Obediencia compacta y sin fisuras. No sólo eso: tiene que ser ya mismo, ahora, urgente, si fuera posible ayer.
Convertido en el equivalente criollo del Soviet Supremo, que transformaba en “ley” las órdenes del jefe máximo de la URSS hasta hace al menos 25 años, el Congreso argentino, por lo menos hasta octubre, está cerrado. La mayoría oficial no oculta su voluntario vasallaje.
Aníbal Fernández, con su siempre vigorosa falta de escrúpulos, explica por qué los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo para consumar la “reforma” judicial deben “salir” sin ninguna demora. “Ya está todo preparado, discutido, lo hemos chequeado todo y ha pasado por varios estamentos, por lo que uno puede estar tranquilo de que no debería haber ningún tipo de complicaciones”, esclarece. Listo, pues, sale con fritas. Maravillosa desmesura con mucha impudicia.
El oficialismo se concibe a sí mismo como tropa. Existe para acatar, funciona para servir, actúa para complacer a “la conducción”. Muy pocas horas después del temporal, con su más de medio centenar de muertos, no perdieron tiempo. Supremos ejecutores de un pragmatismo todo terreno, hacen lo que se les ordena, como en oportunidad del tratado con Irán, despachado a la velocidad de la luz, como si la vida de la Argentina se jugara en esa acción. La nación víctima le entregó al Irán victimario la prueba del amor el 28 de febrero. Seis semanas después, ese pacto no fue aún refrendado por la teocracia persa. Pero senadores y diputados oficialistas hicieron fila para certificar su rendición, atragantados algunos, a pedido de la Presidenta.
El mismo procedimiento vienen desplegando con los anuncios de modificar estructuras esenciales del sistema judicial argentino, con convicción de acero en su credo básico. Si en la vida mundana de la aldeana farándula local “billetera mata galán”, para el cristinismo, como antes para su predecesor, el kirchnerismo, “anuncio mata tragedia”. Lo ratificó el vicegobernador Gabriel Mariotto. En uno de los numerosos micrófonos del régimen estatal de medios (Radio 10), el comunicólogo se condolía de las muertes de La Plata y subrayaba la responsabilidad de “veinte años de gobierno”. Deslumbrante cinismo: el peronismo gobierna interrumpidamente la provincia de Buenos Aires desde hace 26 años y a la Argentina la han conducido peronistas durante 18 de los últimos veinte años. Ante la tragedia vivida en distritos manejados por el peronismo desde hace añares, la prescripción es más anuncios. Ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos de tema.
Horas después de la insufrible monserga presidencial sobre la “democratización” de la Justicia, una avalancha de anuncios propagandísticos nutrió las fornidas tesorerías de los medios al servicio del Gobierno. Idea manifiesta: borrar de la agenda las conclusiones inescapables de una hecatombe climática agudizada por décadas de corrupción, incompetencia o, al menos, inacción. Cambian de tema, veloces y disciplinados.
El Gobierno acredita, a lo largo de la década que lleva en el poder, inigualable capacidad de abrumar con retórica la vida cotidiana. ¿Quién se acuerda del programa “merluza para todos”, presentado por la Presidenta en diciembre de 2010? ¿Y del plan “milanesa para todos”, lanzado en febrero de 2011? Ahora le toca el turno a la “Justicia para todos”, tras la ofensiva en pos de “medios para todos”. Imposible dudar de que este régimen se considere permanente. No le hace mella la más mínima intención de contemplar un regreso al llano. Llegaron para quedarse, y su proyecto de re-reelección está fuera de toda duda: no existe la más mínima probabilidad de que el oficialismo se resigne a no perpetuarse. Procurarán, para ello, valerse de mecanismos, tretas o atajos sorpresivos y de súbita ejecución que deberían dejar al país congelado de asombro.
Han demostrado con tan expeditiva celeridad la ampliación de su efecto topadora que organizaron en la Cámara un homenaje a los ex diputados Rodolfo Ortega Peña, Diego Muñiz Barreto, Leonardo Bettanín, Miguel D. Zavala Rodríguez, Mario A. Amaya, Bernardo S. Villalba y Armando D. Croatto, descriptos como “víctimas” del terror de Estado. Aparecieron problemas. Ortega Peña fue asesinado en julio de 1974, poco después de la muerte de Perón, durante el gobierno justicialista. Croatto murió en combate durante la “contraofensiva” montonera en 1979. Sobre Bettanín, su viuda, María Inés Luchetti, le dijo al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que “mi marido no fue víctima. Fue un militante y combatiente peronista y montonero que resistió hasta la muerte, en un combate desparejo”.
Al aludir a la Cámara a la que Bettanín renunció en 1974, dice que “cambiando fechas, contextos y nombres donde la historia ha dejado su huella, el comportamiento de la Cámara que usted preside, salvo honrosas excepciones, es el mismo que entonces (1974)”. Se pregunta: “¿Cómo calificar el ninguneo a los reclamos populares por debilidad, o por querer permanecer en un puesto que les reporta beneficios personales? ¿Cómo justifican el no atender el clamor de los familiares de la tragedia de Once, de Cromañón, ni de los qom, de las víctimas de la trata, del narcotráfico, de las bandas armadas que asuelan el territorio argentino, asesinando campesinos del Mocase en Santiago del Estero? El mejor homenaje a mi marido sería que los funcionarios no sigan confundiendo ambición personal con interés general”.
Todo preparado, todo discutido, todo chequeado, como explica Aníbal Fernández.
