Después de una década de crecimiento económico a tasas elevadas y buenos precios para nuestras commodities, seguimos con altos porcentajes de pobres e indigentes, con familias que sobreviven gracias al asistencialismo o al empleo público no genuino, y con cientos de miles de jóvenes que no trabajan ni estudian. Este es el resultado de políticas poco acertadas con las que se manejó, desde el Estado, la relación entre distribución y producción.
La revolución industrial, motorizada por una “ética protestante” que según Weber imponía esfuerzos y austeridad al accionar de los empresarios, hizo posible un gran salto en la capacidad productiva de la economía; pero la ausencia de un Estado regulador llevó a que tanto ese proceso productivo como el distributivo quedaran librados a la voluntad de la empresa privada, lo que dio lugar a un nivel de explotación que Engels denuncia en La situación de la clase obrera en Inglaterra.
Con la Revolución Rusa de 1917 se sustituyó esa forma de producir y distribuir por otra que dejaba ambos procesos en manos del Estado. Esto llevó a un pobre desarrollo económico caracterizado por una producción insuficiente de bienes y servicios, los que sólo alcanzaron para una pobreza generalizada, igualitariamente distribuida. Todo sostenido por una dictadura política que no dejó espacio para las libertades individuales.
Cuando a mediados del siglo XX la socialdemocracia europea llega al poder, deja la producción en manos de la empresa privada, pero introduce la acción del Estado para asegurar una mejor distribución de la riqueza. Esta nueva relación entre ambos procesos da nacimiento al Estado de Bienestar en un espacio de democracia y libertades para todos.
Países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú o Uruguay, han optado por la lógica de esta última estrategia, mientras Cuba persiste en el modelo estatista que lleva a una igualación en la pobreza. Argentina por su parte se estanca y retrocede bajo el influjo de una cultura que, en aras de un “igualitarismo” ingenuo y de un consumismo cortoplacista, lleva a una política distributiva que no toma en cuenta las medidas que deben adoptarse para producirla. Cultura que si bien no apoya la socialización de los medios de producción, se manifiesta en conflicto permanente con la empresa privada sin tener en cuenta que ésta es la única que ha mostrado históricamente capacidad para generar empleo genuino y asegurar una adecuada producción de bienes y servicios.
La estrategia establecida por la socialdemocracia europea, que deposita en la actividad privada la responsabilidad por la producción de la riqueza, reserva para el Estado funciones fundamentales como: a) garantizar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones; b) proveer la infraestructura y la fuerza de trabajo calificada que se requiere para la producción; c) supervisar las relaciones laborales, la seguridad social y el nivel de salarios. De esta manera se crean las condiciones para un desarrollo competitivo y de alta productividad que, al crear empleo genuino y capaz de pagar buenos salarios, hace que parte del proceso distributivo se realice ya al interior del productivo. La otra parte del proceso distributivo la maneja directamente el Estado con los recursos que vía impuestos extrae del productivo; recursos que se ven incrementados por el menor número de personas que requiere de asistencia.
Queda abierta la discusión sobre los límites de la intervención del Estado en relación con los niveles salariales y la carga impositiva a las empresas. Pero no hay dudas que éste es el camino adecuado para encontrar una relación armoniosa entre la producción y la distribución, como ocurre en los países maduros. Tampoco hay dudas de que ese límite a la intervención estará dado, en cada circunstancia histórica, por la línea más allá de la cual se paraliza o se ahuyenta la inversión privada.
*Sociólogo. Club Político Argentino.
