“Pertenecer tiene sus privilegios”, abogaba una reconocida empresa emisora de tarjetas de crédito publicitando las bondades de poseer ese plástico hace más de una década. La idea de ser socio de un club de privilegio, con los beneficios (y costos) que ello apareja, siempre es atractiva para los clientes que una vez admitidos al club luego de una serie de análisis y “exámenes” disfrutan de ese privilegio y de la reputación de ser socio. Cierto, esa emisora de tarjetas fue democratizando el acceso al club mediante una política de asociación con bancos, pero que también encontró un límite en el número de entidades financieras que podían emitirla. El club hoy tiene más socios, pero el grifo se abre y se cierra.
Hoy, la OCDE reúne 35 países para compartir experiencias, comités y grupos de trabajo en políticas públicas para básicamente promover una mejor gobernanza global, desarrollo sustentable y mayor bienestar de la población. Les corresponde a estos 35 socios, nada más y nada menos que, el 60% del comercio internacional, 80% del PBI mundial y 75% de inversión extranjera directa mundial. Como hemos apreciado en los últimos meses, la Argentina viene mostrando una marcada vocación y decisión política de devenir miembro de la OCDE. Pero más allá de la intención, ¿Cuáles son los requisitos necesarios y el camino para ingresar? ¿Cómo le fue a Chile, uno de los últimos países en ser admitido como miembro pleno, y relativamente comparable con la Argentina en términos de desarrollo?
El primer dato es que el proceso de ingreso a la OCDE es un largo, sinuoso y no siempre exitoso camino, y que no solo depende de los deberes hechos por el aspirante sino de la voluntad política y estratégica de los socios de “agrandar el club” y promover el ingreso de nuevos aspirantes. Largo, porque es extenso el tiempo que le lleva a un país alinearse con los criterios de la OCDE, más de los que la política argentina está acostumbrada a vivir. No lineal, porque consta de un múltiple derrotero de revisiones de políticas, evaluaciones y recomendaciones en un contexto cambiante, y no siempre exitoso porque tanto interna como externamente el país aspirante sufre contramarchas en las condiciones, contexto y la geopolítica. El segundo dato es que los requisitos básicos para pertenecer son tres que la Argentina cumple: ser una democracia estable, existencia plena del respeto por los derechos humanos en el territorio, y tener una economía de mercado y abierta. Además, se requiere como veremos abajo con el caso de Chile, adhesión a convenciones, sanción de normas acordes, reformas económicas y estructurales.
En Chile, un país de estabilidad institucional, solidez económica y previsibilidad, el proceso fue más simple aunque costoso. En el transcurso del proceso de ingreso (2007-2010), la OCDE exigió cuatro reformas, a saber: sobre la responsabilidad legal de las empresas por actos de soborno de empleados públicos, que el Servicio de Impuestos Internos intercambie información sobre las cuentas corrientes bancarias con las administraciones tributarias de países miembros de la OCDE, la reforma del gobierno corporativo de Codelco, la empresa estatal de cobre, y la reestructuración de los gobiernos corporativos privados. Cabe destacar que muchos de las exigencias de la OCDE ya habían sido consideradas y cumplimentadas por proyectos de ley en el Congreso chileno.
Así y todo, la configuración social, política e institucional de la Argentina –como la de Rusia o Colombia por poner dos ejemplos– dista de la chilena a la hora de pensar en el consenso e implementación posterior de numerosas reformas no siempre simpáticas ni simples de llevar a la práctica. La tolerancia a las reformas y las condiciones para que las mismas se concreten podrían hacer que los beneficios de pertenecer pudiesen parecer menores que los costos bajo el prisma cortoplacista. Por ende, el mayor desafío de ingresar al club es mantener este ingreso como una política de Estado.
* Analista internacional. ** Ex economista de la OCDE.