Si bien Mauricio Macri anticipó la intención de cambiar integralmente las leyes Audiovisual (2009) y de Telecomunicaciones (2014), comenzó el viernes con un paso intermedio, al modificar las competencias y subordinar por decreto a los organismos reguladores y autoridades de aplicación de esas leyes (Afsca y Aftic) al Ministerio de Comunicaciones. También creó un sistema de medios del Estado en la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Con estas medidas el Gobierno toma el control de áreas estratégicas sin tener que afrontar al corto plazo la improbable reforma de las leyes completas. Macri tiene otras prioridades y obligaciones inmediatas, algunas citadas en su discurso inaugural. Primero debe conocer el estado de cada área. Y los diagnósticos escasean.
Además, la consideración de las reglas de juego sobre la propiedad de los medios y sobre su ordenamiento es ajena a la tradición política del PRO. En otro contexto, hubiera apelado al mito de la autorregulación para esquivar la responsabilidad estatal. Sin embargo, la herencia de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en política de medios condiciona a Macri. De modo que aunque la regulación de medios no sobresale en su radar, la labor de su antecesora lo compele a tomar definiciones, como sus primeros decretos.
La transgresora política de medios desde 2008 fue signada por la guerra entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. La guerra los excedió como contendientes y polarizó el campo periodístico creando figuras como el “periodismo militante” que denunciaba la más tradicional (pero no menos ideológica) noción del “periodismo independiente”. Las empresas periodísticas se alinearon en dos bloques según adscribieran o condenaran las políticas del Gobierno. La guerra no fue sólo retórica: deja heridos y enseñanzas.
El Programa Fútbol para Todos, los inicios de la TV digital, la Ley Audiovisual (judicializada por Clarín e incumplida por el Gobierno), el aumento de la financiación de medios afines con publicidad oficial, la despenalización de calumnias e injurias, la mejora del contenido cultural de los medios estatales y la sumisión de su segmento informativo y político a un oficialismo sobreactuado componen, también, la herencia.
El estamento político aprendió que no siempre es ruinoso enfrentar a grupos mediáticos y que –contra lo que corearon como mantra comunicadores kirchneristas– los medios no son omnipotentes. La sociedad incorporó la prevención frente a las bajadas de línea, lo que alcanzó a las fuentes oficiales. La contemporánea desprogramación propia de las tecnologías digitales colabora con esa tendencia iconoclasta.
El nuevo gobierno deberá mejorar la pésima calidad de las comunicaciones móviles; administrar la relación económica con medios y productoras a través de la publicidad oficial; tramitar el vencimiento de licencias de radio y TV; gestionar un espectro radioeléctrico saturado y codiciado por conglomerados de las telecomunicaciones y del audiovisual; activar la red de fibra óptica “Argentina Conectada”; conducir la migración a la TV digital; resolver una política para los medios estatales y la convivencia con la Afsca y Aftic; responder el postergado derecho de los medios sin fines de lucro; terciar en la tensión entre los nuevos actores del ecosistema digital (como Google, Facebook, WhatsApp o Netflix) y los tradicionales.
Algunos de esos desafíos no precisan cambios legales; es más, son solidarios con las (ahora retocadas) normas vigentes. Pero para reemplazar las leyes, el nuevo gobierno debe diseñar un proyecto que resuelva la cuadratura del círculo de la convergencia y negociar en el Congreso la construcción de una mayoría que no tiene. La negociación aplica la lógica económica: ¿cuánto cuestan los apoyos para cambiar esas leyes? ¿cuánto es razonable ceder en temas que no son prioritarios? En la respuesta a estas preguntas está el futuro de la política de comunicación.
(*) Especialista en medios(@aracalacana).
