Las PASO fueron un punto de inflexión que se reflejará con mayor nitidez a partir de los resultados definitivos de las elecciones. El Gobierno está girando porque entiende que si quiere administrar la transición tiene que hacer ciertas correcciones.
En el tablero de control destellan varias luces amarillas, pero la alarma llega por la caja en dólares. Desde 2011 el problema de fondo es que la salida de divisas va contra el stock de reservas del Banco Central. A pesar del cepo y de los intentos para seducir capitales frescos, las reservas siguen cayendo a un ritmo de US$ 1.000 millones por mes, la baja más pronunciada desde la crisis de 2001.
Producto de esta sangría, el balance de la autoridad monetaria se ha debilitado. A fin de año las reservas serán equivalentes a la mitad de la base monetaria o cinco meses de importaciones, cuando hasta 2010 estos ratios se ubicaban cómodamente por encima del 100% o de diez meses de importaciones, respectivamente. Si bien no existe una relación óptima a defender, preocupa que la tendencia se consolide en un marco de incertidumbre y erosión de la confianza.
La historia enseña que cada vez que el BCRA perdió reservas, la actividad económica resultó golpeada. El Gobierno lo sabe y su intranquilidad es bastante explícita. Si no descomprime la restricción externa terminará asfixiando el crecimiento con más controles y nuevos frenos a las importaciones.
El blanqueo de capitales es la prueba más rotunda de que la necesidad tiene cara de hereje. Ante los pobres resultados de la primera etapa, decidió ampliar los plazos con el objetivo de sumar el aporte de algunas firmas con negocios naturalmente calzados en dólares. La idea es utilizar la hoja de balance de grandes empresas para que capten deuda en dólares y suscriban Baade. Si estos bonos tienen cotización secundaria, las firmas podrán pesificar las divisas a un tipo de cambio más cercano al paralelo que al oficial. Está claro que esta ingeniería financiera, en el mejor de los casos, permite sumar un par de miles de millones de dólares, pero no despeja el horizonte.
También se anunció el pago de US$ 500 millones, con títulos públicos, a empresas con fallos favorables en el Ciadi, lo que le permitirá obtener créditos por US$ 1.000 millones anuales entre 2014 y 2016 con el Banco Mundial. De esta forma se logrará posponer los vencimientos con el organismo, evitando la caída de reservas y mejorando el flujo neto en US$ 230 millones por año.
El acuerdo cobra más relevancia al formar parte de un conjunto de medidas, como la negociación del nuevo IPC nacional con el FMI, orientadas a tender puentes con la comunidad financiera internacional. Se busca sumar apoyo para evitar una definición adversa en el juicio con los holdouts y, eventualmente, acercar capital para proyectos de inversión.
Finalmente se comprendió que el crédito externo ofrece la posibilidad de moderar la tensión sobre las reservas, posponiendo las correcciones más estructurales. ¿Qué mejor camino para un gobierno que será saliente en 2015? La propia CFK comenzó a destacar que existe “deuda buena”, y es la que financia la inversión en infraestructura. Una salida elegante que permite dejar atrás la bandera del desendeudamiento.
En este proceso de endeudamiento “benigno”, el mascarón de proa puede ser YPF. Tiene activos como garantía y una cobertura natural contra la suba del tipo de cambio. Además, las inversiones mejoran el balance macroeconómico a través de, al menos, dos vías. Primero, con el ingreso de dólares y, luego, cuando aumenta la oferta doméstica, por menores importaciones. Pero para que este ciclo virtuoso se ponga en marcha es necesario cerrar un acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones.
El Gobierno sabe que es el camino; ofreció activos en la cuenca neuquina y más recientemente endulzó la oferta con un pago cash. Los grandes jugadores del sector están más que interesados en Vaca Muerta, pero la condición necesaria es tener el frente legal despejado. Mientras tanto, la producción de energía (petróleo y gas) sigue en caída.
Pero los esfuerzos no se limitarán a apuntalar el ingreso de dólares. En el corto plazo deberán tomarse nuevas medidas para contener la salida. El candidato lógico es el rojo por turismo y gastos con tarjetas de crédito en el exterior. El déficit pasó de US$ 4.600 millones en 2012 a casi US$ 10 mil millones en el estimado para este año (equivalente a todo el superávit comercial). Semejante salida de dólares es un lujo en tiempos de escasez.
En el balance final, el Gobierno busca compensar los vencimientos de deuda en dólares que suman más de US$ 20 mil millones en los próximos dos años.
Sobre la macro, los avances son todavía incipientes. Desde julio aceleró la tasa de devaluación, lo que permitirá cerrar el año con un salto cercano al 30%. Con la inflación clavada en 25%, la mejora de competitividad es marginal. La solución de fondo, que es bajar la tasa de inflación, luce lejana a pesar de que el sustantivo se haya colado en el discurso oficialista. Lógicamente, el probable ajuste en las tarifas de los servicios públicos y la aceleración de la devaluación no son buenas noticias en este frente.
El Gobierno se enfrentará con los problemas típicos que se generan hacia el final de un ciclo político, agudizados por una economía que muestra señales evidentes de debilitamiento. En la coyuntura vuelve a dirigir sus esfuerzos a los problemas más urgentes. Como otras veces parece estar reaccionando, fiel a su estilo, de manera poco ordenada e inconexa. Sólo el tiempo dirá si esta vez es suficiente.
*Economista. Socio y director de Analytica.
