La riqueza no se distribuye igualitariamente en ninguna sociedad democrática moderna. Pero mientras en los países desarrollados esto no impide que prácticamente todos alcancen un nivel de vida digno; en los subdesarrollados este logro está lejos de ser alcanzado. Por eso, mientras en los primeros el desafío pasa por moderar la desigualdad, en los segundos todavía debe resolverse el tema de la pobreza, la que nace primariamente por la insuficiencia de riquezas, y luego agravada por la desigualdad en su distribución.
Nuestro país, subdesarrollado y con un estancamiento económico crónico, tiene más de diez millones de pobres. Frente a esto, partidos políticos, sindicatos e Iglesia insisten en ocuparse de los pobres a través de un asistencialismo que si bien es necesario en la coyuntura, no sirve para combatir las causas de la pobreza. No se reconoce que estamos frente a un fenómeno estructural que solo puede resolverse poniendo en marcha una estrategia de desarrollo creadora de riqueza, la que luego debe ser distribuida equitativamente. No se puede distribuir lo que no se ha producido.
Con ocasión del G20 el presidente del Partido Comunista chino declaró que “durante los cuarenta años transcurridos desde los inicios de las reformas estructurales fueron sacados de la pobreza 750 millones de chinos; este año se han creado 13 millones de puestos de trabajo; y para 2020 se prevé que no existirán personas pobres en China (medida según la definición operacional de Naciones Unidas)”.
Frente a estas evidencias cabe preguntarse por qué nuestras fuerzas políticas solo se han ocupado de asistir a los pobres sin complementar esa acción con el fomento de la inversión privada que, debidamente regulada, combatiría la pobreza al tiempo que mejoraría la situación de los asistidos. Esto ocurriría por dos efectos simultáneos de esas inversiones: la creación de empleo genuino sacaría de la pobreza a los que consiguieran trabajo; y los asistidos mejorarían su situación dado su menor número (derivado de la menor desocupación) así como la mayor disponibilidad de recursos dada la mayor recaudación impositiva.
Esta falencia de nuestras fuerzas políticas se explica básicamente por su dificultad crónica para integrar la dimensión productiva a sus responsabilidades como gobierno. Estas conciben un Estado cuya función queda reducida a la creación de instituciones relacionadas con los derechos y libertades de los ciudadanos, así como al otorgamiento de beneficios a diferentes sectores de la sociedad. No han registrado la necesidad de incorporar a sus funciones la de promover una estrategia productiva como la encarada por los países desarrollados (e incluso por el Partido Comunista chino) con los resultados observados.
Falencia que ha llevado a nuestra clase política ha reducir su función a la administración de recursos escasos; los que ha utilizado discrecionalmente para una atención demagógica de demandas coyunturales, con el principal objetivo de mantenerse en el poder. El otro camino exige esfuerzos y valores que debiera asumir en primer lugar la dirigencia, para luego ser transmitidos a los ciudadanos.
Falencia favorecida además por corrientes ideológicas refractarias a una estrategia económica como la señalada. Ideologías que partiendo de perspectivas opuestas han confluido en sus efectos. Una, progresista, que debiendo contribuir a la consolidación de una sociedad más avanzada obstaculiza su desarrollo con objetivos inviables; y otra, de grupos retardatarios (como la Iglesia de Bergoglio), que usan las banderas del pobrismo para que la sociedad argentina no se modernice, evitando que los pobres dejen de ser pobres y preservando así sus bases políticas, o la obediencia del pueblo de Dios.
Resolver el tema de la pobreza dejará pendiente el de la desigualdad. Pero derrotar el hambre y la miseria para enfocarnos en un tema ético y de justicia social parece un avance importante.
*Sociólogo.
Falacia
