Desde el retorno a la democracia en los países de América Latina, y con mayor énfasis en la última década, la problemática de los medios de comunicación en general y de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en particular no sólo fue tomando mayor visibilidad, sino que adquirió una centralidad inédita en el debate político.
Los primeros desarrollos teóricos y jurídicos en torno al concepto de democratización de las comunicaciones se remontan a fines de los años 70 y resultan inseparables del hito que implicó la publicación en 1980 del informe Un solo mundo, voces múltiples, realizado por la comisión presidida por el irlandés Sean MacBride, ganador del Premio Nobel de la Paz (1974), por encargo de la Unesco. Desde entonces las cuestiones en debate han ido variando, y se generaron diversas corrientes de pensamiento y discusión sobre el rol de los medios en las sociedades democráticas. Este proceso tuvo lugar en simultáneo con múltiples acontecimientos que lo atravesaron de manera directa, entre ellos cuestiones ligadas al contexto político global, como la caída del mundo bipolar y el apogeo de los gobiernos neoliberales en la región durante la década de 1990. Al mismo tiempo, fueron constituyéndose megacorporaciones periodísticas con intereses fuera de la actividad específica y proliferaron cadenas internacionales que hoy aparecen como grupos globalizados. Todo esto de la mano del desarrollo masivo de internet y la expansión de las redes sociales.
También se produjeron cambios de relevancia asociados con la consolidación de ciertos foros internacionales y sus agendas, en particular la conformación de las Relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Africana (UA), el reconocimiento de la diversidad cultural a partir de instrumentos internacionales de derechos humanos y la profundización de los llamados “estudios culturales”. La contracara de este fenómeno fue la creciente influencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la circulación de bienes simbólicos y la irrupción de nuevas políticas destinadas a regular las industrias culturales desde el paradigma del libre comercio.
En América Latina todos estos factores se combinaron con el advenimiento de gobiernos progresistas en los inicios del siglo XXI, frente a los cuales los grupos económico-mediáticos fijaron posición y llegaron, en muchos casos, a prohijar movimientos contra la vigencia del Estado de derecho, cuando no a participar activamente en ellos.
Si revisáramos qué era lo que se planteaba tres décadas atrás en torno a los estudios sobre libertad de expresión más allá de la experiencia fundacional pero aislada que constituyó la elaboración del Informe MacBride, sería difícil hallar algo distinto de las miradas de la llamada “tradición clásica”. Estas miradas oponían el paradigma de libertad de prensa –equiparada a libertad de empresa– frente a cualquier intento de intervención del Estado, mientras que toda actividad estatal en la materia era fácilmente desacreditada asimilándola a totalitarismos propios del bloque socialista, en un mundo todavía atravesado por la división Este-Oeste. Frente a esto, el informe introdujo por primera vez en el debate internacional las nociones de “pluralismo”, “diversidad”, “democratización de las comunicaciones”, “universalidad del derecho a la comunicación y del acceso a la información”, temas hasta entonces fuera de la agenda, con la sola excepción de lo que ocurría en las aulas de algunas universidades públicas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
En Latinoamérica, en tanto, entre mediados de los años 80 y principios de los 90 comenzaba el proceso de recuperación del orden constitucional y la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos en los países de la región. En estas democracias de transición, los tópicos debatidos atendían a las cuestiones más básicas, tales como casos de censura, secuestro de publicaciones, prohibición de películas o encarcelamiento de periodistas. Es decir, a problemáticas atinentes a la llamada “agenda clásica”. Recién a partir del año 2000 –con la declaración de principios del 100º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los primeros informes de la Relatoría Introducción 17 Especial– tomaron cuerpo los temas de una nueva “agenda ampliada”, que incorporó la universalidad del acceso, la problemática de la concentración, la distribución de las frecuencias de radiodifusión y valores como el pluralismo y la diversidad. En la actualidad, en cualquiera de los países de nuestra región, la cuestión del derecho a la comunicación y la libertad de expresión son materia de un debate común que genera vibrantes discusiones cotidianas en todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los propios medios de comunicación. La caída de la imagen sacra de objetividad de la información difundida, la develación de que –además de ideologías y líneas editoriales– los negocios intra y extramediáticos tienen gravitación en la opinión pública y la pelea por la universalización de este derecho –que nació como rebeldía frente al poder estatal y hoy puede sucumbir tanto por la acción de éste como por el obrar de actores no estatales, mediáticos o que pesen sobre ellos, en un paisaje en que las empresas de medios no son más esos viejos editores que enseñaban a sus hijos y discípulos el oficio periodístico– son algunos de los elementos del contexto que rodearon e impulsaron la voluntad de escribir este trabajo.
Hemos querido jugar al borde de la discusión teórica sobre los temas puestos en consideración. Hemos intentado dejar de lado los sentidos comunes impuestos por buenas o malas razones, por comodidad de conciencia o proximidad ideológica. Al abordar aspectos controvertidos incluso en el interior de la propia disciplina –los estudios sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación–, hemos seguido nuestras intuiciones con la certeza de que se generarán más respuestas incómodas con lo que se escribe que las que habría si no se les prestara atención. Creemos que es justamente allí donde reside el potencial transformador de una teoría y una praxis eminentemente políticas. No somos los primeros en revisar estas cuestiones, es cierto. Pero tampoco han sido muchos los que lo han hecho antes.
La confortabilidad de apegarse a las tradiciones clásicas o limitarse a cuestionarlas por neoliberales resulta una tentación. Ello impone seguir agendas intelectualmente rentables, pero ajenas a nuestras insatisfacciones académicas y políticas.
Entonces, desde la elección de los temas hasta el recorrido de las fuentes, hemos intentado cuestionar nuestras propias miradas, más allá de la conveniencia de la época.
A pesar de ser contemporáneos de polémicas apasionantes sobre los alcances de la libertad de expresión, hemos intentado explorar el revés de la trama: buscar cómo echar luz sobre lo que no se discute y confrontar lo que se tiene por dado cuando se debaten cuestiones de implementación o definiciones sobre políticas de Estado.
Fuimos a indagar dónde se sustentan o deberían sustentarse las posiciones en un debate áspero de nuestra cotidianidad. Y en muchos casos encontramos que las posiciones no son consistentes con las tradiciones que dicen defender. A los estudiosos, estudiantes, activistas, académicos, juristas, actores, políticos y a todos aquellos que se animan a debatir sobre los medios de comunicación, en particular sobre el ejercicio de este derecho humano como presupuesto para el fortalecimiento de un Estado democrático, procuramos acercarles herramientas con las cuales analizar y fundamentar sus dichos de rebeldía. Porque, en definitiva, de eso se trata: de tomar la voz pública para cambiar el statu quo. Hacerlo lleva implícito el compromiso de saber por qué hay que defender la libertad de expresión. De lo contrario, nos fallaríamos a nosotros mismos. (...)
Es menester discutir hasta el cansancio el sentido de la libertad de expresión, junto con el derecho a la comunicación: qué implican, a quiénes alcanzan, cuáles son sus orígenes y cuáles sus límites, si es que existen. A la vez, es necesario considerar la agenda con la que se debe no sólo protegerlos sino también poner en cuestión el estado actual de su ejercicio. Es necesario entender que el contexto de debate presente sobre la libertad de expresión y derecho a la comunicación impone un replanteo del rol que deben cumplir los Estados en cuanto a su protección y respeto
*Licenciados en Ciencias de la Comunicación.
