La negativa del gobierno iraní a permitir que se juzgue fuera del país a sus ocho importantes funcionarios sospechosos de haber actuado en el atentado a la AMIA, ha permitido que, por primera vez, nuestro Gobierno no haya respondido de inmediato, como suele hacerlo, casi sin reflexión. Al parecer aún debate cómo contestar los exabruptos del presidente Mahmud Ahmadinejad, a los que ya se ha acostumbrado la comunidad internacional.
El episodio me ha permitido recordar mi breve estadía en Teherán, en 1980, como el único periodista occidental, gracias a una visa de cortesía que me había otorgado el canciller Sadegh Ghotbzadegh, mientras dos colegas ingleses estaban presos. Catorce años después, mientras me encontraba en El Cairo como embajador en Egipto, el 20 de enero de 1994, siete meses antes del ataque a la AMIA, por medio de un cable a nuestra Cancillería –nunca contestado– expresé mi total coincidencia con la preocupación manifestada por el embajador de Egipto en nuestro país, para quien Irán era el más importante proveedor de ayuda financiera a los sectores terroristas fundamentalistas. Además, opinaba que Irán también proporcionaba su apoyo a estos sectores a través de actividades culturales y educativas. Y que, en definitiva, se trataba de un “plan sin fronteras” que afectaría directamente a nuestro país por haberse involucrado en la Guerra del Golfo y en el proceso de paz de Medio Oriente.
Mi coincidencia estaba fundada en informaciones de un sector de los servicios de inteligencia egipcios y en el seguimiento que había hecho durante casi un año de todo el proceso de dicha revolución, como corresponsal en los Estados Unidos de un matutino de nuestro país. Esa tarea fue la que me llevó a viajar a Teherán en agosto de 1980 para una serie de reportajes a jerarcas de la revolución iraní, que finalmente terminaron ejecutados por la propia revolución, salvo el ex presidente Alí Hashemi Rafsanjani, uno de los ocho funcionarios implicados, por lo cual tal vez resulte de interés que transcriba algunos fragmentos de mi entrevista con él, en aquel tiempo de rehenes, cuando era presidente del Parlamento y el hombre más fuerte del Partido Revolucionario Islámico.
A mis primeras preguntas dijo que, además de los problemas internos de la revolución, la peor dificultad era la permanente presión extranjera. Que Irán era del Tercer Mundo oprimido por los imperialismos, pero que la revolución lo estaba liberando de las superpotencias y de aquellos países –grandes o pequeños– que sólo trataban de sacar ventajas, como Sudáfrica, Egipto e Israel, y a otros que, dijo, habían recibido en el pasado gran ayuda de Irán sin haberla retribuido jamás. Dijo también que Irán no quería estar aislado, como nación, de la comunidad internacional, sino que quería tener las mejores relaciones con la mayor cantidad de países posibles, pero que Estados Unidos trataba de impedirlo.
Cuando le pregunté por la cuestión de los rehenes, me contestó que no entendía por qué le preguntaban tanto sobre algo que no era importante. Como señalé que para la comunidad internacional era relevante la existencia de rehenes, porque implicaba una violación del derecho internacional, me contestó: “La comunidad internacional llama derecho internacional a un derecho establecido para beneficio de los grandes poderes. Por ejemplo, nuestra soberanía ha sido violada durante las dos guerras mundiales por Rusia y sus aliados occidentales”.
“La dinastía Pahlevi –continuó– fue sirvienta de los gobiernos occidentales, particularmente, de los Estados Unidos. Cada vez que nuestro país trató de liberarse de la opresión se enfrentó con la intervención directa o cubierta. Luego me preguntó: “¿Eso es lo que Occidente denomina derecho internacional? ¿O acaso llama así a la ocupación de Afganistán por Rusia? ¿O a la ocupación de Jerusalén? ¿O a la ausencia de un Estado palestino?.
Los rehenes fueron liberados el 20 de enero de 1981, cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos Ronald Reagan, pero la revolución siguió su duro curso, hasta hoy.
*Periodista, escritor y diplomático.
