La crisis urbana llegó a tal punto que cualquier decisión sobre la ciudad obliga a beneficiar a las mayorías para no aumentar el caos urbano. La subordinación de lo privado a lo público ya no es una elección ideológica sino una necesidad técnica.
Las medidas del PRO –Metrobus, peatonalizaciones, etc.– sedujeron a un electorado reticente a los modos y al prejuicio de un oficialismo obstinado hasta hace poco en negar aciertos en alguna de éstas; la última, la propuesta de creación de un Parlamento metropolitano que coordine esfuerzos entre Provincia, Nación y municipios, apunta a zanjar la brecha entre la necesidad de un abordaje territorial integrado de la ciudad (AMBA) y la fragmentación política de la que su gestión es objeto: los problemas de transporte, infraestructura y vivienda no se confinan a un solo lado de la General Paz ni al color político. Sin embargo, hay un límite en la aggiornada democratización de una derecha urbana que supo trocar a tiempo autopistas por autobuses, expresado en la selectividad social en el destino de uso de sus concesiones de ciudad. Aquí el macrismo no está solo; en un debate entre Ernesto Laclau y Doreen Massey, la geógrafa británica advierte una paradoja del populismo: mientras que bajo su paraguas se empoderan actores que mejoran sus ingresos, éstos se alejan del derecho a la ciudad.
Hoy en Buenos Aires hacen falta 27 salarios más que en los 80 para adquirir suelo. El peso del alquiler sobre un sueldo promedio creció en una proporción similar. Mientras condena los monopolios mediáticos, el kirchnerismo condona a otros que hegemonizan circuitos regionales de producción de materias primas –caja del modelo vía retenciones– cuyos excedentes se invierten en shoppings o torres que se roban el espacio de y para los ciudadanos. La globalización multiplica el financiamiento de desarrolladores exponiendo el mercado de tierra metropolitana a una producción y demanda mundializadas, quebrando la relación entre ingreso medio local y su valor, gentrificando, excluyendo. Hay una modificación en la geografía de la explotación de los sectores populares, marcada por el desplazamiento de la plusvalía del ámbito productivo hacia la renta inmobiliaria, las tasas bancarias y los servicios de calidad de la ciudad.
El nuevo eje de conflicto define un campo de reivindicación donde convergen los pobres y la clase media: movimientos sociales por la vivienda o por el destino del espacio público están llamados a tener hoy tanto protagonismo como los sindicatos. Quienes gestionen dignamente un AMBA, que alberga al 40% de los argentinos y tiene más del 30% de habitabilidad ociosa, deberán empoderar y abrir canales de diálogo y consulta permanente con dichos actores. Asumir el compromiso de evitar rezonificaciones y cambios en el uso de suelo, en clave de consenso con un Ejecutivo nacional que afronte el desafío de desviar la enorme renta regional hacia inversiones productivas, lejos de la ciudad para pocos, vulnerando de raíz el círculo vicioso especulativo. Es posible, con voluntad política, poner un freno al ejercicio indiscriminado de los derechos individuales sobre los inmuebles mientras se amplían las viviendas sociales sin afectar la propiedad privada, pero logrando un balance más plural entre ésta y el interés colectivo. Penalizando el desuso y fomentando la rehabilitación con fines de alquiler o venta. En Alemania, multan a propietarios de viviendas deterioradas que no rehabiliten, llegando a veces a la administración sustitutiva por el Estado.
En Inglaterra, la Agencia Estatal de la Vivienda Vacía media entre municipios y propietarios para reducir su número, impide el deterioro y pone en valor el parque inmobiliario. Cuenta con presupuesto para adquirir terreno o vivienda privada vacía y ponerla en alquiler social, además de incentivos fiscales para propietarios que compren y rehabiliten vivienda ociosa. En caso de permanecer más de seis meses vacías, los municipios tienen la facultad de llevar a cabo su venta o alquiler forzoso.
*Profesor y licenciado en Geografía, UBA.
