Fue una de las semanas más difíciles que vivió el Gobierno en este primer año de gestión. En la cima del poder, el Presidente tomó conciencia de lo que hubiera significado la aprobación por parte del Senado del proyecto de modificación del mínimo no imponible a los sueldos. Lo que estaba en juego era la gobernabilidad. Poner freno a una inercia que ponía tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales sobre un Titanic rumbo a su iceberg requirió una tarea laboriosa de parte de funcionarios claves y de referentes tanto de la oposición como de la dirigencia sindical. “Llegás tarde pero igual te voy a ayudar”, le dijo Hugo Moyano a Mauricio Macri en el encuentro a solas que tuvieron en la mañana del miércoles en Olivos.
El proyecto oficialista era amarrete con los mínimos no imponibles. El Gobierno cometió dos errores políticos: mandarlo al Congreso sin cerciorarse sobre la viabilidad de lograr su aprobación en un ámbito en el cual es minoría; y negarse a cualquier negociación. “La soberbia del poder es así”, reconoce una voz desde la cercanía de Macri.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, fue otro de los hombres que jugaron un rol de importancia en esta trama. Nadie encuentra una explicación lógica acerca de por qué el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, no le asignó un protagonismo mayor, por los números que aportó en la tensa reunión que mantuvo con los senadores de la Comisión de Presupuesto, en la que el dominio del Frente para la Victoria (FpV) es contundente. De igual importancia fue el encuentro que Abad mantuvo con la CGT.
Cuando los gobernadores supieron lo que les iba a costar la aventura que representaba el proyecto fogoneado por Massa y Kicillof, tomaron conciencia del perjuicio que representaría para sus administraciones. De ahí devino la importancia de la autoconvocatoria de nueve mandatarios provinciales que presionaron para frenar el proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Ya antes, la insólita fe de erratas presentada por el inefable ex ministro de Economía de CFK, mediante la cual reconoció que sus cálculos se habían equivocado en $40 mil millones, había encendido las luces de alarma tanto en el FpV como en el Frente Renovador. El jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, fue otro de los protagonistas decisivos de esta historia que le dio oxígeno al Gobierno. No le fue fácil. Debió lidiar con la impericia del oficialismo, por un lado, y con las intrigas internas, por el otro. En esas arenas estuvo la influencia de Cristina Fernández de Kirchner, embarcada como fogonera de cualquier iniciativa que represente un obstáculo para la gestión de Macri.
Diálogo. La negociación está abierta. Se está discutiendo con el objetivo de acercar posiciones entre el Gobierno y la CGT, cuyo papel es clave. Hay dos restricciones muy fuertes: la primera es la disponibilidad de recursos, aspecto sobre el cual desde el Poder Ejecutivo ha bajado una orden muy fuerte: no se puede seguir aumentando el déficit fiscal. La segunda es que este proyecto tiene un conjunto de impuestos que atacan gravemente la inversión.
Lo que hoy es malo para el oficialismo lo será también para el gobierno próximo.
Esto ha sido el producto de una mezcla de picardía con perversidad. En lo que pretendió ser una muestra de astucia, Kicillof vio la oportunidad de meterle un toque de perversidad al proyecto y buscó afectar tanto el blanqueo como el proceso de inversión. En eso, el Presidente ha tomado la decisión de no ceder; no quiere que haya más impuestos, y mucho menos impuestos que puedan complicar las inversiones. En el Frente Renovador hay quienes hacen otra cuenta: piensan que gravando las exportaciones agrícolas con un 10% –por única vez– estaría la plata para hacer frente a los costos fiscales del proyecto aprobado en la Cámara baja. Algunos gobernadores han sido razonables, además de porque no necesitan perder más plata, es porque necesitan mucho la inversión. Después de Jujuy, La Rioja tiene proyectos importantes de energía solar, por ejemplo.
“Queremos algo consensuado pero con estas restricciones. El impuesto sobre el juego lo aceptamos, ahí hubo una mano sucia que se metió”, explica un legislador del riñón de Cambiemos.
La CGT es otro de los estamentos en los que todo este proceso viene dejando secuelas. Hay en ese universo dos protagonistas claves: Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Las aguas están revueltas por allí. Una muestra es el paro del transporte de mañana lunes. “Más allá del rol que hayan podido jugar Barrionuevo y Moyano, queremos dejar en claro que el estado de asamblea dictado para el lunes por los gremios del transporte es una medida fortísima”, señala una voz relevante del sindicalismo que reconoce que hubo impericia de la parte del triunvirato cegetista ligada al massismo, y agrega: “Nosotros queremos una ley votada antes de fin de año. Pero la pata del Frente Renovador terminó mareada por los vaivenes políticos. Aceleraron al principio y luego terminaron cediendo para capitular en las reuniones con el oficialismo. Hay malestar con ellos en esta parte de la CGT. Por eso no vamos a ceder en la medida del lunes que, en la práctica, implicará un parate casi total”.
La Argentina exhibe datos que la dirigencia política en general desatiende. Cuesta entender que no se hayan dado cuenta de que lo que está faltando es una reforma tributaria integral, sensata y realista. Cuesta entender que no hayan comprendido que, sin esa reforma, las dificultades acecharán a cada nuevo gobierno, que lo que hoy es malo para el oficialismo de turno lo será también para el del turno siguiente. Es lo que expresa con total claridad e indubitable contundencia el “teorema de Baglini”, que parece que nadie ha aprendido. Consecuencia de ese entendimiento es esta falencia estructural de la Argentina que, además de perjudicar la gestión de cualquier gobierno, afecta a la ciudadanía.
“No hace falta un gobierno perfecto; hace falta uno que sea práctico” (Aristóteles).
Producción periodística: Santiago Serra.
