Como en el viejo repertorio de Les Luthiers referido al mal gusto de “la kermés de los sábados”, en la economía argentina también se aplica aquello de que “el que gana..., pierde”. El último combo de medidas, anuncios y globos de ensayo propuestos por el Gobierno no pudo ser más sintomático en una semana signada por la inflación como enemigo número uno.
La decisión de meter mano en el mercado agropecuario es la otra cara de la misma moneda: la de evitar que el buen momento de los precios internacionales se termine reflejando en el sobreprotegido IPC de 2007. Ahora que el 9,8% demostró que el control de precios en el corto plazo puede ser efectivo, se renovaron las fuerzas del equipo económico.
La incógnita es si dicho control también puede ser eficiente y sostenible en el largo plazo. Acá las cosas se complican y el job-description del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, no incluye sutilezas tales como monitorear los precios relativos que asignan los recursos en forma óptima. Lo suyo es otra misión: medida por el INDEC todos los meses, sujeta a la aprobación de su jefe político y sólo alterada cuando la emergencia toca a la puerta de su despacho.
Técnicos. En medio de estos avatares, el cambio de guardia en varios puestos “técnicos” del Ministerio de Economía, desnuda un cambio de rumbo, una purificación para homogeneizarlos con propia tropa. Son los fragores de un año electoral en dónde la economía respalda con creces la postulación familiar K y por nada del mundo es tolerable un crítico puertas adentro de la usina electoral.
Subsidiar productos agropecuarios con fuerte incidencia en la canasta familiar fue la alternativa a seguir acotando la exportación y con ello desalentando al sector, especialmente en algunos productos, como la harina, que tiene un fuerte poder multiplicador en los precios de toda la cadena: pastas secas, pollo, pan, etcétera. Paganini. Pero para ello debían encontrar un auspiciante, un producto al cual cobrarle algo y que no proteste demasiado. La elección del “paganini” fue cantada: la supersoja, estrella del boom agropecuario de la última década, con muy baja incidencia en la formación de precios domésticos y en un momento de precios espectaculares. Las cuentas oficiales hablan de entre US$ 400 millones y US$ 500 millones que se podrían obtener fácilmente incrementando las retenciones que pesan sobre el sector, sin alterar demasiado el acosado superávit fiscal. A diferencia de otras industrias, la sojera tiene como comprador casi absoluto al mercado globalizado. En la última década fue desplazando a cultivos tradicionales, y quedó como líder exportador.
Que los “ganadores” solventen a los “perdedores” es un clásico de la política económica. Pero para eso se necesitan tres condiciones, según Nicholas Kaldor (1908-1986)(1), el economista que más insistió sobre este tipo de mejoras en los términos de bienestar: 1) que los “perdedores” y “ganadores” fueran fácilmente identificables; 2) que los “ganadores” toleren o al menos no obstaculicen resignar posiciones a manos de los “perdedores” y 3) que exista un gobierno que pueda ejecutar tal operación sin más vueltas. Por ahora, estas premisas se mantienen, sólo que quedan dudas acerca de si entre las retenciones adicionales y los fondos que lleguen a molineros, por ejemplo, no se produzcan pérdidas en el camino: US$ 500 millones son tentadores para demandantes de fondos para políticas de “alto impacto social”, valga, electoral.
La confesión de Felisa Miceli de que su objetivo no es el control de precios sino el de la rentabilidad empresarial es tan diáfano como impracticable sin un debate. Poner un precio máximo o evitar que el dólar caiga de otro nivel es más fácil que determinar los beneficios de un sector, y más aún, de una empresa en particular.
¿No cobra acaso el Estado un impuesto a las Ganancias, asociándose cuándo les va bien? Y si no fuera suficiente, ¿cómo evaluar el riesgo de una operación o calcular el impacto de la no-competitividad de la economía en la necesidad de una tasa de rentabilidad mayor? Si revisamos la encuesta de competitividad del World Economic Forum(2), el Gobierno tiene mucha tarea pendiente en la materia.
Una mejora en dichos servicios podría liberar recursos de las compañías para, incluso, acercar más fondos a estas cruzadas solidarias. O recurrir a la más efectiva receta contra las rentas empresariales: la apertura y la desregulación económica, en las que los “ganadores” podrían ganar más o perderlo todo, aunque el Gobierno perdería indefectiblemente su poder controlador y todo lo que conlleva, para que otros ganen más.
(1) http://janus.lib.cam.ac.uk/db/node.xsp?id=EAD%2FGBR%2F0272%2FPP%2FNK
(2) http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm