Para desalentar o confundir a sus críticos por las nuevas leyes judiciales, no sería improbable que uno de los ex funcionarios más conspicuos del Gobierno fuese condenado a cautiverio en una de las tantas causas que lo acosan. Sin fecha, pero cercana la decisión. Este fenómeno –casual, se supone– podría empalmar con el debate de la nueva reforma de la Justicia que impulsa Cristina para demostrar la neutralidad o el apartamiento oficial de la acción de los magistrados, la evidencia tal vez de que no le son propios, adictos ni obedientes (no debe ser, claro, ésa la impresión del principal afectado).
Junto a esta notificación carcelaria a confirmarse, la primera para un hombre del kirchnerismo, se procesa otra situación de características semejantes vinculada al entorno de la Casa Rosada: el declive y concurso de uno de los grupos empresariales más afines a la administración en toda la última década ganada, el de los hermanos Cirigliano, ya imposibilitados de cumplir con sus obligaciones bancarias o impositivas por pérdida de actividad, subsidios y créditos desde la tragedia ferroviaria de Once. Una muestra de que tampoco se ampara en apariencia a los amigos del capitalismo o al capitalismo de amigos.
Parecen argumentos de autonomía que podrían acompañar a las seis normas que promueve el Gobierno en el área judicial, hoy epicentro de controversias que para la Presidenta significan la continuidad revolucionaria y transparente de su mandato mientras para Elisa Carrió, en cambio, son la resurrección del golpe de l976. Quizás, dos mujeres exageradas.
En rigor, las nuevas leyes provienen de la rabia hegemónica por no satisfacer inquietudes pasadas: sea contra la Corte y Ricardo Lorenzetti en particular (liquidación de su jugoso presupuesto, disminución de responsabilidades por la indroducción de cámaras de casación), o contra los magistrados en general (a los que no pudieron hacerles pagar Ganancias ni hacerles rendir examen cada seis meses, pero les condicionan el ejercicio de su profesión a la dependencia de comités, unidades básicas, punteros y dirigentes de un par de partidos políticos modificando el refrán martinfierrista “hacete amigo del juez” por el de “si querés ser juez y mantenerte en el cargo, hacete amigo del jefe político”). Además, podrán despedirlos ipso facto, tal vez masivamente.
Y obvio, contra Clarín, al que pretenden exterminar por el uso y abuso de cautelares –tan utilizado previamente por empresarios vinculados al Gobierno, sean del petróleo, los medios o los bancos–, al tiempo que le extinguen beneficios del rubro publicitario o le impiden financiación para sus deudas tributarias.
Látigo y hambre, como a la Corte. Justo ocurre cuando el Grupo festejaba esta semana un fallo a su favor por inconstitucionalidad, figura que tal vez no obtenga la misma unanimidad en el máximo tribunal (la inminencia de esta determinación forzó la venganza de Cristina, quien irritada por conocer el dato quería anunciar sus leyes hasta el día de la inundación).
Si hubiera prevalecido la razón sobre el encono en lo que el Gobierno denomina reforma, tal vez se hubiera procedido de otra manera. Por ejemplo, alguna medida en el fuero federal contra esa puerta giratoria –expresión recurrente utilizada por Ella– que son los juzgados para delincuentes y criminales.
Prefirió, en cambio, insistir con la figura rectora del Consejo de la Magistratura y el espíritu que instalaron Alfonsín y Menem en la reforma de 1994: la supremacía de los partidos políticos, de los dos principales, idea que ahora se consagra al colocar también a la Justicia bajo la total regulación por parte de las agrupaciones más votadas (aunque la práctica le ha reservado esa tutela a uno, el peronismo, en sus distintas pieles y matices). Estos avances de dominio corporativo, casi de logia, como el armado de las primarias que apaga núcleos partidarios menores o les impide su nacimiento, se amparan en la defensa de mayorías transitorias, del pueblo o la gente como gustan repetir, cuando curiosamente cada día se encuentran más desconectados de esos sectores, como se advirtió en las inundaciones.
El emprendimiento judicial ofrece otro costado político: la introducción, para las próximas elecciones de octubre, de una lista de candidatos para el Consejo de la Magistratura que podría terciar o motivar más al electorado que los aspirantes al Senado o a Diputados. Plausible intento para diversificar una disminuida oferta electoral del oficialismo en distritos adversos y que, por su alcance nacional, podría seducir a potenciales adherentes. Y colocar en el andamiaje de los famosos y conocidos a figuras hasta ahora grises en la difusión pública como Zannini, Berni, De Vido o asociados de La Cámpora, unos alojados en el fondo de la cacerola de los votos por decisión de Néstor Kirchner en su momento (no les veía condiciones de candidatos al ministro ni al secretario de Legal y Técnica) o por frustradas experiencias en comicios (el secretario de Seguridad perdió en una interna del litoral bonaerense).
Nombrar únicos herederos a los de La Cámpora provoca en intendentes y otros de 50 años para arriba una natural desconfianza: imaginan que estos ávidos legatarios van a ir por sus posiciones, amistades y existencias, como en La guerra del cerdo de Adolfo Bioy Casares. No se equivocan si miran la tarea de ocupación de este grupo en el Estado, algo semejante a lo que las formaciones especiales lograron en el momento de Héctor Cámpora. De ahí que el tío ahora devino en tía.
Y de los rutilantes, Daniel Scioli dirá que la reforma es óptima mientras se alegra de que el Papa lo llamara mientras estaba con sus ministros (solícitos, al concluir la charla lo aplaudieron como si le hubiera enseñado al Sumo Pontífice la Teoría de la Relatividad), pero no ignora que en el mundo terrenal Cristina le complicará de nuevo su destino, con aspirantes desconocidos, enviados críticos o ajustes presupuestarios. O la incesante furia femenina que necesita de la represalia como mecanismo memorioso. Para no olvidar nunca nada. Aunque este juicio podría ser tildado de violencia contra el género.
