El conflicto desatado por la fallida adquisición de las vacunas de Pfizer, para cuya investigación fue la Argentina el país que mayor cantidad de voluntarios aportó para sus ensayos, llegó a su punto más controversial esta semana.
Mucho se habló de las garantías que exigía el laboratorio en su contrato y que, según dichos del propio Alberto Fernández, “no firmó porque lo ponía en una situación muy violenta de exigencias”. Todo se desmadró cuando el titular del Fondo Covax, Santiago Cornejo, aseguró en una reunión virtual organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que nuestro país había rechazado esas vacunas. El Gobierno salió al cruce de sus dichos, y el propio Cornejo tuvo que recular y desmentirse en menos de 24 horas con declaraciones y notas que, como siempre ocurre en estos casos, más que aclarar, oscurecieron.
¿Pero más allá de la foto del Presidente con Fernando Polak, tuvo Argentina la intención de negociar con Pfizer como primera opción? Todo indica que no.
El 29 de octubre de 2020, el Senado de la Nación aprobó la Ley N° 27573 de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el Covid-19, que luego el Poder Ejecutivo de la Nación promulgó mediante el Decreto N° 872/2020. Las garantías de indemnidad o cláusulas de inmunidad fueron los puntos más conflictivos de la ley, incluso señalados como objeto de la discordia para que se haya caído el acuerdo de compra con Pfizer. Luego apareció la palabra “negligencia” introducida por la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, término que bien podría haber sido enmendado en el marco legislativo si en lugar de tratar de explicar lo inexplicable hubiese habido voluntad de avanzar. Aún nada de esto ha ocurrido.
Volviendo al fondo Covax, debemos recordar que Argentina recibió a fines de mayo 204 mil dosis de AstraZeneca adquiridas por el gobierno argentino a través de ese mecanismo. El contrato entre las partes tiene cláusulas de inmunidad y exigencias de renuncia a los derechos de reclamo que son muy duras y están perfectamente explícitas. Veamos su cláusula de inmunidad:
“El comprador –el Estado argentino– renuncia, expresa, incondicional e irrevocablemente, con respecto a sí mismo y a sus activos, a cualquier derecho de inmunidad bajo las leyes de cualquier jurisdicción sobre la base de la soberanía o de otra manera que pueda existir ahora o en el futuro, y acuerda no hacer valer ningún derecho o reclamo en ninguna acción o procedimiento legal, donde sea que ocurra dicha acción o procedimiento.
Esta renuncia incluye la renuncia a cualquier derecho de inmunidad soberana en cuanto al Comprador y cualquier propiedad suya, ya sea comercial o no comercial, incluida cualquier cuenta bancaria que pertenezca al Comprador”.
Luego de leer estas exigencias y de conocer la posición argentina respecto de las condiciones de Pfizer, la pregunta que surge es sobradamente justificada y de sentido común: ¿Por qué el Estado argentino se preocupó de inmediato por los aspectos legales del contrato con el laboratorio estadounidense y no manifestó los mismos cuidados respecto de la cláusulas de inmunidad de AstraZeneca?
Hasta el momento, nadie del Gobierno dio ninguna explicación con fundamentos de peso para esta preferencia.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tuvo un deslucido papel durante el informe de gestión que brindó en el Senado. Sus expresiones, su tono y las chicanas hacia la oposición y los medios son parte del repertorio habitual de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces. En la previa las respuestas que dio por escrito hicieron agua respecto de la preparación del sistema sanitario para afrontar la segunda ola a pesar de tener el espejo de Europa y conocer los detalles de lo que vendría. Hoy las vacunas son para el Gobierno sinónimo de votos para la pelea política en las elecciones de medio término.
“Cuando esta pesadilla termine, cada uno deberá hacerse cargo”, dijo con tono admonitorio. Es el mismo tono y la misma actitud desafiante y provocadora que habitualmente utiliza Axel Kicillof, tal como se vio en el anuncio que hizo el viernes sobre la vacuna Covaxin producida por el laboratorio Bharat Biotech de la India.
Allí aprovechó para despotricar contra todos. Nada que sorprenda, sobre todo si se analiza la sustancia del anuncio. Ahí se ve que la llegada de estas vacunas está sujeta a las siguientes condiciones:
1 - Estar aprobada por la Anmat.
2 – Tener permiso de exportación de la India.
2 – Tener disponibilidad del laboratorio.
4 – Ver el calendario nacional, porque, según dijo el gobernador bonaerense, “en este momento tenemos mucha disponibilidad de vacunas (sic)”.
Como se ve –una vez más– mucho ruido y pocas nueces.
Uno y otro parecen no advertir que el primero que deberá hacerse cargo de los devastadores efectos de los errores cometidos será el Gobierno. No importa cuánto griten sus funcionarios, no importa cuánto descalifiquen, no importa cuánto insistan en cargarles las culpas a los otros, nada ni nadie podrá tapar el sol con las manos. El vacunatorio vip, las promesas de llegadas de vacunas incumplidas, las vacunas no compradas, las contradicciones entre los funcionarios, la lentitud en el ritmo de vacunación, la incertidumbre en la aplicación de la segunda dosis, y promesas de mejoras significativas para el personal de salud que nunca llegaron son hechos irrefutables. Recién ahora asoma un horizonte de esperanza con el comienzo de la producción de la vacuna Sputnik V y la llegada de más vacunas del programa Covax y de AstraZeneca. Pero, en este largo camino se perdieron miles de vidas. En los últimos veinticuatro días, diez mil. Son muertes que se podrían haber evitado de haber habido vacunas. Es la dolorosa verdad.
Producción periodística: Santiago Serra.
