La floja estrategia defensiva desplegada por Cristina Fernández de Kirchner no deja de sorprender en el ámbito de los tribunales de la avenida Comodoro Py al 2000. Tanto en la fiscalía como en el entorno del juez federal Julián Ercolini están convencidos de que la ex presidenta realizó una defensa política y no jurídica; no presentó pruebas ni argumentos convincentes para intentar rebatir las imputaciones que pesan sobre ella –el vínculo con Lázaro Báez, el reparto discrecional de obras públicas, los sobreprecios, etc.–; tampoco buscó clarificar por qué se había replicado a nivel nacional la matriz de construcción de obra pública que se aplicó en la provincia de Santa Cruz, para lo cual fueron piezas claves los funcionarios que esta semana terminaron declarando como ella. De no lograr torcer el rumbo, su destino y el del resto de los imputados es el procesamiento. Es aquí donde entran en juego diferentes alternativas de cuyo resultado dependerá el tiempo que transcurra hasta que se tomen algunas de las siguientes medidas: se podría avanzar rápidamente y probar la malversación de fondos y los negocios incompatibles con la función pública o aguardar el devenir de la investigación y apuntar a la asociación ilícita, en cuyo caso la ex presidenta se vería no sólo implicada sino también complicada. De una forma u otra, el pedido de procesamiento podría llegar a fin de año o principios del año que viene, luego de la feria judicial.
Hasta ahora, todos los que han pasado por tribunales tiran la pelota hacia arriba: CFK propone que investiguen toda la obra pública, dice que ella hizo cosas por el país, y que no la pueden imputar por actos de gobierno. Lo que busca con esto, además, es llegar a las empresas cercanas a Mauricio Macri. De Vido utiliza un argumento similar, y Lázaro replica la estrategia asegurando que no sólo hizo obras en Santa Cruz, y pidiendo que miren todo su accionar en el resto del país, como si esto fuera prueba suficiente para desligarse de la monumental obra que recibió en su provincia y que, muchas veces, no ejecutó. Un fiscal que conoce muy bien la causa señala: “Esto es lo mismo que un imputado diga: ‘A mí me dicen que soy un ladrón, pero hay un montón de ladrones; entonces ¿por qué me persiguen a mí?, mejor vayan e investiguen a todos’”.
Otra evidencia que surge de parte de la estrategia de las defensas es presentar y pedir que se investiguen los hechos aislados. Si se aceptara esta propuesta absolutamente descontextualizada, las cosas podrían ajustarse al siguiente razonamiento:
- El que aprueba el presupuesto es el Congreso, lo cual es cierto.
- Poner funcionarios de confianza –en este caso, traídos desde Santa Cruz– no implica una irregularidad en sí y es una práctica habitual en los ámbitos del poder.
- Aun cuando el haber asignado la mayoría de la obra pública a una empresa pueda ser sospechoso, no constituye en sí delito.
- Y que no se le deba nada a esa empresa y sí a las demás tampoco es un delito.
Sin embargo, las cosas cambian cuando cada uno de estos hechos se organiza secuencialmente. Así, la película completa adquiere otro significado. Todo se vuelve sospechoso. Se ve entonces que los presupuestos estaban dibujados; que la dependencia pública con más reasignación de presupuesto fue Vialidad Nacional; que dentro de ese presupuesto gran parte de la obra pública de Santa Cruz caía en el Grupo Austral, cuyo dueño era –y es– Lázaro Báez, un monotributista que formó la empresa cuatro días después de que Néstor Kirchner fue elegido presidente de la Nación, en mayo de 2003; que en todas las licitaciones se seguía un mismo procedimiento: alguien ofertaba por encima del valor que el Estado podía pagar, lo que aseguraba que las obras que se adjudicaban iban a Báez, cuya empresa, por otra parte, no tenía capacidad operativa para la construcción de obras en paralelo.
Por supuesto que todo esto ocurrió con la complicidad de otras empresas del llamado “club de la construcción” que, a la luz del discurso político de crecer mediante la obra pública, hizo que crecieran sólo algunos.
En su declaración del jueves ante el juez Julián Ercolini, José López no hizo más que complicar a la familia Kirchner, aunque de manera indirecta. Más allá de las chicanas donde pide que el actual director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, “ratifique o rectifique sus denuncias mediáticas” respecto de la corrupción en la obra pública, y al propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que había asegurado según los propios dichos de López ante el juez que “se robó con la obra pública y por cada dos pesos que se gastaban uno solo llegaba a destino” le tiró un dardo envenenado al corazón de la familia del ex presidente. Un dato curioso que consta en la causa es que, en su declaración, López asegura que “no estaba en el ámbito de la competencia de la Secretaría de Obras Públicas auditar o controlar un organismo que tiene autonomía administrativa y financiera”, en referencia a Vialidad Nacional, foco de los mayores desvíos a Báez. Y continúa aclarando: “Para eso están otras dependencias del Estado como ser la Subsecretaría de Obra Pública y la de Coordinación Federal”. Todo parece muy normal si no fuera porque el subsecretario de Coordinación Federal era nada más y nada menos que Santiago Carlos Kirchner –primo de Néstor–, señalado por fuentes con acceso a la causa como el hombre puesto por el ex presidente para controlar que López y De Vido no le quitaran un solo peso de su negocio y para direccionar las obras directamente a Báez. Se sabe que Néstor no confiaba en nadie.
El devenir de estas causas que complican a la ex presidenta y a su entorno en los tribunales de Comodoro Py está lejos de la agenda de millones de argentinos para quienes su presente económico es difícil y angustiante. Los “brotes verdes”, con los que eufemísticamente se llama a la reactivación de la economía, son de un verde mustio. Todo sigue muy parado. La mayoría de los índices de actividad industrial son negativos. La inflación sigue más alta de lo previsto por el Gobierno, cuyas predicciones para el segundo semestre están lejos de haberse cumplido. Por eso no se entendió muy bien tanto desenfreno del Presidente cuando, en un gesto con reminiscencias de aquellos otros de CFK, se puso a bailar al final de un acto en la provincia de Córdoba.
Producción periodística: Santiago Serra.
