El 19 de junio Estados Unidos abandonó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una organización a la que caracterizó como “hipócrita”. Al día siguiente la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, responsabilizó a 18 organizaciones por la decisión, entre ellas Amnistía Internacional, Conectas Direitos Humanos, Human Rights Watch y el CELS. En una carta nos acusó de actuar de forma destructiva al oponernos a su propuesta de reforma del Consejo, que cuestionamos porque podría debilitarlo.
Le respondimos en conjunto y el CELS le envió una carta propia en la cual condenamos la retirada de su país del foro multilateral más importante de derechos humanos en un contexto internacional de creciente nacionalismo, xenofobia y represión de la sociedad civil. De hecho, esas dinámicas se ven en Estados Unidos, donde se han tomado medidas preocupantes que debilitan la protección de los derechos humanos.
Para nombrar algunos ejemplos, pocos meses después de asumir la presidencia, Trump anunció que Estados Unidos saldría del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático con el fin de “proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos”.
Con un espíritu similar, en diciembre de 2017, Washington se fue del Pacto Global para las migraciones de la ONU, un proceso intergubernamental sin precedentes en esa materia. En ese momento la embajadora Haley indicó: “Nuestras decisiones sobre políticas de inmigración deben ser realizadas siempre de manera exclusiva por los estadounidenses”.
Este año la administración Trump se retiró del pacto con Irán sobre el control de armas nucleares, acordado por China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea e Irán. Trump lo describió como un “trato horrible, unilateral” y restableció las sanciones nucleares de su país sobre Irán, advirtiendo que “si el régimen continúa sus aspiraciones nucleares, tendrá más problemas que nunca”.
Esa amenaza hizo recordar a una anterior, cuando el mandatario dijo que “no descartaba la opción militar” como respuesta a la crisis en Venezuela. En lugar de intentar consensuar una respuesta multilateral, el gobierno estadounidense una vez más recurrió a declaraciones altisonantes, reviviendo el fantasma de sus intervenciones militares en América Latina.
Por otro lado, se designó como directora de la CIA a una funcionaria que dirigió una cárcel secreta en Tailandia, donde los detenidos fueron torturados y ayudó a encubrir las prácticas de tortura.
Finalmente, la política de “tolerancia cero” hacia la entrada irregular de las personas a Estados Unidos ha provocado una crisis humanitaria por la separación de alrededor de 2 mil niños y niñas de sus padres en tan solo seis semanas. Si bien una orden ejecutiva suspendió la política de separación de familias, el gobierno indicó que detendrá a todas las familias con niños, aun cuando buscan asilo, en violación de sus obligaciones internacionales.
Para la Argentina, el sistema universal de derechos humanos ha sido clave para la defensa de nuestros derechos a lo largo del tiempo. Naciones Unidas jugó un papel importante al denunciar a la última dictadura y su práctica de desapariciones forzadas. Hoy, en el contexto de un debate legislativo histórico, organismos de la ONU han recomendado que se legalice el aborto para garantizar los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
Al retirarse del Consejo de Derechos Humanos, Estados Unidos da la espalda no solo a la ONU sino también a las víctimas de violaciones en todo el mundo. Las priva de un foro para defender sus derechos que puede ser su última esperanza, incluso víctimas de regímenes que Washington condena como violadores de derechos humanos. Es así evidente que la decisión está muy lejos de cualquier esfuerzo genuino de prevenir y reparar violaciones.
*Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
**Directora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS.
