Dentro de la pesada herencia que el gobierno de Mauricio Macri explota como lastre kirchnerista que justificaría varias de sus medidas reluce sin embargo una perla que, si bien demanda cuidados, podría ser generar ingresos a las afligidas arcas estatales, favorecer el desarrollo regional y corregir algunos de los desequilibrios estructurales de la Argentina. Se trata de Arsat, la empresa del Estado que cuenta con recursos e infraestructuras de comunicación estratégicos y cuya mera existencia disciplina algunos abusos del mercado concentrado de grandes operadores de tecnologías de la información. Arsat tiene el desafío de gestionar ese capital como servicio de interés público, lo que podría encarar junto con la pendiente decisión de completar la integración de su accionariado y robustecer su dirección.
Si bien Arsat fue creada en 2006 como gestora satelital (corrigiendo a su vez otras pesadas herencias, recibidas por el kirchnerismo, de tercerización de la soberanía satelital y de posiciones orbitales), su campo de acción se expandió hacia la construcción y, en mucho menor medida, implementación de conectividad a través de una red troncal de fibra óptica que tiene 35 mil kilómetros (el 60% del total proyectado); la posesión de casi 1/4 de las bandas de frecuencias esenciales para la telefonía móvil (esto debido a que la ley de “soberanía satelital” de noviembre de 2015, como reacción a la compra de Nextel por parte del grupo Clarín, reservó para Arsat el espectro originalmente previsto para un cuarto operador móvil); las antenas transmisoras de la plataforma de televisión digital estatal (TDA); el desarrollo del sistema satelital geoestacionario junto con la administración de los satélites Arsat 1 y 2; y un potente data center. Todos estos activos conforman una herencia cuya carga es pesada, sí, pero en sentido inverso al que suele aludirse.
Esos recursos provocan la envidia, y el apetito, de grandes operadores globales de telecomunicaciones. La red federal de fibra óptica, por ejemplo, que casi no se hallaba operativa al finalizar el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, es una veloz autopista informacional que podría abaratar y mejorar todas las comunicaciones (fijas y móviles) hoy caracterizadas por la combinación de baja calidad y altos precios. Con picardía política, las nuevas autoridades de Arsat subrayaron que al cabo de una inversión cercana a los US$ 1.236 millones, la red de fibra óptica sólo prestaba servicios a 19 localidades en diciembre de 2015.
La verdad es más compleja, si bien es cierto que buena parte de esa red robusta, clave para transportar datos, información y servicios se hallaba inactiva por falta de un modelo de gestión que el kirchnerismo no supo, no pudo o no quiso concretar. Pero el propio tendido de la red es condición necesaria para que Arsat pueda ahora lanzar un plan federal para llegar con la fibra a 1.200 localidades y proyecte más servicios. Para ello, el gobierno de Macri apuesta a proveer a cooperativas y pymes conexión a internet mayorista y que éstas gestionen la “última milla”. En los lugares donde se está implementando este modelo no sólo representa un cambio cardinal porque lleva conectividad a gran velocidad al hogar y fortalece el tejido productivo local sino que además, fuerza a moderar abusos a los operadores privados que antes ofrecían servicios lentos y a precios exorbitantes.
Siendo la “pesada herencia”. de Arsat clave para la cohesión y el desarrollo territorial y para superar brechas socioeconómicas, surge la necesaria pregunta sobre su propiedad y gestión. Hasta ahora, pensado como dispositivo estatal con participación minoritaria privada, sólo está integrado por el Estado nacional como accionista. ¿Por qué no sumar a las provincias tanto a la propiedad como a la conducción de esta empresa estratégica, compartir esfuerzos y rubricar el propósito federal que inspira su creación y su gestión?
*Especialista en medios.
En Twitter @aracalacana
