Las políticas públicas deben tener una participación activa en los procesos de urbanización, ante la especulación del mercado y frente a las transformaciones del territorio que menosprecian el derecho al hábitat digno. El agravamiento de la intensidad de las tormentas y las mayores superficies afectadas por inundaciones responden a los impactos del cambio climático. Pero la localización casi sin control de barrios cerrados, de centros logísticos, parques industriales y otros grandes emprendimientos que ocupan áreas ambientalmente frágiles modifica la topografía y los escurrimientos naturales. Esto acentúa las consecuencias negativas del impacto del clima. Entonces, la cuestión de fondo es si lo que prevalece en la construcción del paisaje urbano es el mercado o el Estado.
Este fenómeno no afecta a todos con la misma intensidad ni todos influyen en él de la misma manera. Los efectos de las inundaciones más graves e importantes se producen en las cuencas bajas de los ríos y arroyos, y afectan principalmente a los hogares más pobres. La población más vulnerada, en efecto, es relegada a las zonas de menor calidad ambiental y mayor riesgo hídrico por la combinación en simultáneo del funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario y la débil capacidad de regulación estatal de los usos y ocupación del suelo.
Un ejemplo de lo dicho lo constituye la construcción del emprendimiento inmobiliario Venice, en el municipio de Tigre. Existe una demanda contra este proyecto porque los rellenos y las obras afectarían la habitabilidad del barrio lindero, El Garrote, donde viven cerca de 800 familias en situación de alta precariedad. La empresa demandada, TGLT SA, se negó a presentar la documentación y al análisis público de ejecución del proyecto. En otro caso, el grupo Techint, en la ribera de Avellaneda y Quilmes, construye un emprendimiento denominado Nueva Costa del Plata, que eliminará los bosques ribereños y humedales, y agravará las consecuencias de las inundaciones en la zona y, por consiguiente, la ya precaria situación de las familias de escasos recursos. En estos supuestos, como en otros, la gestión del suelo y su impacto en los cursos de agua se encuentran en manos de actores privados, mientras que los diversos actores estatales en todos los niveles observan, consienten u omiten intervenir.
Los procesos de segregación espacial y social y de vulneración sistemática de derechos se han intensificado. Sin embargo, el acceso desigual a un hábitat digno no ha sido planteado como cuestión principal en la agenda pública y sólo aparece resaltado cuando se producen desastres socioambientales, como ocurre en estos días en la provincia de Buenos Aires. Muy por el contrario, frente a la arrolladora acción de los agentes del mercado, la formulación de las políticas públicas ha mantenido una visión sectorial de los problemas urbanos y ambientales: muchos organismos públicos diferenciados y con una escasa articulación entre sí, que debilita su acción.
Desde una perspectiva de derechos humanos, las políticas territoriales y ambientales son una función pública indelegable y tienen que imponerse a los intereses particulares para poder garantizar el cumplimiento de esos derechos. Se hace imprescindible asumir que el problema tiene múltiples abordajes y responsables (tanto en el ámbito nacional como en el provincial y local) y que el desarrollo territorial no puede ser conducido por el mercado. Así, un proceso de desarrollo territorial centrado en derechos no es un problema de índole técnico que se pueda resolver con instrumentos tecnocráticos. Se trata de un problema esencialmente político: que el territorio sea objeto de la política y de liderar un modelo de desarrollo que cambie sustantivamente las tendencias. La posible implementación plena de la ley de acceso justo al hábitat en la provincia de Buenos Aires, a través de una decidida acción pública, puede colaborar en desactivar procesos del mercado que agravan y perjudican a los sectores vulnerables.
*Director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.
