La semana que pasó fue muy dura para los docentes universitarios de todo el país, quienes (luego de dieciocho meses de salarios congelados) recibieron una oferta del Ministerio de Educación en la Mesa Nacional de Negociación Salarial (MNNS) consistente en un aumento escalonado en tres cuotas: 16,5% desde julio (a cobrar en agosto), 5% desde septiembre (a cobrar en octubre) y 5% desde noviembre (a cobrar en diciembre), hasta junio de 2015 y sin ningún retroactivo.
En consecuencia, el plenario de secretarios generales decidió el viernes 13 en Tucumán un paro nacional en todas las universidades (y colegios universitarios) desde el sábado 14 hasta el próximo lunes 23, cuando el Congreso de la Federación evaluará el estado de la negociación y decidirá los pasos a seguir.
El ofrecimiento salarial realizado por el Gobierno resulta ofensivo para los docentes, cuya función no se agota en la preparación y el dictado de clases, sino que involucra también la investigación académica, la participación en programas de extensión, el dictado de cursos en prisiones, la tutoría de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y una creciente carga de tareas administrativas, todo eso entre febrero (cuando comienzan las mesas de exámenes) y hasta muy entrado diciembre.
Es por eso que, teniendo en cuenta el congelamiento salarial y la creciente pérdida del poder adquisitivo, los gremios reclaman un aumento del 40% y un mínimo de $ 8 mil para el cargo testigo.
Lo que está en juego es demasiado: la supervivencia del sistema de formación superior. Porque si los camioneros y otros gremios (industrias de la alimentación, aceiteros, indumentaria, plásticos y farmacia) consiguen aumentos superiores al 30% anual, resulta obvio que más temprano que tarde quienes trabajamos en la Universidad comenzaremos a revisar nuestras vocaciones. Yo tengo registro y me gusta la ruta. Denme un camión y conquistaré el mundo.
