El narcotráfico en Latinoamérica tiene diferentes etapas de penetración de acuerdo con el país que analicemos. Colombia, por ejemplo, empieza a salir de una situación de posconflicto y trata de reorganizar su sociedad, aunque para eso en los últimos siete años encarceló a 25 mil miembros de carteles de drogas a partir de la acción del sistema judicial.
En un segundo estadio de confrontación abierta con la criminalidad organizada se encuentran México, que lleva unos 136 mil muertos por el narcotráfico, y Brasil, donde hay una penetración significativa de las organizaciones de tráfico al punto de transformarse en el segundo consumidor mundial de cocaína detrás de Estados Unidos. Si bien viven situaciones distintas en lo político, afrontan un conflicto abierto que no se sabe cómo terminará.
La Argentina, en tanto, se encuentra en un tercer estadio de preconflicto con un escenario embrionario en cuanto al tamaño de las bandas de narcotraficantes que operan en el territorio. Sin embargo, la tendencia de los últimos veinte años es negativa, porque circula mucha más droga (unas 120 toneladas de cocaína por año), aumentó el consumo (2,9% de la población de entre 15 y 64 años lo hace, lo que representa el tercer nivel más alto de América Latina) y hay producción local (es, después de Brasil, el segundo país en el mundo con más laboratorios excepto las naciones productoras). El 67% de los laboratorios descubiertos entre 2000 y 2009 se encontraron en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, si no se toman medidas, la etapa en la que nos encontramos se agotará en pocos años.
El problema más preocupante de la criminalidad organizada es su tendencia a la captura del Estado por parte de estos grupos con gran capacidad de dinero y poder de corromper funcionarios públicos. José Ramón Granero, ex zar antidrogas entre 2004 y 2011, fue procesado por su presunta responsabilidad al autorizar la importación de efedrina que luego era derivada al mercado ilegal de metanfetaminas. Además, existen problemas severos en cuanto al financiamiento ilegal de la política que llegan hasta lo más alto del poder, y cúpulas policiales que fueron desplazadas por sus nexos con el narcotráfico en Córdoba, Santa Fe y en casos de la provincia de Buenos Aires.
Hay una agenda de salida de la penetración del narcotráfico. Por eso es prioritario crear una agencia nacional de investigaciones complejas con competencia primaria en la centralización de información y acciones operativas contra la criminalidad organizada; implementar mecanismos como el de extinción de dominio, que permite la confiscación de los bienes de los narcotraficantes por parte del Estado mientras se sustancian investigaciones de lavado de dinero, que son más lentas; aplicar políticas de contención de la violencia en los barrios afectados por el narcotráfico para impedir que las bandas tomen el control total y se transformen en mini-Estados; poner fin al financiamiento ilegal de la política; combatir el lavado de dinero –sólo cuatro sentencias se dictaron por este delito–, y reformar las fuerzas policiales corrompidas por el narcotráfico.
En este contexto, la creación de las policías municipales en la Provincia parece ser una reacción inadecuada. Días atrás, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en medio de la crisis institucional generada por la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, decidió terminar con estas fuerzas, consideradas en muchos casos el primer cordón de seguridad que tenían a sueldo los narcos. Nos encontramos, entonces, copiando las peores medidas de seguridad tomadas por países que, como consecuencia de políticas desacertadas, viven una confrontación abierta contra el narcotráfico. Se avanza en darles más poder a policías con altos niveles de corrupción. Sólo falta saber si esta combinación es resultado de un Estado negligente o cómplice del crimen organizado.
*Profesor en la Universidad de San Andrés; @afohrig.
