Mientras que en el mundo desarrollado la inflación dejó de ser una curiosidad estadística al traspasar la barrera del dígito anual, algo inédito en cuatro décadas, en Argentina no sorprende ni la certeza de estar transitando al 100% anual. Las consecuencias, si bien no son tan dramáticas como en Gran Bretaña, que ya va por su cuarto ministro de Economía e irá por el tercer primer ministro en menos de un año, erosionaron aún más la confianza en la moneda y le imprimen otro dinamismo a la indexación general de las variables económicas.
Las paritarias se vienen reabriendo o acuden a sus cláusulas de revisión porque habían sido cerradas con una proyección de 50 o hasta 60% para este año. Ahora, arrancan en el 100%, pero incluyen instancias de renegociación aceptadas por ambas partes para evitar cifras que serían inalcanzables. La gimnasia de larga data en proyectar a ciegas y la rapidez para adaptarse a lo novedoso forman parte, a esta altura, del ADN de los actores económicos argentinos.
Frente a estas velocidades, contrasta la más que cautelosa proyección del 60% de inflación para 2023 incluida en el Presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, no ayuda mucho a cimentar la confianza en el equipo económico. Hasta ahora, la subestimación del alza del IPC sirvió para darle más discrecionalidad al Gobierno para redistribuir partidas ya que la recaudación impositiva resultaba siempre mayor a la registrada originalmente. Pero el gasto, lógicamente, también se iba modificando con lo que el instrumento presupuestario perdía mucho de su razón de ser.
Las paritarias contrastan con la cautelosa pauta de inflación 2023 del 60%
Este año ocurrió algo novedoso. Parece que existió la intención de provocar una discusión dentro del Congreso, contrastando con otras ocasiones en las que se votaba casi a libro cerrado. Y las lógicas tensiones alrededor de las definiciones se concentraron este año en tres aspectos clave: las previsiones sobre creación de nuevos impuestos o la suba de alícuotas, las partidas destinadas a subsidiar las empresas de servicios públicos y las alertas encendidas sobre la introducción por la ventana de cláusulas de último momento con destino específico. Además, este año, Economía envió una bomba de profundidad: la inclusión del “gasto tributario” en la agenda de discusiones. Esto es, cuantificar y decidir sobre exenciones impositivas (como las que se obsequian a la provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo) o sectoriales. Un auténtico paraíso de negociaciones de todo tipo, pero que ayudan a transparentar el costo fiscal de las decisiones con beneficiarios con nombre y apellido. El economista Nadín Argañaraz, presidente, director del Iaraf, las estima en 2,5% del PBI, una cifra que explicaría por sí sola el déficit fiscal comprometido por el Gobierno con el FMI para este año. Precisamente el Fondo vino insistiendo desde hace tiempo con este tipo de visualizaciones, condición necesaria para que pueda haber una discusión razonable sobre los costos y beneficios de estas decisiones que “la política” introduce en el Presupuesto.
Ese primer paso de mostrar las cifras con claridad forma parte de la discusión sobre el impuesto a las Ganancias para las personas físicas. Sin bien no es el tributo que más recauda, es el que más incidencia directa tiene sobre los contribuyentes. El Iaraf estima que para 2023 representará el 22,8% del total, bastante menos que el IVA (neto) que sería del 29,6%. La erosión inflacionaria de este año obligó al ministro de Economía a subir el piso debajo del cual no se paga el impuesto: pasará de $ 280 mil a $ 330 mil el mes que viene, pero no se toca el mínimo no imponible que sigue en algo menos de $150 mil por mes (en todos los casos, valores brutos, para un contribuyente casado y con dos hijos). Es decir, que los que empiezan a pagar lo hacen directamente en el escalón de 31% y pronto llega al 35% que es la tasa máxima.
Sin reservas, pero con mil y un dólares
La necesidad de cerrar la enorme brecha fiscal plantea una gran contradicción, sobre todo para un ministro que enarboló la bandera de “el salario no es ganancia”. El capricho de no tocar los parámetros produce estas inequidades, pero al mismo tiempo, exhibirlas en medio de la discusión presupuestaria introduce una discusión muchas veces postergada: cómo debe financiarse un gasto público que creció mucho más rápido que la capacidad de recaudación fiscal. Si la carga cae sobre las empresas (que ya pagan hasta un 42% de sus ganancias) o las personas (lo hacen casi un millón de contribuyentes), si habrá escalas con indexación automática, si se podrán desgravar los gastos que el “Estado presente” no sabe, puede o quiere satisfacer y, finalmente, si habrá alícuotas neutras o progresivas. Una discusión que sirve para visibilizar el criterio para la asignación de recursos y derribar el mito que sólo pagan impuestos los ricos.
