Un gobierno en cuyo mando prevalecen los técnicos y emprendedores con capacidad y arte de tomar decisiones, los flecos deshilachados y la falta de información y los imprevistos son imperdonables.
Un gobierno en cuyo mando prevalecen los técnicos y emprendedores con capacidad y arte de tomar decisiones, los flecos deshilachados y la falta de información y los imprevistos son imperdonables. Cambiemos esperaba que la semana pasada fuera pródiga en buenas noticias para enfrentar la que arranca mañana. Muy probablemente, la conducción que emergerá unificada de la CGT encabezada por un triunvirato, lance un plan de lucha en cuyo eje estará la inflación.
Aunque parezca hace una eternidad, el lunes y martes pasados hubo buenas noticias: mediciones de la inflación de las dos primeras semanas de agosto con precios que “sólo” evolucionaban 1%, pero sobre todo, que se consolidaba la tendencia. Federico Sturzenegger, el Sr. No de las tasas de interés, ofreció el martes otra buena pista bajando los intereses de las Lebac al mínimo desde febrero, el 29,25%, medio punto en una semana. El presidente del Banco Central ya habilitaba a soñar con las elecciones legislativas de octubre de 2017 con una inflación menor a 25% en 12 meses.
El sueño de la reactivación tropezó el jueves con el “imprevisto” fallo adverso de la Corte Suprema contra las actualizaciones tarifarias. Otra vez la agenda de las reformas económicas pasaba para otro semestre... “¡Este es un fallo populista!”, dicen íntimos de Mauricio Macri que bramó el Presidente cuando conoció la resolución judicial. Les costó un par de horas convencerlos de que no era la mejor línea discursiva para comentar el fallo. Ni el Presidente ni su entorno creen otra cosa que eso. Creían que el presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti podría garantizarles un equilibrio, y sobre todo unanimidad, en torno de un fallo que les obligaría a convocar a audiencias, pero no suspendería la vigencia de los cuadros tarifarios.
¿Se trataba de la cuestión fiscal? Aunque importante, el costo de dar marcha atrás con la reducción de subsidios por seis meses no es evaluado como el peor de los problemas surgido de la decisión de la Corte. Los peores temores radican en que el Gobierno emitiera señales de inseguridad jurídica. En consecuencia, razonaron en un primer momento, podrían caerse inversiones comprometidas, sobre todo en el estratégico sector energético. Están dando vueltas unos US$ 15 mil millones de inversiones en energías renovables. De ellas, US$ 2.100 millones se aguardaban de acá hasta octubre de 2018, según un informe de PriceWaterhouseCoopers. ¿Continuarán allí?
El ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar, explica en la página 28 que el fallo demuestra exactamente lo contrario: una reafirmación de seguridad jurídica que, lejos de espantar, atrae inversiones, sobre todo en contraste con lo que fue la práctica oficial de la última década. El especialista recalca que, no obstante, el fallo pone el dedo en la llaga de cierta incompetencia oficial al no convocar a las audiencias públicas. Esto parece que recién ahora lo entendió el Gobierno. Y aunque se niegue el efecto fiscal del fallo, todavía faltan los recursos de empresas, sobre todo Pymes, todos aquellos usuarios no residenciales que quedaron excluidos de la resolución judicial. Y aún después, la consideración de los amparos por las tarifas eléctricas.
Para diseñar una estrategia legal y económica, se formó ahora un equipo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas con el de Justicia para instrumentar la estrategia más eficaz. El vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui lo monitoreará de cerca. Los técnicos del Ministerio de Energía que encabeza “Juanjo” Aranguren, artífices de avanzar sin la consulta pública, quedaron en el entrecejo del Gabinete, y también con escasa confianza presidencial.
También Macri tomó la decisión de institucionalizar el vínculo con la Corte, vale decir a través de los funcionarios del área de Justicia, en detrimento de otros canales de “confianza”, que no lograron acercarle buena información. Desde la hoja de ruta de las reformas económicas, el Gobierno saldrá a sostener que se mantiene invariable, pero flexible a los mandatos judiciales. El plan antiinflacionario seguirá en marcha, aunque cada vez más determinado por la recesión industrial. La apuesta a la recuperación sigue viniendo por el campo, aunque la hipotética suspensión del proceso de reducción de retenciones a la soja pueda obligar a recalcular los ingresos derivados del agro.
Aún así, el campo seguirá siendo tan buen proveedor de divisas como de buenas noticias en lo político. El clima social y la inflación son el fantasma que acecha desde la Provincia de Buenos Aires, allí donde las buenas caras oficiales en los umbrales no puedan cambiar las malas caras de la caída de ingresos que tarda en revertir.
