La noticia que trajo la devaluación de enero, y el apretón monetario que le sucedió, es que el Gobierno parece estar dispuesto a ponerse al frente del ajuste y no esperar a que se imponga solo. De hecho, con este cambio de timón las autoridades están contrayendo fuertemente la oferta de dinero, que crece algo por debajo del 20% anual, mientras que la inflación está por arriba del 30%, con lo cual la oferta real de dinero está contrayéndose en términos reales más de 10%.
Pero, además, el Gobierno acompañó el cambio en la estrategia monetaria/cambiaria con una serie de medidas, como la flexibilización del cepo para dar lugar a cierto atesoramiento, la reducción en la posición neta de dólares de los bancos, la suba de los encajes para los depósitos en moneda extranjera y el acuerdo con las cerealeras para que liquiden la cosecha en stock. Con esto se logró planchar el dólar en el mercado oficial y reducir la cotización del paralelo, al tiempo que las reservas dejaron de caer.
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Pero si alguien está pensando que el trabajo sucio ya se hizo, está lejos de la realidad. Las medidas adoptadas son sólo el puntapié inicial. Es que, si bien los cambios recientes observados en la política monetaria/cambiaria apuntan en la dirección correcta, de ninguna manera implican que el ajuste ya esté hecho. En otras palabras, éste es el primer acto, no la obra entera.
Para explicarlo puede resultar útil recordar una identidad macroeconómica básica que establece que la suma de los superávits del sector privado (ahorro menos inversión), del Gobierno (ingresos menos gasto primario) y del sector externo (para simplificarlo, exportaciones menos importaciones de bienes y servicios) deben ser cero. Lo que también se puede expresar como que el déficit de cuenta corriente tiene que ser igual a la suma de los déficits privado y público.
La devaluación de enero y el resto de las medidas adoptadas apuntan a disminuir el déficit de cuenta corriente para frenar el drenaje de reservas (al no existir prácticamente financiamiento externo). Pero, dada la fórmula, para ello debe disminuir el déficit privado o el del Gobierno, o ambos.
Hasta ahora, sin ninguna señal desde el Tesoro, y en particular en lo que refiere al ajuste de tarifas, el déficit fiscal estuvo subiendo. Y en la medida en que esta corrección no se instrumente, no se puede esperar que ese rojo caiga, a menos que se ajusten los salarios públicos o el gasto social muy fuerte (lo que no parece probable dado el costo que tendría en materia de conflictividad social). Así, necesariamente el peso del ajuste hoy parece estar sobre el sector privado. Pero este sector lucha por evitarlo. Y el campo de batalla está bien determinado: las negociaciones paritarias, donde se define el ajuste del poder adquisitivo, en términos reales y de dólares.
La cuestión de quién paga el ajuste no resulta para nada trivial. De ello dependerá en gran parte el escenario que enfrentemos en el futuro cercano. Es que si el Gobierno no ajusta su déficit, va a ocasionar un crowding out muy fuerte del sector privado, dado que deberá seguir emitiendo para financiarse, y para que la oferta monetaria no aumente sin control tendrá que hacer un gran esfuerzo por esterilizar los pesos excedentes (acelerar la colocación de Lebac o aumentar el efectivo mínimo requerido a los bancos). Esto hará subir las tasas de manera significativa, ya que si la oferta monetaria no sube y el financiamiento al Gobierno sí lo hace, entonces el que se queda sin crédito es el sector privado. Así, este sector deberá ajustar sus decisiones de inversión y/o consumo, la única manera en la que puede generar un superávit, y pronostica un escenario recesivo.
En otras palabras, ¿cuál sería el mejor escenario? Que las autoridades emprendan una corrección de tarifas con un programa antiinflacionario efectivo, de forma de minimizar el efecto inflacionario de la corrección. De esta forma se ajusta el sector público quitando presión sobre el privado, al no necesitar emitir tanto para financiar el déficit. O sea, se libera crédito para el sector privado y se establecen las condiciones para una pronta recuperación. Y, además, con la corrección de tarifas la economía resolvería uno de sus mayores desbalances, la distorsión del precio relativo de la energía. ¿El Gobierno estará dispuesto a pagar la fiesta?
