Comienza a instalarse una frase repetida. El Gobierno no comunica bien. Lo que aparece como una crítica corre riesgo de confundirse con cierta crisis de desapego que parece sufrir buena parte de la política, acostumbrada al discurso ametrallador y a su repetición permanente.
Es interesante realizar una breve comparación para analizar la política comunicacional del nuevo gobierno. Venimos de un tiempo donde la señora presidenta no toleraba la mínima crítica y desplegaba leyes restrictivas para condicionar la línea editorial de los medios. Venimos de una década en la que los medios públicos se utilizaban para perseguir periodistas y dirigentes opositores y en la que los miles de millones de pesos otorgados en concepto de pauta oficial cimentaban el camino hacia la hegemonía mediática del oficialismo.
Por suerte, la omnipresencia presidencial a través del abuso de la cadena nacional es cosa del pasado. Como parte del cambio, el presidente Macri ha decidido reservarlas sólo para los actos protocolares, desterrando definitivamente la cadena presidencial perpetua de la agenda pública.
La pauta oficial ya no se utiliza para transmitir cortos de producción millonaria a favor de la imagen épica y sobredimensionada del matrimonio Kirchner o para cuestionar a fiscales, periodistas, dirigentes opositores y todo aquel que opine distinto. Tampoco existen más locutores militantes que, en el relato de un gol, nos insuflen propaganda falangista a favor de la presidenta o sus candidatos.
En estos contrastes debemos encontrar la respuesta. La política comunicacional del nuevo gobierno cambia para adecuarse a los principios democráticos, revitalizando el ejercicio pleno de la libertad de expresión y con garantías para la pluralidad y el espacio para el disenso.
Es buena noticia que se recorten los recursos destinados a pauta del jefe de Gabinete, pauta de Anses y Fútbol para Todos a fin de redestinarse a cubrir las múltiples prioridades sociales. Es buena noticia la existencia de medios públicos plurales donde todos los sectores políticos tengan espacio para expresarse. Es buena noticia que el Presidente haya enviado un proyecto de ley al Congreso para garantizar el acceso a la información pública a todos los ciudadanos y que las pautas de asignación de la publicidad oficial estén siendo debatidas con todas las organizaciones periodísticas.
En definitiva, la política comunicacional del Gobierno es inédita para la Argentina de la última década. En vez de un patriarcado oficial sobre lo que se dice o se opina en los medios, hoy se reinstala el libre albedrío. La relación prensa-gobierno vuelve a los carriles institucionales y el Presidente no se ufana por controlar cada renglón de la prensa escrita o cada segundo del prime time sino que elije la vía mucho más democrática de las conferencias de prensa y los diálogos con periodistas.
Como quedó establecido en la CIDH el último 8 de abril, nuestro gobierno ha dado enormes pasos para eliminar el clima de confrontación con el periodismo y restablecer el ejercicio pleno de la libertad de expresión. La modificación de la Ley de Medios y la creación del Enacom como organismo de aplicación de un nuevo marco jurídico que favorezca la convergencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión complementa la agenda en defensa de uno de los derechos más importantes de cada ciudadano, la libertad para decir, opinar y recibir información por la fuente que prefiera sin tutelaje ni presiones de ninguna especie.
*Directora del Enacom y ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
