Más de un año transcurrió desde la detención de Milagro Sala, la apertura de diversas causas judiciales dentro del territorio de la provincia de Jujuy y el comienzo de movimientos nacionales y actuación ante organismos internacionales motivados en ese hecho, para que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la resolución de un recurso.
Esta situación demuestra la carencia de instrumentos procesales que permitan una intervención más rápida del máximo organismo del Poder Judicial argentino ante casos de gravedad institucional y la excesiva demora para arribar a decisiones judiciales finales en los casos donde la defensa de los derechos humanos, el interés público y la responsabilidad internacional del Estado argentino están comprometidos.
La Corte, con su composición renovada con el ingreso de los nuevos jueces incorporados en el año 2016, enfrenta el caso que pone a prueba con mayor nitidez su independencia no sólo de los restantes órganos de gobierno y fuerzas políticas locales, sino también de las que ejercen los organismos internacionales y, muy especialmente, la opinión pública.
El mayor desafío para el Tribunal es poder juzgar el caso de acuerdo con las constancias del expediente, los hechos probados, la legalidad de los procedimientos y la adecuación de las resoluciones tomadas por los jueces actuantes al derecho vigente. Para concentrarse en su función específica deberá eludir la presión moral (según expresión usada por Daniel Molina en un brillante artículo) que ejerce en la sociedad contemporánea y, con especial énfasis, en la pasional sociedad argentina lo que se denomina “el pensamiento político correcto”. Esta expresión que en su misma formulación revela su fundamento autoritario (si hay un solo pensamiento correcto, todo lo demás es incorrecto y repudiable) influye con gran fuerza en la formación de opinión y la toma de posiciones públicas tanto para individuos como para instituciones.
El peso de una opinión pública que imponga como verdad revelada una liviana e incausada conclusión sobre un hecho o tema no es nuevo. Ya en 1830, Stendhal lo señalaba en su magnífica novela Rojo y negro. Si bien frente a una sociedad gobernada por otros mecanismos institucionales y con una información mucho más restringida de la que gozamos en este siglo, el autor expresa: “… como la opinión pública la crean los necios que el azar hizo nacer nobles, ricos y moderados, la consecuencia es fatalmente inevitable: ¡ay del que descuella, ay del que se distingue!”.
El pensamiento original al que alude el autor citado, libre de estas presiones, es hoy una rareza peligrosa para quien se anime a ejercerla. Y en el caso hoy sometido a juzgamiento de la Corte el evadir estas presiones y resolver conforme a lo que imponen las normas de derecho y los hechos probados en el expediente será un verdadero test para el tribunal.
La sociedad juzga los casos judiciales de gran impacto público por convicciones pasionales alejadas del procedimiento judicial y de las reglas del proceso penal que son columna vertebral del Estado de derecho y del mecanismo de protección de los derechos humanos.
Existe un hábito social de sostener una posición frente a una causa sin tener conocimientos que puedan avalarla ni acceso a los elementos necesarios para su fundamento. No se enseña ni en la escuela ni en los medios de información pública que en nuestro sistema judicial los jueces deciden de acuerdo a las normas de derecho y no a libres convicciones. Una decisión judicial debe estar fundada en pruebas y normas aplicables, conforme los estrictos mecanismos de defensa que el sistema constitucional impone como fundamento del debido proceso.
Sin duda, las falencias del sistema judicial argentino y la inexplicable demora en dilucidar aquellos casos que más impacto producen en la sociedad conspiran contra la comprensión del sistema procesal vigente. Veinte años sin resultado alguno en el caso de José Luis Cabezas, dos años sin poder descubrir si el fiscal Nisman fue asesinado, no colaboran para entender y respetar el ordenamiento judicial vigente.
El caso de Milagro Sala brindará la oportunidad a la Corte Suprema argentina de demostrar que actúa de acuerdo con las normas constitucionales y puede ser independiente de las presiones sociales que sobre ella se ejercen. La rapidez en su resolución favorecerá el restablecimiento de la confianza perdida.
*Profesor de Derecho Constitucional.
