Primero se nos dijo que la comunicación iba a ser directa, sin la mediación de la prensa, y no dijimos nada. Después se cancelaron las conferencias de prensa y nadie se escandalizó. Más tarde se vivió como natural que la publicidad oficial se utilizara para hacer campañas electorales y premiar a los amigos políticos. Ese legado antidemocrático que confunde prensa y propaganda reduce al periodista a un simple escriba, cuando no a un “operador” político, que sustituye al otrora más odioso “servicio” que vendía “carne podrida”. Sucede que la dictadura de la unanimidad contaminó a la prensa con espías o propagandistas disfrazados de periodistas. Esos sí, mercenarios de la información y, por eso, prostitutas. Una distorsión que la democracia aún no erradicó.
¿Por qué habríamos de tener conciencia del valor de la prensa como constitutiva del sistema democrático en un país atravesado por medio siglo de propaganda oficial y de partes de prensa redactados en los despachos, alejados de las redacciones? Con escuelas de periodismo que confunden, también, la información con la comunicación, sin distinguir que, al menos en el deber ser, la información no es una mercancía pero tampoco puede ser propaganda gubernamental. Empachados de dogmatismos, todavía, muchos ven las libertades como valores burgueses sin advertir que las democracias hoy son sociales desde que incorporaron los derechos humanos como filosofía y normativa constitucional. Una concepción ajena a nuestra tradición política autoritaria. Pocos recuerdan que en los inicios de la democratización, cuando alguien daba su opinión, era descalificado por los mismos colegas como “opinador”, sin advertir el carácter antidemocrático de la observación. Lo mismo cuando desde la soberbia de la academia se juzgaban las opiniones con la pregunta: ¿desde qué lugar hablás? Como si existieran lugares virtuosos o superiores, como la Universidad, para jerarquizar o dar autoridad a una opinión, sin reconocer que el derecho al decir, base de la libertad de expresión, no depende de la profesión. Es un derecho universal inherente a la persona. Por eso, sólo demanda respeto, sin caer en la tentación autoritaria de subestimarla o tutelarla.
Los espías que otrora plantaban información mentirosa parecen reciclados bajo la forma de operadores políticos. Y es probable que los que creían que la opinión es patrimonio sólo de la academia sean los mismos que invalidan las opiniones ajenas con descalificaciones personales que actúan como una perversa y sutil censura, sobre todo cuando se ejerce desde los medios estatales.
Al final, quien tiene ganas de verse agraviado, burlado, descalificado, cuando contraría la opinión de los que desde los medios estatales patrullan con vara moral dogmática las opiniones ajenas cuando no coinciden con las propias. Efectivamente, existe libertad, pero decir lo que se piensa se ha convertido en un acto de coraje, no la condición indispensable para ejercer la honestidad intelectual.
Vale entonces definir las funciones para demandar, luego, perfiles de idoneidad acordes a la función. Es obligación del director de la agencia estatal garantizar el acceso a la información pública, no hacer propaganda electoral de los gobernantes. Cuando se trata de los periodistas, la única militancia posible es la de la libertad, el insumo básico de la prensa porque lo que es de interés público es la información, no el papel. Cualquier otra interpretación es una confesión descarnada de la concepción antidemocrática que la sustenta. Por eso, los periodistas que se precien como auténticos defensores de la libertad no pueden omitirse cuando se equipara la profesión con la prostitución. Quien no aprecia la libertad reacciona como esclavo y lo que es más grave: cree que todos los otros son esclavos.
*Senadora nacional por Córdoba. Periodista. Escritora.
