La crisis de la salud es un tema recurrente en el país de difícil solución. Este año el problema del Hospital Garrahan, al que se sumó el Hospital Posados y antes el Bonaparte, son muestras de la crisis que persiste porque no se resuelve. El Ministerio de Salud acaba de crear una nueva unidad de la cual ahora dependen todos los Hospitales Nacionales, además, intervino el Garrahan designando un interventor que responde a las autoridades, cambió el sistema de residencias entre otras medidas, pero éstas no son la solución, apenas parches que solo permiten sortear las emergencias. La postergación de la solución de estos problemas tiene consecuencias graves, presentes y futuras. A nivel institucional se desgastan y acaban destruyéndose equipos médico-técnicos de alta calidad como los del Garrahan. La consolidación de esos equipos llevó años construirla y es muy difícil de reconstruir. Esto deteriora los servicios de salud públicos de alta calidad que aún existen. Sus integrantes tienden a emigrar del país en búsqueda de mejores condiciones. Ya no emigran al sector privado como lo hicieron antes, ahora se van al exterior. Se pierden profesionales que llevó años entrenar y lograr su excelencia. Esto agrava la falta de médicos que existe en áreas básicas.
La crisis del sector público de la salud se agudizó a partir de la asunción del gobierno de Milei con el achicamiento del Estado y la retirada progresiva del mismo en el área de la salud, como en otras. En las declaraciones, el ministro de Salud abiertamente indica que es responsabilidad de las provincias, que el Ministerio solo es responsable de las normas y la regulación de las funciones. Esto no es nuevo, siempre fue así porque es lo que fija la Constitución Nacional, lo que cambió es que existen Programas Nacionales que plantean la colaboración del gobierno nacional con las provincias, colaboración que en general se refiere a la capacitación del personal, dictar normas y complementar o directamente asumir la provisión de insumos necesarios, esto tampoco es novedad, ya que el Programa Materno -Infantil, uno de los más antiguos, tuvo siempre esa estructura funcional. La evolución del conocimiento y la tecnología hizo crecer estos programas. Las provincias no piden a la Nación, reclaman el cumplimiento de leyes nacionales y el desarrollo de esos programas. Esto tiene un sentido importante que es la compensación de déficits debidos a la diferente situación económica de las provincias que producen variaciones en el cumplimiento de la atención, limitando que el derecho de la ciudadanía sea igual en todo el país. Esta asimetría en la cobertura en cantidad y calidad de los servicios para la salud es algo inaceptable, en el marco del reconocimiento de la salud como derecho humano, basándose en excesos y mal uso de recursos que existen por parte de las provincias en el manejo de estos, el gobierno nacional en el área de la salud incumple las leyes, algo que no se justifica. De esta forma los perjudicados son la ciudadanía y especialmente los que solo tienen cobertura pública, que según la estructura laboral actual son más del 50% de la población. A esos que solo pueden acceder a los servicios públicos de salud no se le garantiza el derecho a la salud, establecido en la Constitución Nacional. Esto no es algo que al gobierno Milei le importa, por eso se retiró de algunas áreas de Naciones Unidas como el cumplimiento de los compromisos asumidos en 2015 frente a la Agenda 2030, que fija las metas a cumplir en el 2030 para garantizar a la ciudadanía sus derechos, entre ellos el derecho a la salud. La salud como derecho humano debe ser garantizada para todos los habitantes del país en su máximo nivel posible de complejidad y calidad. Anualmente los países en el Foro Político de Alto Nivel revisan los Objetivos de Desarrollo Sustentable –ODS– e incluso presentan informes voluntarios sobre su seguimiento. Este año se reunió el Foro y revisaron tres ODS claves: sobre salud, sobre empoderamiento de las mujeres y sobre trabajo. Es triste ver la silla de Argentina vacía, pero es más triste que se está incumpliendo un compromiso internacional que permitiría al país y a toda su ciudadanía mejorar el acceso a estos derechos.
Cuando el año pasado Argentina anunció que se retiraba lo justificó porque el Gobierno no reconoce el derecho a la igualdad de género que la Agenda plantea. Sin embargo, lo hizo por muchos otros aspectos como vemos este año al revisar el ODS 3 sobre salud y el 8 sobre trabajo. Como en otros temas acompaño la posición del gobierno de EE.UU. liderado por Trump, que no reconoce derechos y que, si bien se retiró formalmente, o sea no asiste a la reunión, continúa participando en las negociaciones sobre el documento a aprobar y promueve, en general con éxito que se bajen las aspiraciones y se apruebe apoyo y no compromisos reales. Argentina acompaña esa actitud. En consecuencia debemos recuperar el derecho a la salud para todos, esto no es populismo es cumplir la Constitución Nacional.
