen que funcionar para que los índices de delincuencia se reduzcan a un nivel tolerable para la sociedad.
Es cierto que hay cuestiones que trascienden a los sectores directamente involucrados. Una sociedad con elevados problemas de pobreza, distribución del ingreso y exclusión es una sociedad con mayor tendencia a tener problemas de seguridad. Pero no es menos cierto que los problemas mencionados, aún con los instrumentos adecuados, tardarían décadas en resolverse. Peor aún si estamos usando los instrumentos equivocados. En efecto, este gobierno, pese a su propio relato, no ha mejorado sustentablemente los problemas distributivos y de pobreza. Más allá de los programas de asistencia social directa, que si bien presentan cuestiones de diseño van a favor de mitigar la exclusión, tanto el sistema de subsidios económicos al consumo de electricidad, gas, agua y servicio de transporte aéreo, como, lo más grave, el abuso del impuesto inflacionario, empeoraron en estos tiempos la realidad social.
Dado que no podemos esperar que se mejore la distribución del ingreso para actuar, urge entonces revisar a todas las instituciones designadas para la tarea de seguridad.
Las fuerzas correspondientes, salvo honrosas excepciones, no parecen tener los medios, el entrenamiento, y la preparación necesarias para combatir eficientemente a la delincuencia. Las leyes, los procedimientos y los jueces, tampoco parecen estar a la altura de las circunstancias. Las cárceles, dado el elevado número de reincidentes, no rehabilitan, sino que “especializan” aún más a los que han cometido delitos.
Por lo tanto, el problema no es un Estado ausente sino que el Estado no brinda adecuadamente los servicios que debe prestar, pese a su costo récord.
La opción para el delito no puede ser entre la justicia por mano propia y la libertad
