La sucesión lamentable de “linchamientos” a delincuentes no hace más que poner en evidencia las falacias del falso progresismo que ha inspirado las políticas en seguridad y hegemonizado los espacios de reflexión en los últimos diez años.
La primera falacia que paradójicamente postula es la criminalización de la pobreza, derivada de erradas lecturas de clase que hace del Estado, la seguridad y el sistema penal. En efecto, al considerar la pobreza y la exclusión como determinantes del delito y –por tanto– atenuantes de su sanción, el falso progresismo está colocando a todas las personas en aquella situación bajo sospecha. Pregona morigerar sus condenas, pero les atribuye una condición que no es tal, como la evidencia científica lo refleja (¿acaso los últimos personajes públicos acusados de narcotráfico provenían de familias carenciadas?). Al criminalizar la pobreza, el falso progresismo olvida que la presunción de inocencia es un principio legal, y no un presupuesto epistemológico.
La segunda falacia que sostiene es el vaciamiento del Estado –en sus funciones penales y policiales– a pesar de proclamar la primacía de éste por sobre el mercado. Por ejemplo, véase este hecho real: el 19 de noviembre de 2011, Marcos R. es detenido en el Conurbano por robo. Al tener 17 años, el juez lo entrega a sus padres. El 12 de diciembre es detenido por portación de armas. Vuelve a ser entregado a sus padres. El 12 de enero de 2012, es detenido conduciendo una moto con pedido de secuestro, al igual que el 13 y 29 de febrero. El resultado es el mismo: el juez lo entrega a sus padres. El 26 de marzo es detenido mientras robaba a mano armada una moto. Nuevamente es devuelto a sus padres. El 17 de julio, mientras intenta robar a punta de pistola a un policía de franco, recibe un disparo letal. Por considerarlo víctima cuando era victimario, el falso progresismo lo condenó a la muerte.
Sucede que, en el fondo, este falso progresismo cree que la amenaza más importante que pesa sobre un individuo no es el delincuente, sino el poder organizado del Estado. De allí que haya sido más importante acotar y restringir el ejercicio del poder de policía y la potestad penal –como el anteproyecto de Código Penal expresa–, antes que mejorarlos. Cualquier reminiscencia con el liberalismo decimonónico “no” es pura coincidencia, le estaría diciendo John Stuart Mill a Michael Foucault.
Esta convicción, puesta a conducir instituciones, ha mostrado más destreza en destruir que en construirlas. De allí que ante los abusos y vicios de ciertas prácticas policiales hayan optado por convertir al policía en un mero burócrata cuya única preocupación es no meterse en problemas. Así, se borra las malas y también las buenas prácticas, y se reemplaza ese lugar por los abusos de los delincuentes. Lo mismo sucede en el ámbito penitenciario, donde se reemplazó la autoridad legal del penitenciario por la de facto del “capanga” del pabellón, y en la Justicia penal, donde la legitimidad del magistrado es ahora reemplazada por la de los vecinos indignados.
La existencia del Leviatan es condición sine qua non del orden, y éste lo es de la libertad. Antes que pisotearlo y recortarlo, es necesario reconstruirlo y modernizarlo, luego de dos décadas de desguace material –la del 90, por la desinversión– y moral –la kirchnerista, por el espíritu faccioso, la corrupción y los prejuicios ideológicos–.
La tercera falacia en la que cae es el olvido de la víctima. El juez Eugenio Zaffaroni es un buen ejemplo de ello. Mientras que en muchos de sus fallos ha llevado al absurdo la condescendencia con el delincuente, frente a los recientes “linchamientos” no titubeó en declarar que “no son ajusticiamientos, sino homicidios calificados por alevosía y ensañamiento”. Por cierto lo son, pero tanto como aquel que entra a robar a la casa de un jubilado y lo mata porque sí. Este doble estándar, en perjuicio de la víctima real, exime de comentarios: “A confesión de parte, relevo de prueba”.
Por último, desenmascarar a este falso progresismo no debe llevar a desterrar la mirada progresista en el debate de seguridad que la Argentina necesita. Por el contrario, dicho debate requiere una visión política que integre sectores y sintetice valores de modo que el grueso de la sociedad se sienta representado y el accionar estatal legitimado. La mirada facciosa, sea de izquierda o de derecha, implicará más violencia y menos concordia. Es hora de abrir los ojos.
*Politólogo. Especialista en seguridad. Fue ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
