La estrategia de reducción gradual del déficit fiscal del Gobierno enfrenta críticas de distintos sectores. La contracara de un gasto público que excede la recaudación es el aumento de la deuda. Precisamente en este punto coinciden quienes agitan el fantasma de la vuelta a los 90.
La posible (in)sostenibilidad de la política de endeudamiento que históricamente ha derivado en el principal problema argentino: la “restricción externa”. La idea es bastante simple, si el conjunto de la economía exporta US$ 100, y no ingresa ningún otro por financiamiento externo, entonces sólo se puede importar la diferencia entre esos US$ 100 y los que tengan que usarse para pagar deuda externa. Teniendo en cuenta que la producción local es muy dependiente de importaciones, si no suben las exportaciones, no podrá aumentar la producción.
El saldo entre exportaciones, importaciones y pagos netos de intereses es deficitario en tres puntos del producto (alrededor de US$ 15 mil millones). Esa brecha se cubre con ingresos netos de capitales, fundamentalmente por emisiones de títulos en moneda dura del sector público. Si bien el stock de deuda todavía se encuentra en niveles bajos, el ritmo de endeudamiento en dólares es una de las variables clave a monitorear. En un contexto de crecimiento, con mayor demanda de importaciones e intereses de deuda, generar las divisas para crecer requerirá un dinamismo exportador mayor al registrado hasta el momento.
En otros términos, dada la estrategia fiscal del Gobierno, alejar el fantasma de la restricción externa requiere un salto exportador y/o una reducción de la demanda de importaciones.
En busca de US$ 27 mil millones. El desafío es mayúsculo. Suponiendo que la economía crece en torno a su producto potencial (3% anual), con un tipo de cambio real y precios internacionales estables y que los requerimientos de importaciones se mantienen dentro del promedio histórico: cada punto de crecimiento de la actividad requiere un alza de 3% de las importaciones. De esta forma, las compras al exterior treparán a un ritmo de 9% anual. Si, además, el Gobierno cumple las metas en materia fiscal el ratio de deuda externa/producto se estabilizaría en torno a 43% del PIB en 2019. En ese marco, para que la economía tenga capacidad de pago de los intereses que devenga esa deuda y la mayor demanda de importaciones producto del crecimiento, las exportaciones de bienes y servicios deberán saltar US$ 26,6 mil millones (37,7%), alcanzando un nivel similar al de 2011 (récord histórico).
¿Cómo alcanzar el salto exportador? La primera respuesta sería una mejora en la competitividad. Sin embargo, la dimensión cambiaria y fiscal de la misma se encuentran comprometidas debido a la estrategia macroeconómica del Gobierno.
Las devaluaciones de 2014 y 2016 demuestran que las correcciones cambiarias suelen generar ganancias de competitividad transitorias y asociadas a episodios de elevada volatilidad, tanto nominal como real. En otros términos, los saltos de tipo de cambio se terminan diluyendo en mayor inflación y, por ende, más pobreza. Por lo tanto la suba del tipo de cambio resulta una herramienta inapropiada para obtener la sostenibilidad externa. A su vez, la estrategia fiscal gradual hace inviable una agresiva quita de impuestos al comercio exterior como la que debería estar asociada a una corrección significativa del tipo de cambio real efectivo (después de impuestos).
Es por ello que en el camino de la búsqueda de una economía más competitiva no hay atajos. Por mucho que nos pese, el desafío requiere un gran compromiso social y de un foco que se mantenga en el tiempo.
¿Existen otras formas de mejorar la competitividad externa? El informe de competitividad global que elabora el World Economic Forum registra 12 pilares sobre los cuales se construye la competitividad, entre los que se destacan “instituciones” y “entorno macroeconómico”, así como también “infraestructura” y “eficiencia del mercado de trabajo”. La Argentina se posiciona 104º sobre 140 países relevados, cuando sus pares de la región se ubican en torno al 30º (Chile) o 50º (Méjico).
De los 12 pilares, la Argentina se encuentra muy rezagada contra sus pares en seis dimensiones: entorno macroeconómico, infraestructura, calidad institucional, actualización tecnológica, desarrollo del sistema financiero, eficiencia en el mercado de bienes y eficiencia en el mercado de trabajo.
Algunas de las principales políticas del Gobierno apuntan a corregir este atraso relativo. Desde el Ministerio de Producción se ha avanzado con programas de reconversión productiva y de financiamiento que apuntan a mejorar la actualización tecnológica y lograr mayores grados de eficiencia en ramas de la producción rezagadas de la competencia internacional. Asimismo, los acuerdos sectoriales entre sindicatos, los representantes patronales y el Gobierno son la base para alinear incentivos y lograr crecimiento con equidad que mejore las condiciones de todas las partes (por caso en la industria petrolera y la automotriz).
Más estable. Aunque con costos, el combate a la inflación reduce la volatilidad macroeconómica y la incertidumbre, dando lugar al desarrollo de un mercado financiero que canaliza el ahorro interno hacia la inversión a la vez que extiende el horizonte de planificación de las empresas y las familias.
En materia laboral, también hay avances aunque acotados; programas como el empalme y empleo joven dan incentivos a la contratación de mano de obra. Sin embargo, los niveles de litigiosidad laboral e impuestos al trabajo siguen siendo muy superiores a los de otros países de Sudamérica.
El principal obstáculo de la agenda de la competitividad está en los plazos. El sendero que se trazó el Gobierno es el correcto pero el margen de maniobra es acotado. Corregir los retrasos en materia institucional, regulatoria y de infraestructura requiere mucho tiempo. En el caso de la inflación el horizonte es de al menos cuatro años, pero lograr una infraestructura competitiva requiere décadas, por citar sólo un par de ejemplos.
El salto exportador necesita avances en materia de competitividad a una velocidad mayor. El reloj de arena está en marcha; acelerar los plazos precisa otro nivel de compromiso de toda la sociedad. El Estado como responsable primario, y también empresarios y trabajadores, deben ser conscientes del desafío. Si no se logra mejorar sustancialmente la eficiencia general de la economía no se podrá sostener un ritmo de crecimiento que permita generar empleo y reducir la pobreza, la vara con que el Gobierno pidió ser evaluado.
