En todos los relevamientos de opinión pública surge, naturalmente, que la inflación y la inseguridad, en ese orden, se perciben como los problemas más acuciantes. Al consultar sobre cuestiones económicas, también surgen otros desvelos: el menguante poder adquisitivo de los salarios y la creciente pauperización de la población.
Todas son percepciones, claro, pero no dejan de mostrar la ansiedad por una política económica que atienda estas demandas al mismo tiempo.
Hay cifras que muestran la gravedad de la cuestión: en julio pasado, Argentina acumuló 46,3% de inflación en lo que va del año, a solo dos puntos de la economía que parecía inalcanzable, Venezuela, con un IPC desacelerándose luego de una década de locura.
Los salarios se derrumban y hay familias que aun con trabajo son pobres
Sin embargo, lo que produce una primera fractura en este fuerte consenso es la viabilidad de una solución simultánea y, todavía más acuciante, casi instantánea. Por meses, el exministro Guzmán explicó varias veces que había una “multicausalidad” para explicar el alza generalizada de los precios durante tanto tiempo. Sin embargo, basta tomar las estadísticas oficiales para entender que existe una correlación positiva entre esa variable y la tasa de creación monetaria y, a su vez, entre esta y la necesidad de financiamiento fiscal.
Con o sin FMI, el Gobierno se ve en la imperiosa necesidad de achicar rápidamente el rojo del Tesoro. Lo que esta vez constituye un panorama diferente es que las fuentes de financiamiento muestran síntomas de agotamiento por haber abusado en su utilización.
Las fuentes de financiamiento muestran fuertes señales de agotamiento
El crédito externo solo sirve para refinanciar una deuda y dibujar el no default. El riesgo país, estacionado hace meses entre 2.000 y 2.800 puntos, inhibe de colocar préstamos voluntarios sin incurrir en negligencia manifiesta. Internamente, la proclamada diferenciación del endeudamiento “en pesos” también tocó su techo: la única que absorbe es la dupla Banco Central-Tesoro, pero para alimentar la bola de nieve de letras y bonos creada por los desajustes permanentes. La presión impositiva, por otra parte, también tocó un pico histórico en promedio, pero es aun más rigurosa con los que ya pagan impuestos. Es la cacería en el zoológico que impulsan para, por ejemplo, adelantar impuestos del año próximo a los grandes contribuyentes, el eufemismo “aporte solidario” (obligatorio) de las grandes fortunas o la esperada “renta inesperada” que se esfumó en sus efectos, pero no en su consecuencia impositiva.
Lo mismo ocurrió con los subsidios a las tarifas de servicios públicos: tras casi tres años de congelamiento, la demorada actualización produjo, entre otras cosas, una norma para “redistribuirlos” que esconde un tarifazo, pero también un enjambre de números que esconden lo más importante: el costo real del suministro energético.
La inflación, una pesadilla interminable
Tomando como base el desajuste fiscal de la última década, las fuentes del desequilibrio son cuatro: el déficit del sistema previsional-asistencial (casi el 55% del Presupuesto Nacional lo constituye el pago de jubilaciones y pensiones), la transferencia discrecional a las provincias (el Estado nacional como socorrista financiero), los subsidios a la energía y el transporte y el pago de intereses.
Cualquier iniciativa en serio para controlar la inflación en forma sostenible necesariamente choca, ante la dificultad de extender la buena voluntad de las fuentes de financiamiento, con las resistencias a cerrar (parcial o totalmente) los grifos por donde se van los dólares y pesos oficiales. La reciente autorización a los gobernadores para volver a subir impuestos provinciales tan distorsivos como el de ingresos brutos (que en promedio son más de dos tercios de su recaudación) y su reclamo por tener que enfrentar tarifas más caras desnudan que la responsabilidad de políticas expansivas sistemáticas no es de un solo partido o, incluso, de una sola administración. Cruza las fronteras como la pasión futbolera atraviesa clases sociales y enconos personales.
Es imposible realizar un verdadero plan de estabilización sin un consenso político para llevarlo adelante, y focalizar en otras cuestiones el disenso. La alternativa a no hacerlo es seguir, con mucha suerte, en la misma senda: una década de estancamiento económico y un ascenso sostenido de los índices de pobreza y precariedad social, las verdaderas variables de ajuste de los sucesivos “planes llegar” y mantener el statu quo de una forma de vivir y ejercer el poder que no puede ocultar sus frutos.
