Si algo caracteriza a la Argentina de los últimos tiempos son los vacíos de Estado. Ausente el Estado benefactor, aflora la cara violenta de la inseguridad, la marginalidad y el resquebrajamiento de las clases medias. En un país sin progreso y sin controles, donde cuatro de cada diez niños son pobres, los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires aumentaron 52,3%; la construcción en altura, ante la ausencia de tierras es la nueva
modalidad.
Frente a un asentamiento desatado suma de humildes, inmigrantes, vivos de la política y reclutados por organizaciones criminales, terrenos del Estado y privados son rapiñados en cuestión de horas.
Una mezcla de soluciones legales se improvisa con la misma velocidad. Casi todas, partiendo del art. 181 del C.P.(usurpación). Las policiales, detener personas, inspeccionar, clausurar lugares y hacer uso de la fuerza pública (art. 183/186 y 285 del CPPN), y las civiles, como el interdicto de recobrar o la acción autosatisfactiva por abuso del derecho (1071 del C.C.), con medidas cautelares restitutivas.
En la Argentina hay hipertrofia legislativa, leyes son las que sobran, políticas de inclusión, aplicación y control son las que escasean: abunda el gobierno, escasea el Estado.
Le pedimos a la Justicia que enmiende la falta de política de un Estado ausente, la respuesta siempre es la misma: ineficacia absoluta y violencia de ambos lados.
El último desastre del Parque Indoamericano ha paralizado a la Justicia, a la Policía y a la acción inter-jurisdiccional de fuerzas y organismos del Estado. El futuro no es bueno ni predecible: sólo se descomprime temporalmente, no hay solución real para el vecino, el ocupante o
el Estado.
En una lógica binaria, imperan dos grandes agrupamientos. En una franja de trabajo sostenido se debe volver a incluir, censar para diagnosticar y trazar políticas de reubicación laboral, edilicia y territorial. Claramente, la gestión política y el mediano plazo entregarán resultados palpables.
La respuesta anticipatoria, restitutiva e intervencionista por medio del uso de la fuerza pública compone la segunda franja.
La policía comunal es un primer escalón esencial, ya que detecta el conflicto antes de que ocurra e interviene con prácticas de mediación y conciliación.
En un Estado de derecho, las normas deben cumplirse y los tres poderes del Estado manifestarse en acciones de respeto y cumplimiento de la ley. En este sentido, la respuesta debe ser inmediata y consecuente, si alguien usurpa debe ser desalojado.
*Especialista en seguridad, diputado provincial por el Frente Renovador.
