Mucho se ha discutido en torno a las cuestiones técnicas sobre la materialización o no de una situación de default por parte del gobierno nacional. Parece una discusión absurda puesto que está claro que Argentina mostró voluntad de pago y efectivizó el depósito de divisas para afrontar sus compromisos en tiempo y forma. Si el objetivo buscado por Griesa no fuera otro, desde el punto de vista “técnico” ni siquiera cabe la discusión.
Sucede que, tal como se expresa claramente en la carta al Congreso estadounidense que lleva la firma de múltiples economistas de gran reputación internacional incluso en el mundo financiero como Robert Solow, Nobel laureate in Economics, 1987, Dani Rodrik, Albert O. Hirschman, professor in the school of Social Sciences at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, Roberto Frenkel del Cedes, Argentina, el objetivo de Thomas Griesa es hoy desatar una crisis política de graves consecuencias.
Leamos qué se advierte claramente en el texto de referencia:
“Después de años de negociaciones, Argentina llegó a un acuerdo de reestructuración con el 93% de los tenedores de bonos en default, y se ha hecho todo lo acordado para pagarles. La decisión del tribunal de que Argentina no pueda seguir pagando a los titulares de los bonos reestructurados a menos que primero pague a los demandantes quiere decir que cualquier ‘reducto’ acreedor puede torpedear el acuerdo existente con los tenedores de bonos que optaron por negociar. Mientras que a los individuos y las corporaciones se les concede la protección de la ley de bancarrota, no existe tal mecanismo para los gobiernos soberanos.”
’Como tal, la decisión del tribunal obstaculizaría gravemente la capacidad de los acreedores y los deudores para la conclusión de una reestructuración ordenada y apunta a producir una crisis de deuda soberana...’.”
La pretensión de Griesa y los buitres, como bien señala el documento, es profundamente política: se intenta hacer caer toda la reestructuración de deuda soberana realizada por el gobierno nacional a partir del año 2005 y así poder arrastrarlo a la crisis social y económica que supone el colapso del desendeudamiento.
Hubo ya múltiples intentos desestabilizadores fallidos a través de seis corridas contra el peso coordinadas por los bancos y denunciadas por la Proselac, alzamientos corporativos en defensa de renta extraordinaria y hasta el alzamiento insólito del vicepresidente Cobos que se escindió de su función de integrante del Ejecutivo, objetivándose como violento opositor.
Estamos hoy frente a un nuevo y potente recurso de la saga de desestabilización, sostenido en el intento de voltear la reestructuración de deuda por parte de un juez parcial que, según lo describiera Eugenio Zaffaroni, resulta “de trocha angosta, casi municipal”. Apalancado en parte de la oposición política y de medios, solidarios con un segmento del capital financiero internacional, de gran poder económico y político.
El objetivo final es político: precipitar la caída o acelerar el desgaste del Gobierno que encabeza Cristina, para impedir que el kirchnerismo tenga chances electorales de continuidad a partir del año 2015.
La apuesta desestabilizadora, como se observa con intensidad creciente desde el año 2007, es propiciar un triunfo de la oposición o, llegado el caso, el acceso al Gobierno de una alternativa oficialista no kirchnerista y son las que según sostienen los medios y consultoras de opinión vinculadas a la oposición “las únicas alternativas oficialistas que se muestran con chances en las encuestas”.
Todo está por verse y, como es tradicional en el peronismo, el final está abierto y seguramente resultará inesperado.
*Director de Consultora Equis.
