El Plan de Modernización del Estado anunciado por el Presidente a fines de febrero plantea como objetivo principal terminar con la corrupción. Sin duda este anuncio resuena en la opinión pública, considerando que la corrupción es uno de los temas que más espacio ocupan en la agenda de los medios.
La estrategia presentada hasta el momento está centrada en la sanción de nuevas leyes y la modificación de algunas existentes. Está claro que contar con una legislación completa y actualizada en la materia es un paso importante en la lucha contra la corrupción, pero hay otros aspectos de la problemática que deberían considerarse para completar esa estrategia.
Aunque pueda sonar ambicioso, la reingeniería de los procedimientos y vínculos entre los diversos organismos y dependencias que hoy participan en algún grado en esta lucha es un proyecto que no habría que descartar, ya que está a la altura de los objetivos declarados y se presenta como un momento deseable del proceso de modernización.
Además del Poder Judicial, que es a quien le corresponde determinar las responsabilidades y sancionar de acuerdo con la ley y que amerita toda una consideración especial, están los organismos nacionales como la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, además de dependencias en los demás niveles relacionadas con la transparencia, la corrupción o la auditoría. Aunque cada uno de ellos fue creado en distintos contextos y con objetivos diferentes, en muchos casos se producen superposiciones que generan ineficiencia y alimentan conflictos internos y de carácter político partidario.
Una solución posible a estos problemas es la concentración de las atribuciones en materia de investigación en un organismo realmente autárquico, con independencia del Poder Ejecutivo, y articulado eficientemente con uno equivalente en el aspecto preventivo, que tendría la misión de fortalecer los controles y vigilar la transparencia. Al mismo tiempo, dentro del Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción podría concentrarse en la planificación y promoción de políticas de transparencia. La articulación con oficinas anticorrupción provinciales, y dependencias similares que pudieran desarrollarse en los municipios más importantes, es otra condición necesaria para pasar de la proliferación de acciones aisladas a la construcción de una red en la que fluya la información en todos los sentidos, para que aporte valor en cada nivel y sume al conjunto.
Un complemento necesario a todo esto es la capacitación, no sólo en los aspectos más generales de la ética pública y la lucha contra la corrupción, sino también en los mecanismos de prevención y control, promoviendo buenas prácticas en todos los niveles de responsabilidad y desarrollando competencias para obtener mayor provecho de las posibilidades que brindan las tecnologías de la información.
Pero más allá de la estructuración final de una reforma, la meta principal debe ser garantizar que se cumplan en todos los niveles de la administración pública las reglamentaciones en materia de prevención y transparencia, que se actúe con la celeridad necesaria en todos aquellos casos en que se detecten violaciones y, fundamentalmente, que se apliquen efectivamente las leyes.
En definitiva, la existencia de leyes que castiguen conductas relacionadas con la corrupción, o que brinden nuevas herramientas como la promocionada “ley del arrepentido”, es algo necesario, pero no suficiente. La experiencia en todo el mundo ha demostrado que sin una aplicación efectiva y eficiente las leyes no terminan con la corrupción. La modernización que propone el Gobierno es una oportunidad para adecuar la estructura y el funcionamiento del Estado en función de una estrategia que exprese un amplio consenso político y social en torno a la necesidad de terminar con la corrupción y sus efectos.
*Managing Director FTI Argentina.
